El gobierno de la Generalidad ha sido aniquilado por las protestas de médicos, profesores, funcionarios, bomberos y estudiantes, que se han unido este jueves en manifestación por el centro de Barcelona para exigir unos presupuestos "sociales" y el fin de los recortes que comenzó a aplicar Artur Mas a partir de 2010. Esta vez tampoco ha habido banderas independentistas ni plegarias por los presos y fugados. El tono de las concentraciones nada tiene que ver con los despliegues separatistas organizados por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium con la colaboración de las administraciones catalanas.
La Generalidad no existe. La cascada de huelgas ha desnudado el carácter vicario de la presidencia y las consejerías, que dependen del prófugo Puigdemont y el preso Junqueras. Sus encargados carecen de peso y presencia para afrontar el malestar por los recortes en materia social combinados con la barra libre para medios de comunicación, "embajadas", constructores, proveedores y amigos. La imagen de Torra y sus consejeros está por los suelos.
El Ejecutivo catalán está dando un ejemplo de incompetencia también en materia de comunicación. El presidente sustituto de Puigdemont no se ha pronunciado en público sobre la oleada de huelgas que comenzaron el lunes con el paro de los médicos de atención primaria de la sanidad pública y la concertada. Para tratar de frenar las críticas ante su inactividad, la Generalidad ha difundido la fotografía de una reunión de Torra con varios consejeros. Se sabe que es una imagen reciente porque en ella aparece la titular de la consejería de Sanidad, la republicana Alba Vergés, que hizo un alto en su baja por maternidad para mantener la reunión con Torra, el vicepresidente Pere Aragonès y el consejero de Trabajo, Chakir El Homrani. entre otros.
Des del #Govern compartim el gran esforç que han fet aquests anys els servidors públics. Ahir el #president @quimtorraipla es va reunir amb el #vicepresident @perearagones i diferents #consellers i avui continuem treballant per arribar a acords necessaris pel bé de la ciutadania pic.twitter.com/eqVOCF68qZ
— Govern. Generalitat (@govern) 29 de noviembre de 2018
Bronca en el 'Govern'
Torra se niega a dar la cara porque considera que el levantamiento del sector público es responsabilidad de ERC, toda vez que los departamentos de Sanidad, Enseñanza y Trabajo, que negocia con los sindicatos, dependen del partido republicano. En Junts per Catalunya (JxCat) alegan además que el seguimiento de la huelga de funcionarios y bomberos, áreas de su competencia, es menor en comparación con los datos de los demás sectores implicados en las protestas.
De ERC también dependen los presupuestos de la Generalidad y este mismo jueves han comenzado las negociaciones con los diputados de la versión catalana de Podemos para sacar adelante las cuentas públicas. El Gobierno "invita" a los partidos del gobierno de la Generalidad a negociar unos Presupuestos Generales del Estado que desactiven el malestar social en Cataluña. Hasta el estallido de las huelgas, Torra mantenía una agenda meramente activista, centrada en las manifestaciones sobre los golpistas presos y en mítines de la Crida per la República, el nuevo partido de Puigdemont, y el Consell de la República, el último chiringuito nacionalista. La gestión y los presupuestos eran lo de menos ante la que se avecinaba. Y cualquier sentencia condenatoria por el 1-O comportaba elecciones autonómicas anticipadas. Ya no está tan claro.
Los presupuestos autonómicos
La "hoja de ruta" separatista ha cambiado. Las protestas han cogido con el pie cambiado a Torra, que auguró un otoño caliente por la situación de presos y fugados y se ha encontrado con brotes de malestar social en ambientes mayoritariamente independentistas como profesores, bomberos y universitarios. Los datos sobre la gestión económica de este y los gobiernos autonómicos anteriores son demoledores. Los presupuestos de hace ocho años contemplaban más gasto social que los de los últimos dos ejercicios. En paralelo han aumentado las partidas "identitarias", el gasto en los medios de comunicación públicos y las subvenciones a los medios privados afectos, el número de "embajadas" y las adjudicaciones a dedo. La consejera de Cultura, Laura Borràs, de la cuota de Puigdemont, es investigada judicialmente por tres contratos por importe inferior a 18.000 euros para esquivar el control y el concurso a un colaborador en los tiempos en que Borràs dirigía la Institució de les Lletres Catalanes. Es una práctica habitual en la administración autonómica, según consta en el propio portal de Transparencia de la Generalidad, que registra miles de adjudicaciones de esa índole en todos y cada uno de los departamentos y entes dependientes.
Los "contratos menores"
Por la vía de los "contratos menores" la Generalidad reconoce que se gastó más de 235 millones el año pasado y eso a pesar de las dificultades en el último trimestre por la intervención de la cuentas por parte del Estado. No es una práctica aislada. La Diputación de Barcelona, en manos de los nacionalistas, paga así los los servicios jurídicos de exconsejeros y altos cargos. La consejería de Sanidad de la Generalidad es quien más recurre al procedimiento.
Las expectativas frustradas, las pagas extras de 2013 y 2014 y las horas extras pendientes de pago (los Mossos todavía no han cobrado las horas de más del 1-O), la falta de medios y personal, o las tasas universitarias, que cuadruplican en algunos casos las de las universidades públicas del resto de España, son las querellas de la función pública y los estudiantes contra el gobierno de Torra, al que reprochan que sólo se dedica a dar discursos llamando a las barricadas, pero que es incapaz de gestionar.
Acuerdo con los médicos
Dirigentes y medios nacionalistas insisten en culpar al Estado de todos los recortes y de la penosa situación sanitaria y social en Cataluña, con decenas de menores no acompañados durmiendo en las comisarías de los Mossos a pesar de las campañas "solidarias" separatistas sobre el acogimiento de inmigrantes. Blanden el supuesto desequilibrio fiscal de Cataluña con el resto de regiones y aseguran que el Estado debe a la comunidad 16.000 millones de euros. No es descartable que logren reconducir el malestar.
A última hora, la Generalidad ha llegado a un acuerdo con el sindicato nacionalista mayoritario y convocante de la huelga, Metges de Catalunya, tras el compromiso administrativo de inyectar inmediatamente cien millones de euros en la red asistencial cuyo destino será decidido por el sindicato. Cientos de miles de visitas y pruebas han sido aplazadas hasta el año que viene.