El abogado defensor de Manuel Chaves dijo este martes en el juicio que se sigue contra el y 20 ex altos cargos más de la Junta de Andalucía por el caso ERE que su defendido, presidente de la Junta de Andalucía durante casi 20 años, no entraba en los detalles de nada ni leía nada sobre los 30.000 millones de euros del presupuesto andaluz.
Susana Díaz defendió en el Senado que ella era la mujer que nunca estuvo allí. Así lo dijo: "Yo llegué al Gobierno en 2012 y en 2013 a la Presidencia. Por tanto, no sé las decisiones que se tomaron en aquel momento porque yo no estaba". Pero los familiares de uno y otro sí que estuvieron allí y se beneficiaron detalladamente de ser sus parientes.
Según el letrado Jiménez de Parga, el programa presupuestario en el que se inscribían los ERE fraudulentos "sólo" significaba el 0,32 por ciento del Presupuesto de la Junta de Andalucía y el presidente no podía descender a ese detalle. Olvidó mencionar que ese porcentaje equivalía a una cantidad cercana a los 1.000 millones de euros –más de 150.000 millones de pesetas–.
Olvidó asimismo decir que este era un dinero destinado a la libre acción política de partido, esto es, no condicionado por obligaciones como el pago de funcionarios, profesores, sanitarios, interese, financieros y demás deberes. El porcentaje de ese dinero sobre el dinero de libre utilización de la Junta es muy superior a ese 0,32 por ciento global y tenía claros efectos electorales, en cuyos detalles parece extraño que no repare un secretario general del PSOE andaluz.
El caso de Manuel Chaves es más conocido. Por recordar, recordemos el caso de su hija Paula que, tras entrar a formar parte del proyecto de la empresa Minas de Aguas Teñidas, SA, participó en la tramitación de una ayuda de 10 millones de euros, 1.600 millones de pesetas, a fondo perdido, que le concedió la Junta que presidía su padre, que esa vez tuvo que estar en el detalle porque no se ausentó del Consejo de Gobierno que concedió la ayuda.
Recuérdese asimismo que su otro hijo, Iván Chaves, se presentaba como "comisionista" de la Junta y tuvo diferentes implicaciones en corruptelas. Otro detalle. Su exesposa, Rocío Cabet, trabajaba entonces en la administración paralela edificada por el PSOE y los dirigentes entonces de los sindicatos. En concreto, trabajaba en el ente público dominado por el PSOE para tratar los intereses empresariales en el extranjero que se llamaba entonces Extenda.
Por hacer algo de memoria, digamos que, además, entre los detalles de su trayectoria están diferentes colocaciones familiares. Manuel Chaves tuvo a dos hermanos colocados en la esfera directa de la Junta de Andalucía: Francisco Javier Chaves González y Carlos María Chaves González, (en una dirección general de la Junta de Andalucía, de jefe en Canal Sur y en Seguridad de la Junta respectivamente). Chati Chaves González, Rosa María, tenía nómina de la Junta de Andalucía en el Servicio Andaluz de Salud.
Otro hermano, Antonio José, contrataba con la Junta a través de una empresa, Climocubierta S.A., motivo de escándalo público, que construía piscinas cubiertas para Ayuntamiento andaluces y sus polideportivos mientras que otro hermano, Leonardo Chaves González, actuaba como director general en la Consejería de Turismo y Deportes.Tras el escándalo, no se quedó sin nómina, porque pasó a ser al día siguiente Director General del equipo de Baloncesto Cajasol, de la Caja de Ahorros que controlaba el PSOE.
Otro hermano, Fernando Chaves González, era profesor en el Instituto Al-Ándalus de El Arahal, que finalmente logro ser cabeza de lista por el PSOE en el municipio sevillano de El Arahal. Uno de sus proyectos estrella era hacer un complejo polideportivo, que incluía varias piscinas, una de ellas cubierta, que por entonces hacía otro hermano de Manuel Chaves.
Por cierto, su hijo Fernando Chaves Pascual fue colocado en Formades, un Consorcio de Formación en Almonte, investigado hasta por la propia Junta, en la aldea de El Rocío ocupado casi totalmente por "colocados" por el PSOE de Huelva. También logró empleo en el mismo centro su esposa, Rocío Pilar Medina Macías.
El caso de la cuñada de Susana Díaz
Lo ocurrido con la cuñada de Susana Díaz, Aurora Moriche Ibáñez, contratada por la empresa Biodiésel Andalucía 2004 en el año 2010, es todo un ejemplo del funcionamiento del régimen respecto a las empresas privadas que dependen de adjudicaciones públicas y de cómo se han tejido y se tejen los hilos de la tela de araña del PSOE andaluz.
Si son empresas, entes o fundaciones públicas, se contrata a los afines sin más, a dedo en la administración paralela como se ha demostrado en el caso FAFFE y otros. Si se trata de empresas privadas, pero dependen de un contrato público donde gobierna el PSOE, se aconseja a los empresarios contratar a un grupo determinado de personas relacionadas con el PSOE andaluz y/o amistades o parientes antes de concederse la adjudicación de modo que se vaya sobre seguro.
Fue el caso. 30 de las personas recomendadas por el PSOE fueron contratadas diez días antes de la publicación de la adjudicación del contrato a Biodiésel Andalucía 2004, una empresa radicada en Fuentes de Andalucía, de la provincia de Sevilla, rara empresa, por cierto, propiedad de la mercantil de Estepona, Carrington Business, donde eran socios Cristóbal García Ruz y María José Martos Soto.
Estos promotores fueron favorecidos desde la izquierda local de Fuentes de Andalucía y loados por la Junta en la época dorada de las energías renovables. El hecho es que poco después de su constitución logró que la Diputación de Sevilla, vía su empresa de desarrollo turístico Prodetur, le adjudicara el contrato de recogida de aceites usados en 2010. En el año 2013, ya no existía.
Pero, antes de adjudicarle el contrato, el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos y otros destacados socialistas, le señalaron sus preferencias de contratación sobre una lista de 46 aspirantes, lo que se deduce de que llegó a la empresa una lista de los que fueron contratados 30, entre ellos, la cuñada de Susana Díaz, Aurora María Moriche Ibáñez. Susana Díaz dijo textualmente en el Senado que "desconozco cómo llegó y desconozco quién lo hizo". Pero el listado existió.
Cierto es que, como afirmó Susana Díaz en el Senado, su cuñada trabajó con un carrito recogiendo aceites usados, no como Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, colocada digitalmente en la cúpula de un ente público destinado a acciones empresariales en África con sueldo varias veces mileurista. En concreto, en África Center, dependiente del Instituto de Empresa. Pero ello no explica por qué fue su cuñada la contratada y no cualquier otro de los miles de parados andaluces que podrían haber optado al puesto con sus méritos propios si hubiesen sabido que existía.
La explicación es que la cuñada de Diaz tenía difícil la inserción laboral, pero nadie sabe por qué. Incluso así, hay centenares de miles de parados andaluces de larga duración y difícil inserción. Y más difícil que la tendrán si siguen sin enterarse de las ofertas de trabajo existentes en igualdad de condiciones que los demás.
Pero hay más. Desveló el PP en el Senado que en el listado de los 46 "preferidos" remitidos a la empresa, se hicieron anotaciones. Algunas de ellas, con los números de 1 al 4, se referían a quiénes eran los que recomendaban la contratación concreta de cada uno. Esto es, los enchufadores de los enchufados.
El número 1 se refería al presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, íntimo y leal colaborador de Susana Díaz en su ascenso a la Junta. El 2, indicaba que la recomendación venía de José Antonio Viera, hoy encausado en los ERE y para el que se piden ocho años de cárcel por malversación. El 3 aludía a Enrique Martínez, secretario general del PSOE de Sevilla.
¿Y el 4? No se conoce su identidad. Y es importante que se conozca porque en ese momento, 2010, Susana Díaz era secretaria de organización del PSOE de Sevilla, y luego de Andalucía. Y porque fue el numero 4 el que recomendó contratar a Aurora María Moriche, la cuñada de Susana Díaz, y a Fernando Vargas, marido de la delegada de la Junta en Sevilla, según el PP y amigo personal de Susana Díaz.
Y hubo otras anotaciones que se hicieron para eliminar de la lista a los candidatos no deseables. Por ejemplo, se excluyó a una mujer, licenciada en Biología, junto a cuyo nombre aparecía la anotación: "Facha", porque en su perfil de Facebook aparecía "agarrada a una bandera de España", denunció el PP en el Senado.
En otra anotación descalificatoria, se decía que la aspirante estaba embarazada. En concreto: "No, por embarazada". Pero ni antes ni ahora ha habido protestas por el caso.
El PP de Sevilla va a pedir ahora, ocho años después de los hechos, el expediente completo de la adjudicación en la Diputación para ver cómo se hizo lo que se ha hecho. De momento, ya ha anunciado que llevará el caso del listado de "preferidos" a los Tribunales.