Eduardo Zaplana fue detenido el 22 de mayo de 2018 en el marco de la Operación Erial y desde entonces se encuentra en prisión provisional. Padece una leucemia muy grave. A pesar de su deteriorado estado de salud y de las sucesivas peticiones de su defensa por sustituir la cárcel por un arresto domiciliario, la titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia, Isabel Rodríguez, mantiene su encarcelamiento.
Hasta el momento, la Fiscalía tampoco ha solicitado modificar su situación de privación de libertad y la Audiencia Provincial de Valencia ha ratificado la decisión de mantener encarcelado a Zaplana en el centro penitenciario de Picassent. Actualmente, es tratado en el Hospital la Fe de Valencia donde fue trasladado debido al empeoramiento de su salud. Ha recuperado algo de peso, sin embargo, en cualquier momento podría ordenarse su vuelta a prisión y su salud volvería a resentirse.
El caso del exdirigente del PP ha levantado una gran polémica y un debate entre el mundo judicial y la opinión pública. Además, hay muchas preguntas sin responder. ¿No se puede sustituir la prisión provisional por el arresto domiciliario como recoge la Ley? ¿Por qué una causa que se comenzó a investigar en 2015 sigue secreta casi 4 años después? ¿La justicia es inhumana con los investigados por corrupción y delitos económicos, mientras es más comprensiva con delitos terroristas (caso Bolinaga)?
El artículo 508 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Lecrim señala que "el juez o tribunal podrá acordar que la medida de prisión provisional del investigado o encausado se verifique en su domicilio, con las medidas de vigilancia que resulten necesarias, cuando por razón de enfermedad el internamiento entrañe grave peligro para su salud. El juez o tribunal podrá autorizar que el investigado o encausado salga de su domicilio durante las horas necesarias para el tratamiento de su enfermedad, siempre con la vigilancia precisa". ¿Por qué no se aplica este artículo en el caso Zaplana?
Libertad Digital se ha puesto en contacto con diversos juristas y abogados penalistas de reconocido prestigio, que defienden a investigados y condenados por corrupción, para que opinen y valoren la prisión provisional impuesta al expresidente de la Generalidad valenciana, a pesar de su cáncer y de su deteriorado estado de Salud.
El que fuera juez instructor de la Audiencia Nacional y actualmente abogado, Javier Gómez de Liaño, hace estas consideraciones sobre la prisión provisional de Zaplana: "Soy enemigo declarado de la prisión provisional absoluta, cualquier castigo que se imponga a un hombre sin ser oído y declarado culpable va en contra la ley. Además de incorrectas en el fondo, las resoluciones judiciales cuestión también lo son en la forma. La prisión preventiva incondicional de Zaplana es una forma de trato cruel, inhumano y degradante".
Adolfo Prego fue magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y actualmente ejerce como abogado: "Es una salvajada, un escándalo y un encarnizamiento lo que está sucediendo con Eduardo Zaplana. Un enfermo moribundo no puede sustraerse de la acción de la justicia, ni fugarse. En toda mi carrera judicial jamás había visto un caso como éste. La prisión provisional no puede convertirse en un cumplimiento de pena por adelantado".
El abogado del exfutbolista Cristiano Ronaldo o del denominado cerebro de la trama Púnica David Marjaliza, José Antonio Choclán, también opina en LD: "Es una salvajada. En España, nos gusta mucho la prisión provisional. Se ha convertido en ordinario, lo que es extraordinario. La prisión provisional no puede prolongarse a merced de que dure más o menos una investigación. Hay unos plazos que deberían respetarse y no se respetan. El caso Zaplana es un caso sangrante por razones humanitarias. La insensibilidad es extraordinaria. Nunca un fin que es el éxito del proceso puede prevalecer sobre la salud del investigado, que tiene el derecho fundamental a la presunción de inocencia".
El abogado de Francisco Granados que permaneció 2 años y 8 meses en prisión provisional por la trama Púnica, y del Ávaro Pérez "El bigotes" condenado en el caso Gürtel, Javier Vasallo, se refiere a la situación del exministro: "Procesalmente, mantenerle en prisión es la muerte de una crónica anunciada. Esto se tiene que acabar, es un auténtico despropósito. El estado de salud es lo primero y la instrucción pasado el tiempo que ha pasado no justifica la prisión provisional. ¿Cuánto tiempo más va a necesitar la instrucción? Hay medidas cautelares sustitutivas y acordes con su estado de salud. Parece que los delitos económicos y de corrupción parecen peores que los delitos de terrorismo. Me parece deplorable, una atrocidad, un sinsentido".
El abogado penalista, Juan Carlos Navarro, defiende al líder de la trama Gürtel, Francisco Correa. "En España, la prisión provisional se excede y se convierte en una condena anticipada. En este procedimiento, la prisión no sólo corresponde a la juez que instruye. La Fiscalía Anticorrupción mantiene la prisión. Se está llevando una situación desproporcionada por el secreto de sumario y por no conocer los delitos por los que se le está investigando. La Ley contempla que en estos casos puede haber una prisión domiciliaria atenuada y no sé, porque no se aplica por motivos de humanidad".
Pendientes de una nueva petición a la juez
La familia de Eduardo Zaplana y su letrado, Daniel Campos, esperan con mucha preocupación la decisión de la juez, tras su última petición de sustituir la prisión por el arresto domiciliario. Dicha petición se presentó a finales de diciembre y la juez aún no ha respondido a diferencia de las otras ocasiones en las que lo hizo negativamente con mucha celeridad. Esta circunstancia alimenta la esperanza en el entorno del expresidente valenciano.
Esta semana, la juez trasladaba a los forenses la documentación médica procedente de la prisión. Ahora los forenses deberán valorar el estado del exministro. A pesar de que varios informes médicos alertan sobre su estado de salud y la posibilidad de que pueda fallecer cualquier día, la instructora del caso no ha dado de momento su brazo a torcer.