La Junta de Andalucía no quiso seguir siendo acusación particular en el caso del procedimiento específico de los ERE y abandonó su obligación de defender los intereses generales de los andaluces en el caso, habida cuenta de los delitos de prevaricación y malversación contemplados. Quedan aún unos meses para conocer la sentencia del Tribunal de la Audiencia Provincial que pondrá fin, al menos provisionalmente a causa de los posibles recursos, al caso.
Pero quedaban casi dos centenares de piezas pendientes del caso ERE –187 según Diario de Sevilla– que tienen como objeto las ayudas concretas que se dieron a empresas, a trabajadores y a otros de forma irregular y arbitraria y en todas ellas. De las 146 piezas que siguen vivas, se tiene conocimiento de que la Junta sí está personada en ellas como acusación.
Fue, pues, la propia Junta de Andalucía, cuando la dirigía Susana Díaz, la que abrió la puerta de la impunidad en el caso de los ERE, una impunidad que puede llevar a que no pueda recuperarse el dinero utilizado irregularmente en ayudas presuntamente arbitrarias e irregulares. De hecho, el Tribunal Constitucional así lo ha considerado.
Fue la Junta de Andalucía la que decidió no acusar a los 21 ex altos cargos que se sientan en el banquillo de los acusados del juicio sobre el procedimiento utilizado en el caso ERE tras haber protagonizado una anómala acusación particular que pareció, incluso en medios judiciales y de forma explícita, una defensa encubierta de los acusados. Finalmente, la Junta se retiró como acusación del caso, quedando sólo ejercitantes de tal función la Fiscalía, el PP y Manos Limpias.
Cuando se le pidieron explicaciones, la Junta argumentó que podría volver a acusar a estos ex altos cargos y a otros implicados en las demás piezas que componen el puzle del caso ERE en su conjunto. Pero la Audiencia Provincial de Sevilla, desde su sección séptima asentó formalmente el principio de que nadie puede ser juzgado y castigado dos veces por el mismo delito.
Dado que en el caso que, del procedimiento específico pendiente de sentencia en la Audiencia de Sevilla, los delitos contemplados son el de prevaricación y malversación, ninguno de los procesados podría volver a serlo en cualquiera de los sumarios restantes del caso por esos mismos delitos. Naturalmente, la juez Núñez Bolaños comenzó a excluir a estos ex altos cargos de las demás piezas que sigue instruyendo y lo sigue haciendo de forma ya sistemática.
A pesar de que la juez Alaya advirtió contra el peligro de parcelar la causa de los ERE, tanto la Fiscalía, como la juez Bolaños, como la Audiencia e incluso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estuvieron de acuerdo en la necesidad de ese troceo que ha conducido, finalmente, a la conclusión que profetizara la juez Alaya: la pérdida de vista de la generalidad de la causa y la impunidad.
Comprobados los efectos de su retirada del caso y del troceo de este, tanto la Junta como la Fiscalía han querido volver a la casilla de partida. La Junta interpuso el pasado mes de noviembre un recurso de amparo ante el TC por creer vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva como acusación –el auto de la Audiencia se dictó en período vacacional, agosto, pero admitido como hábil en la causa–, por lo que pedía la anulación de la decisión de la Audiencia Provincial de juzgar a los acusados una sola vez por los mismos delitos.
En su recurso, tómese nota, los propios letrados de la Junta admitieron que había delitos que iban a quedar impunes y se quejaron de que el acceso de la Junta a la acción penal para perseguir tales hechos y, como consecuencia, quedaba cerrado y quedaban los mismos impunes a pesar de que, indiciariamente, habrían provocado un enorme quebranto a la Hacienda Pública, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva de la Junta".
El TC no ha considerado que la Junta haya sido desamparada –en todo caso se deduce que lo fue por sí misma–, porque fue ella la que se retiró del caso y no acusó de nada a los 22 ex altos cargos. La Junta adujo, luego, que lo hizo creyendo que podría acusarlos en las demás piezas pendientes del caso. Como consecuencia, será difícil saber qué será de los 741 millones empleados de forma irregular y qué será de quienes sean considerados responsables. Se espera ahora una actuación de la Fiscalía.
Pero por lo que se ve, la impunidad, a menos que la Junta tome decisiones de calado, va a ser el destino de los millones perdidos en el caso ERE.
Núñez Bolaños vuelve a enfrentarse a la Fiscalía
Sigue en sus trece. La juez María Núñez Bolaños ha taponado el nuevo intento de la Fiscalía para que, una vez sentenciado el juicio de los ERE, puedan ser enjuiciados los ex altos cargos en el resto de las piezas que siguen en instrucción, hayan sido juzgados en el caso pendiente de sentencia o no.
Pero, como es conocido, fue la Audiencia Provincial de Sevilla la que sentó criterio cuando impidió que pudiera enjuiciarse a los acusados dos veces por los mismos delitos, aunque fuese en piezas distintas. Por ello, la Fiscalía Anticorrupción, cuando el grupo Joly, presentó el pasado 16 de enero un escrito en el que solicitaba a la juez Bolaños que permitiera el enjuiciamiento del ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía en la pieza en la que se investigan las ayudas concedidas al Centro para la Formación y Prevención Laboral (Cenforpre).
En esta pieza, que tiene pendiente que se fije la fecha del juicio, está acusado el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, mientras que Antonio Fernández había sido excluido en aplicación de la doctrina de la Sección Séptima de la Audiencia.
Pero la instructora, María Núñez Bolaños, ha rechazado la inclusión de Antonio Fernández en este proceso, aludiendo a que el ex consejero fue excluido por la Audiencia en un auto del 15 de septiembre de 2017, que estimó un recurso presentado por el abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que representa a Antonio Fernández.
La Fiscalía aducía que, en su escrito de conclusiones provisionales del juicio seguido en Sevilla con Manuel Chaves, José Antonio Griñán y 19 ex altos cargos más, introdujo modificaciones que permitían nuevos enjuiciamientos de los procesados en los casos pendientes del sumario de los ERE. La modificación consistía en que quedó claro que el juicio por el procedimiento específico no guardaba relación con los demás juicios pendientes por las ayudas concretas.
Pero la juez Bolaños, con fecha 18 de enero, ha desestimado la petición de Anticorrupción porque entiende que el fiscal sólo ha realizado "una nueva redacción, un cambio formal, que no sustancial, puesto que los hechos y la acusación siguen siendo los mismos".
Es decisivo que el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía concrete si, como la Fiscalía, exige o no el procesamiento de los ex altos cargos en las piezas separadas, como hasta ahora era su posición.