La Fiscalía de la Audiencia Nacional acusa de un delito de rebelión al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero por su participación en el "procés" y le pide por ello una pena de 11 años de cárcel alegando que fue una "pieza clave" para "llevar a cabo el plan secesionista" catalán.
El Ministerio Público agrava así la calificación que hizo la juez Carmen Lamela, quien procesó a Trapero por dos delitos de sedición y uno de pertenencia a organización criminal que la Fiscalía sustituye ahora por uno de rebelión.
En su escrito de acusación, la Fiscalía también pide 11 años de cárcel por rebelión para el exdirector de los Mossos Pere Soler y para el ex secretario general de Interior César Puig, segundo de Joaquim Forn, mientras que acusa solo de sedición a la intendente de los Mossos Teresa Laplana, para la que pide 4 años de prisión.
El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, y el fiscal de este tribunal Pedro Rubira consideran que Trapero, Soler y Puig incurrieron en el delito de rebelión en su apartado referido a declarar la independencia de una parte del territorio nacional y también por "sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno".
Lo hicieron, no en calidad de jefes (lo que habría supuesto una pena de 15 a 25 años de cárcel) sino ejerciendo como "mandos subalternos", lo que comporta penas de entre 10 y 15 años. Los fiscales les piden por ello 11 años de prisión y los mismos años de inhabilitación absoluta.
En el caso de Laplana consideran que incurrió en un delito de sedición, pero no como autora principal o como persona constituida en autoridad –lo que comportaría penas de hasta 15 años– sino dentro del apartado que recoge otros casos de participación en la sedición, que supone penas de entre 4 y 8 años. Además de 4 años de prisión, a la intendente le piden 5 años de inhabilitación para ser mosso d'Esquadra.
En el escrito de acusación, los fiscales les responsabilizan de haber consentido la celebración del 1-O y también de no haber frenado el asedio a la Consejería de Economía los días 20 y 21 de septiembre de 2017. Mientras que a Trapero, Soler y Puig les imputan los dos hechos, a Laplana solo le atribuyen responsabilidad en el asedio a la Consejería.
Los fiscales creen que los encausados constituyeron en los meses de septiembre y octubre de 2017 "una pieza clave para, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de las órdenes emanadas por los tribunales de justicia".
Ello lo hicieron, dicen, "con la finalidad de llevar a cabo el plan secesionista ideado conjuntamente por los máximos responsables del Govern y del Parlament de la Generalidad así como por los líderes de los grupos parlamentarios y de las asociaciones independentistas".
"Los acusados –añaden–, vulnerando su especial obligación de acatar la Constitución como norma fundamental del Estado, dieron cobertura efectiva a las actuaciones de una parte de la población catalana movilizada desde las instituciones autonómicas y las asociaciones independentistas para imponer por la fuerza de las masas derechos de los que carecían y apoyar la efectividad de las normas abiertamente inconstitucionales emanadas del Parlament y del Govern de la Generalitat".