El Sindicato Andaluz de Funcionarios, que agrupa fundamentalmente a los funcionarios de carrera, ha solicitado al nuevo gobierno andaluz, a través de un documento de cuestiones prioritarias, una administración pública profesional, democrática, despolitizada y no corrupta.
Según su criterio, el colectivo funcionarial ha sido "vapuleado, ninguneado y desprestigiado por los gobiernos socialistas anteriores." Por ello, esperan del gobierno que preside Juan Manuel Moreno Bonilla que siga un camino que conduzca a:
- Despolitización de la Función Pública: Eliminación de todos los puestos de libre designación -a dedo- como forma de provisión de puestos de trabajo. Todos los puestos de trabajo deben ser ocupados mediante concurso de méritos y no al capricho del político de turno.
- Derogación de la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público –Ley del Enchufismo–. Contra ella se manifestaron decenas de miles de funcionarios y empleados públicos en Sevilla poco antes de las elecciones de 2012 pero la alianza del PSOE e IU frustró su derogación. La ley fue recurrida por el PP ante el Tribunal Constitucional y gracias a ella entraron a formar parte de la administración pública miles de enchufados provenientes de fundaciones, empresas públicas y demás chiringuitos del entramado de la "administración paralela".
- Eliminación de los organismos, del sector público instrumental, innecesarios y superfluos. Existen en la actualidad un sinfín de organismos que sólo han tenido como función principal la de servir de agencia de colocación por afinidad familiar y política del partido gobernante durante 37 años. Hay duplicidad de organismos para una misma competencia.
- Necesidad de reducir el número de los empleados del personal externo "colocado" a dedo. El excesivo peso de la masa laboral –personal externo– sobre la funcionarial, cuyos datos son alarmantes, hacen precisa la amortización del personal sobrante, mucho del cual se encuentra "mano sobre mano", como los de la FAFFE, aplicando el Estatuto de los Trabajadores.
- Negociación colectiva y constitución de la Mesa General de Funcionarios. El ordeno y mando de los gobiernos socialistas debe dar paso a la negociación legalmente prevista pero que nunca ha sido puesta en marcha gracias a la complicidad de CCOO, UGT y CSIF.
- Aprobación de la nueva Ley de Función Pública. Desde el año 2007 que entró en vigor el EBEP, por parte del gobierno andaluz no ha sido objeto de aprobación la citada Ley. La actual (Ley 6/1985), con 34 años de vigencia, ha quedado totalmente obsoleta.
- Salvaguarda de las potestades administrativas en el personal funcionario y delimitación de las mismas. La falta de delimitación de las potestades administrativas ha supuesto que personal laboral subrogado ha llegado incluso a ejercerlas sin la más mínima presencia de personal funcionario. Por ello, es imprescindible una delimitación de las citadas potestades acorde a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del TSJA sobre las mismas.
- Establecimiento del sistema de oposición como único procedimiento en el acceso inicial a la condición de funcionario de carrera en la administración andaluza. El SAF siempre ha defendido y defenderá este sistema por ser el más justo y en el cual todos los aspirantes compiten en igualdad. El concurso-oposición se establecería únicamente para la promoción interna.
- Implantación del Teletrabajo. La nueva Ley de Función Pública tiene que regular la implantación del Teletrabajo en la administración autonómica. Son numerosas administraciones públicas en España que ya la tienen implementada. Motivos hay de sobra, entre el que destaca el poder conciliar la vida laboral y familiar de los funcionarios (discapacidad, víctimas de violencia de género, menores a cargo, etc.).
Consecuentemente, además de la derogación de la ley del "enchufismo" del gobierno Griñán se piden otras derogaciones como la de la Ley 2/2016 de 11 de mayo, por la que se modifica la ley 6/1985, en materia de valoración de la antigüedad a efectos de méritos; la del Decreto Ley 5/2013, de 2 de abril que regula la contratación de interinos y la del Decreto 2/2002, que reglamenta el Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la administración general.
Además, relacionan otra serie de medidas, entre las que hay que destacar como el establecimiento del concurso de méritos abierto y permanente y de la movilidad voluntaria interadministrativa con la Administración del Estado, con otras Administraciones Autonómicas y con las Entidades Locales.
Se pide también la eliminación de las subvenciones a organizaciones sindicales, la supresión de la bonificación de los alquileres de vivienda a los altos cargos y el fin de las cesantías para los altos cargos.