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Las defensas de los golpistas debutan con propaganda ante el tribunal que los juzgará

La defensa reclama en bloque un juicio en Cataluña por la lengua y la politización del Tribunal y arremete contra la Fiscalía y el juez Llarena.

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Un momento de la sesión. | EFE

Ensayo general del juicio contra el llamado proceso separatista. El Tribunal Supremo ha acogido la denominada vista de previo pronunciamiento, una sesión de carácter técnico. En esta toma de contacto, las defensas han embestido contra todo: desde el "desmoralizador" escrito de acusación y "el concepto raquítico de la democracia" de la Fiscalía, que "antepone los sentimientos al sentido común", hasta la instrucción del juez Pablo Llarena, que "ha estirado y encogido como un chicle la competencia con criterios no jurídicos". Fuegos de artificio para que los magistrados devuelvan la vista oral al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La fotografía es de los siete que dictarán sentencia, sentados por primera vez frente a los abogados, con el presidente en el centro. Manuel Marchena ha concedido 20 minutos –bastante flexibles– de intervención por parte. No han estado, por no ser obligatorio, los 18 acusados. Tampoco, por falta de interés, las habituales turbas de independentistas a las puertas del Alto Tribunal, más allá de los 70 medios y más de 240 periodistas acreditados. Solo las acusaciones –Fiscalía, Abogacía del Estado y VOX–, que se han opuesto a las pretensiones del banquillo.

La Sala resolverá en los próximos días –previsiblemente mañana– mediante un auto. Solventadas estas cuestiones, faltará por conocer únicamente la fecha de inicio del juicio oral, proyectado para a finales de enero o, como tarde, a principios de febrero. Si, como es probable, el Tribunal ratifica su competencia, las defensas dispondrán de 10 días para la presentación de sus informes, en los que negarán la comisión de delitos, entregarán documentación y propondrán práctica de prueba. La sentencia contra los procesados no fugados se irá, después de varios meses de sesiones, hasta después de las elecciones autonómicas y municipales; y europeas, del mes de mayo.

El derecho de litigar en catalán

Quien más hincapié ha hecho en la lengua como un problema para los acusados ha sido Mireia Roig, la abogada del líder de Ómnium Cultural Jordi Cuixart. Considera que la celebración del juicio en el Alto Tribunal vulnera el principio de inmediación porque "necesitarían un intérprete durante el juicio, que de celebrarse en el Superior de Justicia de la Comunidad se haría en su lengua materna".

En la misma línea, Jordi Pina ha solicitado que sus patrocinados Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez comparezcan en catalán para que no se vulneren sus derechos. El letrado ha enumerado los hechos supuestamente cometidos fuera de Cataluña y que justificarían la competencia del Supremo: compra de urnas, las webs, campañas publicitarias, asistencia de observadores internacionales o votaciones de residentes en el extranjero. "Ninguno son elementos que definan el delito de rebelión", en todo caso la malversación, en la que, según su criterio, ningún acusado ha participado.

El juez predeterminado

Esta vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley ha aparecido de forma constante en las intervenciones de los abogados. El primero, Andreu Van den Eynde. El representante de los procesados de Esquerra ha denunciado una vez más a la entrada una persecución ideológica: "Todo es un relato de promoción de ideas".

Según el abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, "cualquier investigación es más profunda" que la del juez Llarena. Sobre el regreso de la causa, "la oportunidad la tiene la Sala. Decidir qué reglas se van a aplicar al proceso: si las reglas del proceso debido o las reglas de excepción". Pese a la insistencia con los mismos argumentos, Jordi Pina ha victimizado la posición de las defensas: "Tengo poca confianza en que la Sala acepte nuestros postulados. No porque sean débiles, sino porque me da la sensación de que esta Sala –la que enjuicia la causa– ya ha tomado su decisión".

