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El presidente de Sala decidió la votación sobre el impuesto de las hipotecas

La intrahistoria del Pleno que asignó el impuesto a los clientes: tensión y malestar entre los magistrados por la gestión del asunto.

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Sede del Tribunal Supremo | EFE

Nadie niega en el Supremo que la imagen del más Alto Tribunal sale tremendamente deteriorada del debate sobre el impuesto de las hipotecas. Porque la institución se ha rectificado a sí misma en menos de 20 días retirando la razón a las plataformas de consumidores. Si esa es la sensación que se proyecta hacia el exterior, de puertas para dentro el señalado es Luis María Díez Picazo. Son incontables las voces que claman contra la gestión del asunto por parte del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo –que decantó la balanza–, no solo entre los magistrados que componen ese Pleno, también de otras ramas.

El malestar de un sector del Tribunal Supremo con Díez-Picazo comenzó cuando el presidente de la Sala III anunció por su cuenta y riesgo que sometería a revisión por parte del Pleno las decisiones de la Sección Segunda que modificaban la doctrina del impuesto de las hipotecas. Un tributo que hasta el 18 de octubre corría a cargo de los clientes y que recaía a partir de ese momento en las entidades financieras.

El giro jurisprudencial, cuestionado ya en la nota por el presidente de la Sala III –que alberga todas las secciones– se sometió a debate entre el lunes y el martes. Algunos magistrados de lo Contencioso-Administrativo ponen en tela de juicio por sospechoso que Díez-Picazo permitiera ausentarse a tres miembros del Pleno –que normalmente está compuesto por 31 magistrados­– porque cada voto resultaría definitivo.

Los 28 magistrados presentes intervinieron en turnos de palabra extensos y de gran profundidad jurídica. La división era absoluta entre los partidarios de que el impuesto se cargara a los clientes y quienes se posicionaban porque pagara la banca. En la recta final de las casi 16 horas de Pleno, Pilar Teso lanzó una propuesta en busca de un consenso mayor: que se respetara la doctrina emanada de la Sección Segunda señalando a las entidades financieras como sujeto pasivo y se sometieran a debate los efectos de la resolución, principalmente la retroactividad. No salió por 17 votos en contra y 11 a favor. Entre los que votaron a favor estuvo, de forma sorpresiva, Díez-Picazo.

El presidente de la Sala III ordenó entonces que el Pleno votaría sin más debate. No pocos integrantes del mismo, sin ir más lejos su antecesor en el cargo José Manuel Sieira, afearon la conducta a Díez-Picazo. En primer lugar, porque estaba limitando la discusión en un tema de enorme calado y, en segundo, porque una deliberación tan ajustada exhibiría una fractura muy dañina para el Tribunal. La respuesta fue que, como presidente, tenía legitimidad para ordenar el Pleno a su manera.

La votación llegó al final con 14 votos favorables a que el impuesto incidiera en los clientes y 13 sobre los bancos. Advirtiendo en voz alta que su intención era evitar el empate, Díez-Picazo traicionó el criterio que había defendido durante el debate y votó con la mayoría mínima. Con 15-13, el Pleno asignó el tributo al prestatario.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo difundirá en los próximos días las tres sentencias que resuelven los recursos analizados en cuestión. Plasmarán en ellas los argumentos que sustentan el regreso a la doctrina anterior al 18 de octubre. Los magistrados Nicolás Maurandi y José Navarro Sanchís, que abanderaban la tesis del cargo de este impuesto a los bancos, han cedido las ponencias a sus compañeros Jorge Rodríguez-Zapata y Eduardo Espín. Trascenderán las posiciones de todos los componentes del Pleno; también de los que discrepen a través de votos particulares.

El prestigio de Díez-Picazo sale desmejorado de cara al resto de su mandato. Fuentes del Supremo añaden que también se ha visto dañada su estrecha relación con Carlos Lesmes, el presidente del Tribunal que lo aupó al frente de la Sala III.

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