Antes incluso de las auditorías prometidas, de las que ya se verá su alcance, su profundidad y su intensidad, las alfombras comienzan a revelar lo que se esconde bajo su sombra. Hasta ahora se creía que era un ente de la administración conocida como "paralela", la Fundación Andaluza para el Fondo de Formación para el Empleo (FAFFE), la que contaba con tarjetas black, e incluso motejadas como sex-black por el destino de sus pagos. Pero no. A pesar de las negativas de Susana Díaz y su Junta, en el día en que se constituye el nuevo gobierno, ya han aparecido 18.
Destaca este lunes El Mundo que no era la FAFFE la única entidad que disponía de ellas a pesar de que el gobierno de Susana Díaz negó una y otra vez su existencia en la Administración autonómica. Pero precisamente porque la "administración paralela" se erigió para eludir controles, ya se ha reconocido que hay varios de los entes que la componen que han usado este tipo de tarjetas de crédito al menos desde 2015.
Mientras se investía a Juan Manuel Moreno en el Parlamento andaluz, la Consejería de la Presidencia, que ha ocupado hasta ahora el vicepresidente de la Junta y mano derecha de Susana Díaz, Manuel Jiménez Barrios, respondía a una pregunta formulada hace cuatro meses a Portal de la Transparencia, que ya se ve cómo funciona.
Horas antes de que se descubra cuál era la realidad, el gobierno de Susana Díaz ha reconocido ya que hay catorce tarjetas que utilizan diversos responsables de la administración opaca de la Junta, desde Canal Sur TV a la Escuela Andaluza de Salud Pública a la Fundación Doñana 21.
Otros entes que disponían de tarjetas son el Parque Científico y Tecnológico Cartuja S.A., el Parque Aeroespacial (Aerópolis); la empresa VEIASA, que se ocupa de la gestión de la Inspección Técnica de Vehículos en Andalucía, la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía S.A. o Cetursa S.A., que se encarga de la estación de esquí de Sierra Nevada.
Algunas de estas entidades han dispuesto de tres tarjetas, otras de dos y algunas de una. El dinero pagado con ellas asciende, por ahora, a casi 300.000 euros en sólo cuatro años, 2015-18. De ese dinero, alrededor de 100.000 euros fue gastado por la tarjeta usada por Cetursa, entidad presidida por la exconsejera de la Junta María José López, casi todos en 2017. El Parque Tecnológico de Andalucía gastó 75.160,87 euros desde sus tres tarjetas.
La Junta dice ahora que estas tarjetas son necesarias para que las entidades que las usan "puedan cumplir con las competencias y funciones que tienen legalmente asignadas" como, por ejemplo, el mantenimiento de páginas web, alquilar vehículos o pagar servicios como los de la Liga de Fútbol Profesional. Hasta hace bien poco, la Junta negaba la existencia de estas tarjetas.
La Junta redujo algunos entes pero no el personal
En la más que anunciada "reordenación" del sector púbico, la Junta redujo el número de entes que la componían pero no el personal que formaba parte de ellos. O sea, mera ingeniería de venta política. Lo ha revelado la Cámara de Cuentas de Andalucía en un reciente informe del que da cuenta ABC.
Desde el 27 de julio de 2010, cuando el Ejecutivo de José Antonio Griñán aprobó su plan de reforma, hasta finales de 2016, con Susana Díaz en el Palacio de San Telmo, la supuesta reforma "no ha afectado de forma significativa a una reducción del personal del sector público de la Junta de Andalucía, en la medida en que, en la mayoría de los casos, el personal se ha integrado en otra entidad preexistente o de nueva creación que queda subrogada en la posición jurídica derivada de las relaciones laborales de las entidades extinguidas".
Esto es, la Junta redujo el número de los entes pero incorporó a los que quedaron el personal de los que se extinguieron. Tras casi seis años de supuesta reconversión del obeso sector público andaluz, se han eliminado 39 de los 136 entes que dependían de la Junta, el 29 por ciento, pero el personal sólo se redujo en 61 personas, meramente un 0,2 por ciento. O sea, que la Junta fingió una reducción que se limitó a una "recolocación" en los entes resultantes.
En el caso de la FAFFE, especialmente estudiado por la Cámara de Cuentas y que tiene pendiente una Comisión de Investigación en el Parlamento andaluz, todo su personal se integró en la agencia Servicio Andaluz de Empleo y allí siguen con la categoría "personal laboral de la agencia", pero manteniendo las condiciones laborales y retributivas que tenía en la eliminada FAFFE, más ventajosas que las de los funcionarios, precisa ABC.
Es más: lejos de mermar la ingente cantidad de empleados "paralelos", se ha incrementado hasta los 27.304 actuales, todos ellos contratados sin las garantías exigidas por el Derecho Administrativo para los funcionarios públicos. Este crecimiento ha sido reconocido por la Junta hace unos días, cuando ya se estaba a punto de investir al nuevo presidente de la Junta.
O sea, que se sepa hasta el momento, hay 97 entidades donde la Junta es la autoridad decisiva, aunque al margen de la Administración ordinaria. El ahorro de la "reordenación" en gastos de personal sólo fue de 1,5 millones mientras que su coste es de casi 3.500 millones de euros al año, el 10 por ciento del presupuesto general anual de la Junta de Andalucía.
Curiosamente, el presidente de la Cámara, Antonio López, afín al PSOE andaluz, esperó a que Juan Manuel Moreno fuese investido para dar a conocer estos datos. Pero ahora se sabe que tampoco ha contado con toda la información porque según el informe: "No se han realizado las preceptivas comunicaciones periódicas relativas a los datos económicos y de empleo en relación con el resto de entidades del sector público de la Junta extinguidas".
Es más, diez de los 11 consorcios disueltos no aportaron su documentación a la Cámara de Cuentas. Tampoco lo hicieron seis de las 12 fundaciones ni dos de las tres agencias administrativas ni 14 de las 25 sociedades mercantiles. O sea, el levantamiento de las alfombras aún no ha comenzado en serio.