Olga Arderiu, portavoz de Carme Forcadell y Anna Simó, insta a que el Tribunal valore "dónde se cometieron los hechos, no a quien afectan". Para la abogada de Joaquim Forn, Meritxell Borras, Lluis Corominas, Lluis Guinó y Ramona Barrufet, la próxima a Convergencia Judit Gené, la instrucción ha demostrado que "el núcleo de los hechos sucedió y se ejecutaron desde Cataluña". Suya ha sido una de las exposiciones más aplaudidas por los separatistas: "Que hubiera algún acto aislado fuera, considerando ese fuera extremadamente forzado, y que sirva para arrastrar la competencia aquí hace que las defensas aprecien una vulneración al derecho al juez predeterminado".

Judit Gené ha recordado que "para los actos de desobediencia se declaró en su día competente el TSJC. No puede ser que un pago en una sucursal de Bruselas arrastre la competencia. O que la actividad efectuada por las delegaciones en el exterior arrastre la competencia". Marina Roig, en representación de Jordi Cuixart, ha dicho que "en la consulta –ilegal– del 9N de 2014 no hubo ningún problema en enjuiciar a los exconsejeros catalanes en el TSJC por su condición de aforados autonómicos como diputados del Parlamento catalán. Se ha enorgullecido de que "el derecho a la libertad y de manifestación están muy por encima de la unidad de España".

A su juicio, "se ha ido a buscar el tribunal más sensible a la influencia del poder político y económico". El resto de los abogados han replicado estos razonamientos.

La Fiscalía, la Abogacía del Estado y VOX

Las intervenciones de las acusaciones han arrancado tras un receso de 15 minutos a media mañana en el que Marchena ha advertido al abogado de Joan Josep Nuet –exmiembro de la Mesa por la filial de Podemos– Enrique Leiva de que durante la vista debía llevar corbata. Era el único que no la llevaba y se ha puesto una.

Ha inaugurado el turno Jaime Moreno –junto a Consuelo Madrigal en representación de las Fiscalía– para "interesar que el Tribunal dicte un auto que confirme la competencia de esta Sala. Porque esta Sala ya se ha pronunciado sobre este aspecto. Y ahora es el momento de un pronunciamiento definitivo".

De acuerdo con su versión, las defensas han tratado de exponer los actos fuera de Cataluña como episodios aislados. "Yo creo que es algo absolutamente erróneo, estamos hablado de una estrategia. Todos ellos responden a una misma finalidad, algo que ya en el primero de los autos de esta Sala". Y añadía: "No todos los actos de ejecución en el delito de rebelión tienen que ser violentos. Hay algunos que no".

Moreno ha identificado los dos fines del delito de rebelión: "derogar la Constitución Española y la declaración de independencia". Son dos objetivos que afectan a todo el territorio y que provocaron una respuesta estatal con la aplicación de artículo 155: "Aquí hay algo más que incumplimiento, era necesario un atentado grave al interés general de España que se produjo y rebasa el ámbito de la Comunidad Autónoma".

La Abogacía del Estado, en representación de los intereses del Gobierno, ha estado personificada este martes por Lucía Pedreño. Su participación en el procedimiento es provisional: cuando Rosa María Seoane –sustituta de Edmundo Bal– se incorpore el 1 de enero el cuerpo elegirá al representante definitivo.

Pedreño se ha sumado al criterio de que "los mismos delitos deben entenderse como cometidos en todo el territorio nacional". Considera que los hechos sucedidos en el exterior "existen y es algo que no han podido negar las defensas. Su relevancia será una cuestión a dilucidar a lo largo del juicio". Por lo tanto, según la abogada del Estado son "suficientes" para justificar que la causa sea juzgada por el Tribunal Supremo, porque "no se han vulnerado las reglas de competencia".

Por último, la acusación popular que ejerce VOX ha subrayado que nadie planteaba razonamientos novedosos: "Ante argumentos iguales no caben respuestas distintas. Por tanto, si no se quiere entrar en contracción con los argumentos de la Sala hasta ahora –que ya denegó esta petición–, no cabe el traslado de la causa".

Pedro Fernández ha concluido la sesión: "La trascendencia para el conjunto de la sociedad justifica que sea un órgano centralizado el que conozca del procedimiento, por la defensa de la Constitución y de la unidad territorial".

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