Las decisiones judiciales no están acompañando al Ministerio de Defensa y están poniendo en entredicho la que ha podido ser, internamente, la decisión más polémica y controvertida que ha tomado la ministra Margarita Robles desde que hace ocho meses se pusiese al frente del departamento. Una decisión que es reflejo del malestar en el seno de las Fuerzas Armadas con el papel que están jugando algunos de sus más inmediatos colaboradores.
El pasado agosto decidió purgar y acabar con la carrera militar del vicealmirante de la Armada Alfonso Gómez Fernández de Córdoba. Lo hizo decretando su pase a la reserva por decisión del Consejo de Ministros, una decisión que sólo había tenido dos precedentes y por hechos muy graves. El del teniente general José Mena por criticar el Estatuto catalán en 2006 y el del teniente general José Antonio Beltrán por las falsas identificaciones del Yak-42.
La razón en este caso es que el militar, entonces subdirector de Reclutamiento y Orientación Laboral del Ministerio, hizo dos recomendaciones que no gustaron e iban en contra de lo que quería su superiora política, la dirigente socialista Amparo Valcarce, que gracias a su cercanía con Margarita Robles ocupa el puesto de directora general de Reclutamiento y Enseñanza Militar del Ministerio.
La primera de las recomendaciones era no repetir las oposiciones a psicólogos militares pese al recurso judicial de dos aspirantes que llevaban tatuajes. La decisión de Robles y Valcarce, desoyendo al militar, ha creado ahora un lio judicial muchísimo mayor. La otra era no retirarse del Salón de la Educación de Barcelona, una decisión que se había tomado y que tras filtrarse a los medios de comunicación fue finalmente rectificada.
Al vicealmirante de la Armada todavía le quedaban al menos cuatro años de carrera militar en su actual rango, que es el equivalente al de general de División en el Ejército de Tierra o el del Aire, y tenía posibilidades reales de ascenso a almirante, lo que extendería en otros dos años más su carrera militar. Pero algunos dirigentes del ministerio no aceptan que se hagan recomendaciones profesionales que no coincidan con sus planteamientos políticos.
El primer revés judicial al Ministerio de Defensa llegó semanas después de la decisión del Consejo de Ministros. Tras el recurso de Gómez Fernández de Córdoba, los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo –antiguos compañeros de la ministra– le dieron la razón al militar, le devolvió al servicio activo y obligaron al departamento de Robles a buscarle un destino que fuera acorde a su cargo.
El destino propuesto por Defensa fue el de Alto Representante del Ministerio para los actos de conmemoración de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Un puesto honorífico y más propio de un militar en la reserva. El Supremo no se dejó engañar y revocó ese nombramiento, causando el segundo varapalo judicial al departamento de Margarita Robles en este tema.
Con el mismo objetivo de cumplir la sentencia del Supremo pero sin cumplirla, Robles nombró al vicealmirante para el puesto de asesor del Secretario General Técnico (SEGENTE). Ese puesto llevaba sin ser cubierto doce años y el último militar que lo ocupó estaba en la reserva. Volvía a ser otro intento de buscar una ubicación al vicealmirante que no estuviese acorde con su rango para seguir castigándole.
Sin embargo, el Supremo no ha tragado con el nuevo intento de engaño y ha dado el tercer revés en este tema a la ministra. En una providencia hecha pública el pasado 22 de enero anula ese nombramiento y recuerda al departamento de Robles que el vicealmirante está habilitado para "concurrir a las convocatorias de puestos de trabajo propios de un vicealmirante del Cuerpo General de la Marina en situación de servicio activo".