Manuel Marchena no se apartará de la causa contra el llamado proceso separatista por "carecer de todo interés directo o indirecto" en el procedimiento. El magistrado responde así a las recusaciones planteadas por los separatistas que se sentarán en el banquillo. Deja la decisión final a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Cuixart, Carmen Forcadell y Anna Simó cuestionaron su imparcialidad a raíz de la propuesta para presidente del Consejo General del Poder Judicial. Marchena fue el candidato pactado por el PSOE y el PP para el más alto cargo de la judicatura, aunque renunció como muestra de desacuerdo con el método del ‘dedazo’ y en vista de que el descaro en las formas comprometía su imagen de autonomía tan cuidada durante su carrera.
El magistrado proclama su independencia en un escrito de 5 folios: "La imparcialidad ha de vincularse a actos o resoluciones propios. No puede hacerse depender de la opinión de terceros que expresan su personal criterio acerca de las consecuencias políticas de un determinado pacto entre dos fuerzas parlamentarias".
En definitiva, "la idea de que cualquier forma de participación del Poder Político en la designación del órgano de Gobierno del Poder Judicial justifica la prevención ciudadana por falta de imparcialidad de los jueces no se sostiene". Marchena lanza un mensaje intencionado: la tesis sostenida por los promoventes de la recusación conduciría de forma inexorable a la genérica descalificación de la Justicia belga". Añade posteriormente lo mismo con los modelos de Portugal, Francia e Italia.
"Es la 7ª ocasión en que las defensas cuestionan la imparcialidad de los magistrados de la Sala Segunda. El juez Pablo Llarena ha sido recusado en tres ocasiones. Los que integramos la Sala de Enjuiciamiento hemos sido también recusados, al menos, en dos ocasiones". Incluso los designados instructores de los respectivos incidentes de recusación. "Se trata, por tanto, de una estrategia defensiva que obliga a esta Sala una y otra vez a razonar su distanciamiento respecto del objeto del proceso".
Contra los incidentes de recusación
Todos los escritos de recusación participan de la misma idea. Aluden, de acuerdo con el escrito de Marchena, a las "recientes noticias relativas a la existencia de un acuerdo político para el reparto de las vocalías del órgano de gobierno de los jueces". También mencionan las manifestaciones en un mensaje de whatsapp del portavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó celebrando el pacto con la intención de "controlar políticamente y afectar tanto al Tribunal Supremo como a la Audiencia Nacional".
Según los acusados, ese mensaje ha sido determinante para conocer "la cocina del pacto y las espurias finalidades de la elección de vocales u presidencia", en lo básico, en palabras de Cosidó, controlar "desde atrás" la Sala de lo Penal del Supremo.
Marchena lamenta que "el legislador haya permitido la politización general de la Justicia". Entiende que la organización del gobierno del Poder Judicial es "cuestión controvertida" y que "el sistema constitucional español es tan mejorable como los otros". Pero señala que "no es este mecanismo de designación el que conduce al escepticismo colectivo, sino las disfunciones que pueden surgir durante el proceso de elección y nombramiento". Y reproduce la nota que difundió como renuncia:
1. Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal.
2. Mi trayectoria como magistrado ha estado siempre presidida por la independencia como presupuesto de legitimidad, en cualquier decisión jurisdiccional.
3. El examen de las resoluciones que durante años he dictado como magistrado del Tribunal Supremo –de forma especial, como presidente de la Sala de Admisión de las causas contra los aforados– es la mejor respuesta de que jamás he actuado condicionando la aplicación del derecho a la opción política del querellado.
4. Por todo ello, anticipo públicamente mi decidida voluntad de no ser incluido, para el caso en que así fuera considerado, entre los candidatos al puesto de presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial".