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La Fiscalía expondrá en el juicio que la "cascada de graves delitos" del 1-O constituyen ya la rebelión

Entiende que la suma de todos los delitos que se imputan a los golpistas constituyen ya por sí mismo un delito de rebelión.

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La Fiscalía expondrá en el juicio que la "cascada de graves delitos" del 1-O constituyen ya la rebelión
Los golpistas encarcelados. | EFE

La Fiscalía argumentará durante el juicio del 1-O en el Tribunal Supremo que la "cascada de graves delitos" cometidos en Cataluña antes y después de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre constituyen ya la rebelión.

El pasado mes de noviembre, el Ministerio Público presentaba su escrito de acusación en el que solicitaba una pena de 25 años de prisión para el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, por un delito de rebelión en su tipo agravado de malversación. Para el expresidente de la ANC, Jordi Sánchez; el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart; y la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, la Fiscalía solicitaba 17 años de prisión por rebelión. Por el mismo delito, reclamaba 16 años de cárcel para los exconsejeros catalanes Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, y Dolors Bassa.

Según las fuentes consultadas por Libertad Digital, en el marco del 1-O se registró una "cascada de delitos" que configuran ya por sí mismos el delito de rebelión. Cabe destacar, que el Ministerio Público considera que durante el proceso independentista en Cataluña se cometieron presuntos delitos de revelación de secretos, prevaricación, malversación, desobediencia, lesiones, resistencia a la autoridad, organización criminal, y por supuesto, al menos un delito de sedición. La Fiscalía entiende que todos estos delitos unidos con la citada sedición provocan que "reaparezca el delito de rebelión".

El delito de rebelión está incluido en el título de los delitos contra la Constitución del Código Penal (artículo 472) y castiga a quienes se "alcen violenta y públicamente" con distintos objetivos, entre ellos, "declarar la independencia de una parte del territorio nacional". El delito de rebelión también se refiere a quienes actúen con violencia para derogar la Constitución, despojar de sus prerrogativas al Rey, disolver las Cortes o sustituir un Gobierno por otro.

En nuestro país, sólo se ha condenado por rebelión a los autores del intento de golpe de Estado de 1981. Concretamente, a sus líderes, Antonio Tejero y Jaime Milans del Bosch, que fueron condenados a 30 años de prisión, la pena máxima prevista en el ordenamiento jurídico español para dicho delito. Con dicha pena, se castiga a los líderes y sólo cuando se hayan esgrimido armas, causado estragos o ejercido violencia grave contra las personas.

La "violencia" en la rebelión

Durante el último año, el aspecto más polémico que ha suscitado la calificación jurídica del delito de rebelión en el procés ha sido la existencia o no de violencia durante la organización y celebración del referéndum ilegal del 1-O. En este punto, cabe destacar que la Fiscalía apunta directamente al papel de los Mozos de Escuadra.

El Ministerio Fiscal sostiene que los agentes autonómicos catalanes se convirtieron en "un equipo armado al servicio de los fines independentistas de la Generalidad de Cataluña", a pesar de que su misión es la defensa de la Ley, el orden y la Constitución. No obstante, los Mozos de Escuadra se habrían actuado "al servicio contrario para frenar y neutralizar, con la apariencia de colaboración, la actuación de las fuerzas del orden constitucional y colocar a las ciudadanía en frente de esas fuerzas".

Cabe recordar, que la Policía catalana recibió el mandato judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de impedir todas las acciones relacionadas con la celebración del referéndum ilegal. Sin embargo, la actuación de los Mozos no evitó los enfrentamientos entre los independentistas y la Guardia Civil y la Policía Nacional.

El Ministerio Público tampoco se olvidará de otros capítulos como la detención ilegal de las 14 personas. que integraban la comisión judicial, retenidas a la fuerza durante el registro de la Consejería de Economía catalana, mientras eran rodeados en la calle por 60.000 personas lideradas por el entonces presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart. En este episodio, varios coches patrulla de la Guardia Civil fueron destruidos y pisoteados por la multitud. Los propios Jordis se subieron en uno de ellos, mientras se dirigían por megafonía a los independentistas congregados.

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