La Asociación de la Prensa de Sevilla, presidida por el periodista Rafael Rodríguez desde 2011, pidió este jueves al nuevo presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y al gobierno que ejercerá desde la próxima semana, que garantice la continuidad en sus puestos de trabajo de los periodistas que desarrollan su labor profesional en la administración autonómica –Oficina del Portavoz del Gobierno, consejerías y delegaciones provinciales–. También le demanda respeto profesional para todos ellos.
Esto es, exige al nuevo gobierno que los jefes de prensa y miembros de comunicación del nuevo gobierno de la Junta sean los mismos que nombró el PSOE de forma discrecional en los anteriores gobiernos. La petición, inaudita, aparece en la propia web de la Asociación.
Recuérdese cuál fue el comportamiento de Pedro Sánchez en su Gobierno y, muy especialmente, en RTVE, donde impuso a dedo a una supergestora, Rosa María Mateo, que ha procedido a una purga sin precedentes de periodistas no alineados con el socialismo en el gobierno sin dar origen a protesta alguna.
Según esta asociación, que no representa a todos los periodistas sevillanos, excepto una minoría que son cargos de confianza y con responsabilidad política y de gestión por designación directa, se trata de periodistas que, desde hace muchos años, realizan un trabajo estrictamente profesional y técnico, al margen de cuestiones ideológicas y de partidos gobernantes, al igual que el que desarrolla el resto de empleados y funcionarios de la Junta de Andalucía de cualquier otra profesión y categoría.
La estabilidad del citado trabajo, que no puede ser entendido de otra manera, no puede estar supeditada a cambios de gobiernos o al de consejeros de un mismo ejecutivo.
Sin embargo, reconoce que Andalucía es la única comunidad autónoma de España que no incluye en su Relación de Puestos de Trabajo (RPT) la categoría profesional de "Periodista" o de "Técnico en comunicación". Esto es, el PSOE no ha considerado oportuno ese reconocimiento.
Esta "inaceptable anomalía administrativa", que no se da en el resto de profesiones, impide que los periodistas puedan formar parte de la estructura de personal del sector público andaluz. Los periodistas que pertenecen, o han pertenecido, a la Junta de Andalucía solo tienen, o han tenido, contratos como eventuales y, en la mayoría de los casos, con denominaciones de categorías laborales ajenas a la suya y a las funciones que desempeñan. Igualmente impide que los licenciados o graduados en Periodismo o en Comunicación Audiovisual puedan participar en un concurso público para optar a una plaza de su especialidad y cometido.
No dice ni una palabra el comunicado acerca del modo y manera en que fueron contratados todos los periodistas a los que se refiere, ni si pasaron o no por pruebas regladas en concurrencia competitiva, igualdad de oportunidades y según mérito y capacidad.
En abril de 2013, a propuesta de la Asociación de la Prensa de Sevilla, el entonces presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, incluyó en el Pacto Andaluz por la Cultura, suscrito por la APS, la incorporación de la categoría laboral de "Periodista" en la RPT del sector público autonómico. Sin embargo, casi seis años después, ese compromiso no se ha cumplido.
Tras la convocatoria de las recientes elecciones andaluzas, la APS pidió a todos los partidos políticos que, una vez constituido el nuevo ejecutivo, desde el Gobierno o desde el Parlamento, se comprometiesen a incluir en la Relación de Puestos de Trabajo de la Junta de Andalucía la categoría laboral de "Periodista" o de "Técnico en comunicación".
También les demandó el compromiso de convocar un concurso oposición –lo que muestra que nunca hubo alguno para contratarlos–, para normalizar y regularizar la situación de los profesionales del periodismo que actualmente desempeñan su trabajo en la administración autonómica y para la convocatoria de las plazas estructurales que sean necesarias.