No hay temor sino pánico en las federaciones socialistas. Barones y alcaldes se han instalado desde el domingo en el miedo a que pudiera producirse un 'efecto contagio' de la debacle andaluza en sus territorios y que la marca PSOE sufra el castigo del desgaste del Gobierno y su presidente, Pedro Sánchez. De hecho, son mayoría los líderes territoriales del PSOE que creen que la hecatombe de Susana Díaz es atribuible en gran medida a Pedro Sánchez.
Con un símil muy gráfico un asesor de Moncloa explica que "la presidenta puede ser el primer ñu en caer al río de los cocodrilos", y detrás está el resto de la manada de candidatos socialistas. En conversación con este periódico, uno de los presidentes autonómicos del PSOE asegura que ha pesado el componente nacional de los dos asuntos que ha colocado el presidente del Gobierno en la agenda pública: la inmigración y el debate territorial ante el desafío independentista. "Fue Pedro quien colocó el asunto en la agenda: el Aquarius y la política de apaciguamiento con los independentistas son letales para nosotros".
Sobre todo éste ultimo. Cataluña es lo que más preocupa en los feudos socialistas más españolistas: Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón, en donde se han visto con las "manos atadas" para criticar el acercamiento de Sánchez a ERC y PDeCAT en aras de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Por ello, Susana Díaz reconoce que "se equivocó" al no hablar de ello en campaña porque constatan en el PSOE que la sangría electoral responde fundamentalmente al castigo del electorado socialista a los gestos con los golpistas como las posiciones favorables a los indultos, la rebaja de la acusación de la Abogacía del Estado y las declaraciones del presidente del Gobierno descartando el delito de rebelión.
Es por este motivo que barones y alcaldes piden dos cosas: de un lado, un cambio de estrategia, la ruptura con el independentismo para clarificar la posición del PSOE ante sus votantes; del otro, que Pedro Sánchez asuma su responsabilidad y convoque elecciones generales en marzo para asumir personalmente los efectos de su política y no deje "a los pies de los caballos" a sus candidatos autonómicos y municipales al 26 de mayo.
Su petición responde al rumor creciente en los círculos gubernamentales: que se abra paso la opción de un superdomingo electoral habida cuenta de que no se presentarán los Presupuestos y que el Gobierno asume ya que no se podría gobernar sin sacar adelante la ley más importante del año. Así se explica que el Gobierno sí sea receptivo a la primera de las peticiones de los suyos: el viraje con los independentistas.
Ante la magnitud de la debacle electoral, el Gobierno comenzó el domingo a repensar su estrategia e ir modulando su mensaje hacia Cataluña. Tras negar la negociación, defender que no hay "nada en común" con ERC y PDeCAT y criticar con dureza a Quim Torra, Moncloa asegura ahora en privado que "el Gobierno es autónomo, fija su agenda" y "no somos dependientes del mareo al que pudieran someternos los partidos independentistas". Intento de marcar distancias que se plasmará especialmente el miércoles que viene en el Congreso en la comparecencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, específica sobre Cataluña en un momento en el que Moncloa pregona que "ha llegado el fin de la etapa del disimulo".