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El 50% de los jueces y fiscales hacen huelga mientras el Gobierno les da "largas"

Según las primeras estimaciones de las asociaciones, el seguimiento es similar al paro general del pasado mes de mayo.

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El 50% de los jueces y fiscales hacen huelga mientras el Gobierno les da "largas"
Concentración de jueces y fiscales en Valencia. | EFE

La huelga general de la Administración de Justicia ha alcanzado su momento álgido. Si los letrados –antiguos secretarios judiciales– arrancaron el pasado jueves el paro y los funcionarios del sector tomaron el viernes el testigo, ha sido el turno de jueces y fiscales, en bloque. Todas las asociaciones –APM, AJFV, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, por parte de los magistrados; y AF, UPF y APIF, por los representantes del Ministerio Público– han apartado sus diferencias en pos de unas protestas vertebradas en tres reivindicaciones: el respeto y refuerzo de su independencia, la modernización de un sistema tecnológico obsoleto que provoca el caos y la acumulación del trabajo y la mejora de las condiciones laborales.

Es la réplica de la huelga general del pasado mes de mayo que en la que participaron el 42% de los jueces y el 51% de los fiscales. Los datos definitivos difundidos por los convocantes revelan un mayor respaldo entre los magistrados –3.200 de un total de 5.500, el 60%– y una movilización menor de la carrera fiscal –solo 970 de los 2.500, un 39%–. En general, un seguimiento similar en torno al 50%. Aunque en Cataluña se ha quedado en el 25% y en la Comunidad de Madrid en el 40%, ciudades como Albacete o Murcia han superado incluso el 90%. Se han visto actos de protesta en los principales juzgados del país, el tercero con más litigios de la Unión Europea de acuerdo con los datos de 2017: se resolvieron 5,47 millones de asuntos.

Este paro se produce con Dolores Delgado, que tantas veces se manifestó cuando no pertenecía aún al Gobierno y sí a la Fiscalía, al frente del Ministerio de Justicia. Lejos del acercamiento a las posturas del Poder Judicial y pese al contenido de las notas de presa que difunde, este Ejecutivo solo da "largas" a las reclamaciones del sector, entre las que figura también una nueva convocatoria de la llamada Mesa de Retribuciones para la recuperación de los salarios anteriores a la crisis.

Las asociaciones han mostrado su descontento con la ministra porque niega ahora aquello que reclamaba como representante del Ministerio Fiscal. Ha colmado el vaso la renovación del Consejo General del Poder Judicial –órgano de Gobierno de jueces y magistrados– pactada entre el PP y el PSOE, que se hacen con el control de este Poder supuestamente independiente sin atención ninguna al criterio de la carrera.

Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de todas las Comunidades Autónomas de España han emitido comunicado conjunto. Aunque, "como máximos representantes del Poder Judicial" en cada región no pueden sumarse "a medidas de presión colectivas", muestran su "solidaridad con las asociaciones en su intento por mejorar la situación" y apoyan "las justas y legítimas reivindicaciones, así como la mejora de las condiciones profesionales" ante "las graves carencias que sufre la Administración de Justicia, y que los poderes Legislativo y Ejecutivo no corrigen".

Ni el CGPJ ni la Fiscalía han aclarado el establecimiento de los servicios mínimos. Se han limitado a pedir a los juristas que participen en la huelga que lo comuniquen. Puesto que no está estandarizado, es posible que quien la secunden pierda el sueldo proporcional del día. Por su parte, la ministra Dolores Delgado ha continuado con su agenda y se encuentra en un acto es Estrasburgo con su homóloga francesa.

Las asociaciones, "a la espera de que las cifras puedan variar al alza", entienden que la huelga "ha sido un éxito de convocatoria" y que el Ministerio de Justicia y el CGPJ deberían buscar soluciones a las razonables peticiones de los dos colectivos profesionales. Concluyen que "estas cifras son un buen punto de partida para iniciar negociaciones sobre aspectos concretos de nuestras condiciones profesionales, de la mejora de la Justicia y de un reforzamiento tanto de la imagen de independencia de la Justicia como de la autonomía del Ministerio Fiscal".

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