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La juez Núñez Bolaños desautoriza a la Guardia Civil por sus "graves errores" en el caso ERE

Ahora, la juez desimputa al empresario "amigo" que alojaba a Chaves en su chalé en vacaciones.

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Las diferencias entre los criterios de instrucción de la juez Núñez Bolaños respecto a su antecesora, la juez Alaya, ya son clamorosas. Además de trocear la causa hasta casi 300 piezas separadas y exhibir diferencias esenciales con la Fiscalía y las acusaciones, Núñez Bolaños está desimputando a numerosos investigados, incluso sin haberlo pedido los interesados. Por si fuera poco, acaba de acusar a la Guardia Civil de haber cometido "graves errores". Fuera, sigue la campaña electoral y terminan de presentar las defensas de los 21 ex altos cargos de la Junta sus informes finales.

El caso más llamativo que amenaza con convertir el caso ERE en el caso Núñez Bolaños es el auto de archivo de la pieza que instruía unas ayudas por importe de 3.6 millones de euros que el gobierno de Manuel Chaves otorgó a la empresa Fundiciones Caetano, SA en 2004-2006. No sólo es asombroso que tal archivo se haya producido sin pedirlo algunos de los beneficiados por su decisión, sino que la familia Caetano, la propietaria de la empresa, era una familia muy amiga de Manuel Chaves.

La juez justifica todas las acciones del empresario investigado, Abilio Caetano, expresando su opinión de que no conocía ninguna de las actuaciones que se efectuaron ni sus presuntas irregularidades. Destaca ABC que ni siquiera considera delictivos los "pagos cruzados" (la consejería de Trabajo ordenaba transferencias destinadas a un ERE, pero luego alteraba el destino del dinero hacia otras empresas por razones de urgencia).

Es más, en su auto admite los argumentos del procesado Antonio Fernández, procesado a causa de la instrucción de su propio Juzgado, para exculpar al comisionista de la aseguradora Vitalia, Jesús María Bordallo, y sus comisiones al margen de toda lógica de mercado. Además, archiva la causa contra Caetano y el exdirectivo de la mediadora Vitalia Antonio Albarracín, en este último caso incluso sin tener en cuenta el criterio de la Audiencia Provincial que rechazó dicho archivo.

Para hacerlo, ha tenido que desautorizar los atestados de la Guardia Civil sobre las ayudas de este caso. Y lo dice así: "Desde el 2013 se ha avanzado mucho en la investigación y que, en no pocas ocasiones, tras la investigación judicial, se han puesto de manifiesto graves errores en los atestados policiales". Contra lo que dijo la UCO, la juez cree que la empresa estaba realmente en crisis a causa de la subida del precio de la chatarra en China.

Sin embargo, a preguntas de la Junta de Andalucía, personada en la causa, la asesora María José Rofa dijo que "la mayoría de las veces", el consejero, el viceconsejero o el director general del ramo no tenían en cuenta las propuestas de pagos elaboradas por los técnicos y "decidían otras de forma discrecional o para evitar algún conflicto".

Fundiciones Caetano estuvo en presuntas dificultades en 2004 y entró en concurso de acreedores en 2006. En ambas fechas, la empresa pidió ayuda a la Junta para el pago de sendos ERE de 21 y 17 trabajadores. Pero otros testigos confirmaron que no hubo convocatoria para tales ayudas ni acto administrativo que las justificara.


La familia Caetano y Manuel Chaves

El archivo decretado por la juez Núñez Bolaños afecta no sólo a la empresa Fundiciones Caetano, sino, además, al chalé que la familia tiene en la playa de La Antilla en Huelva que lleva por nombre La Tortuga. En ese chalé veraneó algunas veces el propio presidente de la Junta de Andalucía y secretario general del PSOE andaluz, Manuel Chaves, procesado en el juicio que se sigue en Sevilla y acusado del delito de prevaricación continuada.

Pero ahora, subraya El Mundo, donde la juez Alaya, la fiscalía y la UCO vieron delito en las ayudas que la Dirección General de Trabajo de la Consejería del gobierno presidido por Manuel Chaves, la juez Núñez Bolaños no ve absolutamente nada salvo errores en la Guardia Civil.

En la pieza de Fundiciones Caetano, estuvieron originalmente imputados el ex viceconsejero Agustín Barberá, los ex directores de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, el administrador de la empresa, Abilio Caetano, y dos directivos de la mediadora Vitalia, Antonio Albarracín y Jesús María Bordallo.

Tras archivar la investigación sobre los tres primeros por estar siendo juzgados ya en el caso del procedimiento específico, ahora sobresee la causa contra el resto de imputados porque todo era perfectamente legal.

Lo curioso es que las relaciones entre Manuel Chaves y los Caetano son antiguas. En 1995, cuando Chaves vio frustrado su deseo de situar la residencia presidencial oficial en la Casa Sundheim de Sevilla, ocupó provisionalmente un piso en la Avenida León XIII, en el barrio de la Macarena, cuyo propietario era Blasco Caetano, primo del ahora desimputado Abilio Caetano.

En clima de amistad era tal que el gobierno de Manuel Chaves nombró al propietario de Fundiciones Caetano SA vocal del Consejo Social de la Universidad de Sevilla donde tenía por compañero al propio José Antonio Viera, ex consejero de Trabajo de la Junta e impulsor del procedimiento para eludir el control de las ayudas sociolaborales, al que se le piden ocho años de cárcel por malversación en el juicio de los ERE.

Precisamente, Bolaños ha excluido a Viera de la investigación de las ayudas a la empresa Hamsa, conocida popularmente como Cárnicas Molina, apoyándose en los criterios de la Audiencia Provincial que dejó claro que no podía juzgarse dos veces a una misma persona por los mismos delitos. La juez aprovecha que la Audiencia considera excesivo por parte de la Fiscalía acusar en el caso de Cárnicas Molina por el delito de malversación por el que ya está siendo encausado en el caso ERE, si bien no concretamente sino en lo referido al procedimiento.

Impunidad y nulidades planean sobre los ERE

Según la Audiencia de Sevilla, que juzga el caso de los ERE en lo referido al procedimiento específico, sus decisiones sobre la inadecuación de la duplicidad de juicios para los imputados del caso ERE, no causan "impunidad", que es lo que aduce la Fiscalía que consideró que se estaba concediendo un "salvoconducto" procesal que permitía eludir sus responsabilidades a las personas acusadas de recibir ayudas irregulares.

Según la Audiencia el doble procesamiento es inconstitucional y, por tanto, el camino de la juez Núñez Bolaños están plenamente ajustado a Derecho porque los investigados no pueden ser enjuiciados "tantas veces como hubiera intervenido en cada ayuda o subvención en concreto, y además por el caso del procedimiento específico. Pero el sobreseimiento de la juez Núñez Bolaños no sólo afecta a los ya enjuiciados en el caso de los ERE, sino al empresario beneficiario de las ayudas, Abilio Caetano.

La Razón añade otro fleco más a este discutido proceder de la juez Bolaños. La magistrada no ha llamado a declarar durante 18 meses a José María Sayago –José Enrique Rosendo falleció–, empresarios vinculados a la Sierra Norte, evidentemente beneficiados por una ayuda de más de 30 millones de euros que les hizo pasar de concejales socialistas a importantes empresarios privados.

El problema es que el cambio en la ley de plazos judiciales puede obligar a la nulidad del procedimiento por haberse vulnerado el derecho a la defensa. En este caso, sería la propia juez Bolaños la responsable de que finalmente uno de los asuntos más escandalosos del caso ERE, el caso de la Sierra Norte en su vertiente de las empresas de Sayago y Rosendo, pueda terminar en caso nulo.

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