Ni el millón que se filtró al inicio, ni los 3.2 millones en los que la Guardia Civil cifró después la malversación. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas estima en 8 millones de euros el dinero desviado ilícitamente al referéndum del 1-O de 2017, declarado nulo por el Tribunal Constitucional. El jefe del cuerpo Miguel Ángel Torres dirige una denuncia contra el expresidente Carles Puigdemont y los miembros de su Gobierno de Cataluña, 17 cargos en total. En medio centenar de folios, detalla las partidas, por publicidad en mayoría, y advierte que la cantidad puede incluso incrementarse.
Son los fondos que la Generalidad destinó a la campaña del 1 de octubre. El órgano fiscalizador de las cuentas públicas cuenta con dos demandas en el mismo sentido. Sociedad Civil Catalana presentó este miércoles otra que sitúa los gastos cerca de los dos millones de euros procedentes del erario. El Tribunal de Cuentas determinará el dinero a devolver por los responsables, pudiendo incluso proceder, como ocurrió con Artur Mas y sus consejeros en relación a la consulta del 9-N de 2014, al embargo preventivo, automático y solidario de las cantidades reclamadas.
Los ocho millones de euros de los que habla la Fiscalía elevan considerablemente –más del doble– lo descubierto por el juez Pablo Llarena, instructor de la causa en el Tribunal Supremo. El Ministerio de Hacienda ya denunció ante el Ministerio Público el empleo de fondos para la financiación del golpe por parte del Gobierno catalán y las entidades separatistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.
La Fiscalía propone la cifra definitiva a pocas semanas del juicio contra los políticos que impulsaron en llamado proceso que no se encuentran huidos. La demanda sitúa al fugado Puigdemont como el principal responsable, pero también implica a su nº2 en el Gobierno, el líder de Oriol Junqueras –preso en Lledoners– y los exconsejeros, con los encarcelados Raül Romeva, Joaquín Forn, Josep Rull o Jordi Turull. Según el escrito, ellos aprobaron la salida de dinero para el golpe en distintas reuniones.
Figuran, además, Yoni Comín, Jordi Baiget, Carles Mundó, Santi Vila y la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal. Dependerán de la conclusión de la instrucción que dirigirá Margarita Mariscal de Gante, la misma que investigó los cinco millones desviados por el Gobierno de Artur Mas para la financiación del 9 de noviembre.
El fiscal sospecha que los fondos malversados superarían los ocho millones, porque se están investigando aún las partidas camufladas como actividades culturales. La mayoría se invirtió en publicidad, solo en España 7.5 millones según la demanda.