Y eso tiene lugar antes de que la Cámara de Cuentas de Andalucía, que ha recibido el encargo del nuevo gobierno de realizar 12 auditorías de agencias autonómicas consideradas administración paralela aunque no de toda ella, ni de toda la Junta, algo realmente sorprendente si lo que se busca es, realmente, el cambio y no un mero paripé.
Ha sido su trabajo ordinario de contabilizar las cuentas públicas el que ha revelado que 148 contratos de varios organismos dependientes de la Junta que incumplirían la Ley de Contratos del Sector Público, al tratarse de posibles fraccionamientos para posibilitar la "adjudicación directa" a los mismos empresarios, informa el grupo Joly.
Se refiere el informe al año 2015 y el importe total de los contratos fraccionados ascendería a más de 1,6 millones de euros.
Es la Agencia Pública Empresarial Hospital Poniente de Almería la que se lleva la parte del león de los 148 contratos detectados con irregularidades. Esta agencia, que gestiona el Hospital de El Ejido, acumula 63 contratos fraccionados con un importe de casi tres cuartos de millón de euros.
A continuación, se sitúa la ya superfamosa Agencia IDEA, perejil de muchas de las salsas de irregularidades de la Junta de Andalucía, que cuenta con 46 contratos de servicios fraccionados por un importe de 273.670 euros.
Del total, nueve corresponden a obras –por un importe de 380.220 euros– y 139 a servicios –que suman un total de 1.249.000 euros–.
¿Por qué fraccionar los contratos que podrían ser mayores? Porque en estos contratos menores se reiteraban los mismos conceptos, y sumados entre sí alcanzan cantidades que hubieran obligado a tramitar la adjudicación mediante un procedimiento abierto, según el análisis del órgano auditor. Esto es, se fracciona para eludir el concurso libre, abierto y con competencia. Esto es, para ser adjudicado a dedo.
La Cámara de Cuentas ya denunció esa forma de contratación irregular: "Las actuaciones descritas, además de contrariar el principio de buena administración, pudieran constituir un incumplimiento del artículo 86,2 del TRLCSP (Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público), al suponer un fraccionamiento del objeto del contrato".
Según la Cámara, la Junta abusaría de esos contratos menores (que no tienen que salir a concurso público por no pasar los límites económicos establecidos en la ley) para introducir la arbitrariedad. Y esa parece ser la intención ya que, en muchos casos, sigue diciendo Diario de Sevilla, se ajustan sospechosamente a las cantidades máximas, de 50.000 euros (en caso de obras) y 18.000 euros (del resto de servicios) para seguir siendo contratos menores.
Por ello, la Cámara destaca que parecen fraccionamientos que permiten la "adjudicación directa a cualquier empresario" con capacidad de prestar servicios a la Administración sin concurso eludiendo de ese modo una unificación que impediría que el contrato fuera a parar a quien no se desea. La Cámara advierte que estas situaciones de irregularidad manifiesta pueden dar lugar a penalizaciones a la Administración autonómica en la obtención de fondos europeos como los Feder, que exigen la máxima transparencia para concederse.