El pasado mes de julio, todos los partidos de la cámara andaluza a excepción de IU, que se abstuvo, aprobaron la reforma de la Ley de Violencia de Género que ahora se ha convertido en el principal punto de fricción en las negociaciones para la formación del futuro gobierno andaluz.
La nueva normativa, que modificaba la entonces ley vigente de 2007, establece como objetivo "actuar contra la violencia que, como consecuencia de una cultura machista y como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres, se ejerce sobre las mujeres por el mero hecho de serlo y que se extiende como forma de violencia vicaria sobre las víctimas que se contemplan en la presente Ley".
Entre sus puntos clave está la definición de víctima de violencia de género: la normativa no incluye sólo a las mujeres "que, por el hecho de serlo (…) sufran un daño o perjuicio sobre su persona". También se señalan "las hijas e hijos que sufran la violencia a la que está sometida su madre", "las personas menores de edad, las personas mayores" o las personas discapacitadas o dependientes que dependan de la mujer víctima de violencia y que "convivan en el entorno violento" y "las madres cuyos hijos e hijas hayan sido asesinados".
También se incluyó como novedad una nueva clasificación de actos de violencia de género. Se incluía la violencia física, psicológica, económica y sexual, y también se hacía mención específica al "feminicidio, entendido como los homicidios o asesinatos de las mujeres motivados por una discriminación basada en el género". Es decir, se incluían los asesinatos de mujeres más allá del ámbito familiar.
Se añadió asimismo "el acoso por razón de sexo" en el trabajo, la "violencia contra los derechos sexuales y reproductivos", la "ciberviolencia" , la "violencia vicaria" sobre hijos e hijas, la "violencia que se ejerce a través de medios de comunicación o publicidad, que fomente o incentive la discriminación por razón de sexo o utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio o incorporando mensajes que la promuevan" y "cualquier otra forma de violencia contra las mujeres que lesione o sea susceptible de lesionar la dignidad, la integridad o la libertad de las víctimas" amparadas por la ley.
Por otro lado, la ley modificaba el criterio para acreditar la violencia de género y recibir así las prestaciones, asesoramiento y ayudas contempladas en la normativa. Además de las resoluciones judiciales con medidas cautelares y sentencias en firme, se contemplan informes de la Fiscalía y atestados policiales que incorporen "indicios" de violencia así como informes de servicios sociales, sanitarios, de la Inspección de Trabajo o de servicios de atención y acogida de la administración.
Los cambios en la normativa se refieren también a la educación: se establecen programas formativos sobre violencia de género para los trabajadores públicos con mención especial al profesorado, con el fin de que puedan "impartir la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre mujeres y hombres".
Además, hay mención a los medios de comunicación. Dice la ley que la Junta prohibirá "que los medios de comunicación social cuya actividad esté sometida al ámbito competencial de la Comunidad Autónoma difundan contenidos o emitan espacios o publicidad sexistas, discriminatorios, vejatorios, estereotipados o que justifiquen, banalicen o inciten a la violencia de género, de forma directa o indirecta, en cualquiera de sus manifestaciones".
El párrafo de la discordia
El pasado 21 de diciembre se conoció el principio de acuerdo programático entre PP y Ciudadanos, con las primeras 21 medidas pactadas por los dos partidos. El último punto es el que ahora se ha convertido en protagonista de la negociación. En el documento, lejos de pedir su derogación como exigía VOX, populares y naranjas se comprometían a dotar económicamente a la ley de violencia de género andaluza:
Impulsaremos un Gran Acuerdo contra la Violencia de Género que desarrolle en nuestra comunidad los avances logrados con la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que implemente, con dotación presupuestaria suficiente, todas y cada una de las medidas previstas en la ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la ley 13/2007 de 26 de noviembre de prevención y protección integral con la violencia de género, a fin de acabar con esta lacra social.
Mientras PP y Cs defienden el pacto tal y como está, el partido de Abascal insiste en que su posición debe ser escuchada y amenaza con querellarse contra quienes los acusan de apoyar la violencia contra la mujer. El partido pide en su programa, entre otras cosas, una ley de violencia intrafamiliar y la no discriminación entre hombre y mujer en las leyes de género. Ahora, esa petición se ha convertido en su línea roja para apoyar el gobierno del cambio en Andalucía.