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Los errores del gobierno socialista cuestan a los andaluces 230 millones

Casi tanto como lo dejado de ingresar por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

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Se ha sabido ahora que la Junta de Andalucía omitió hacer un trámite medioambiental de obligado cumplimiento y que, como consecuencia, el Gobierno ya en funciones de Susana Díaz tuvo que hacer frente a una indemnización de 63,31 millones de euros para reparar los daños ocasionados a Nueva Generadora del Sur S.A. El dato no salió publicado.

La Junta anuló y paralizó el proyecto de una central eléctrica en la localidad gaditana de San Roque durante tres años y cuatro meses, informa ABC. El forzoso parón de actividad obligó a la compañía a despedir a 36 trabajadores y a desmontar el tendido de alta tensión. Hace unos días, se han tenido que pagar con dinero de los andaluces los más de 63 millones de ha costado indemnizar a la empresa.

Pero no es la primera vez que errores de la Junta cuestan dinero a los andaluces. Libertad Digital ya informó hace años del caso Nevada, que ha implicado finalmente tener que pagar al empresario Tomás Olivo nada menos que 168,16 millones de euros por haber paralizado durante siete años las obras de su Centro Comercial Nevada situado en el municipio granadino de Armilla.

Es la segunda vez que una equivocación pasa factura a la Junta, que ha tenido que resarcir con 168,16 millones al empresario Tomás Olivo por frenar durante siete años las obras del Centro Comercial Nevada, en el municipio granadino de Armilla.

El PP exigió en 2017 un pleno parlamentario para tratar del caso Nevada, cuya conclusión fue que la Junta debía indemnizar al empresario Tomás Olivo, promotor del centro comercial Nevada situado en Granada, con cerca de 170 millones de euros, poco menos del presupuesto de toda la Consejería de Cultura para 2017. El motivo de la sentencia contra la Junta es haber paralizado, indebidamente y durante años, la obra de construcción.

El caso es que en los documentos judiciales se habló incluso de errores e inexplicables comportamientos de los servicios jurídicos de la Junta. Según Diario de Sevilla, incluso se dio el caso de que los letrados de la Junta no asistieron a la vista judicial de 2016 en la que se decidió la abultada indemnización al empresario.

Ahora, el pasado 10 de mayo de 2017 la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condenó a la Administración a resarcir con intereses a la promotora eléctrica.

La Consejería de Medio Ambiente rehusó emitir una nueva declaración de impacto ambiental (DIA) tras modificarse el proyecto de la línea de alta tensión para salvar un núcleo de edificaciones ilegales existentes en su primitivo trazado.

Pero un particular decidió acudir a los tribunales en 2003 y recurrir el proyecto que obligaba a expropiar una finca suya en la zona de Albarracín, en el término municipal de San Roque. La Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA dio la razón a este propietario mediante una sentencia dictada el 30 de enero de 2009 que dejaba sin efecto la aprobación del proyecto y obligaba a desmantelar la instalación y reiniciarla desde cero.

Al contrario de lo que pensaba la Junta de Andalucía, la Sala concluyó que la modificación del trazado de la línea eléctrica respecto a la originariamente aprobada "debía haber sido sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental". Su omisión determinó «la nulidad» del proyecto. Tanto la Administración como la empresa eléctrica discreparon de la sentencia tanto en el fondo como la forma. Su pugna jurídica desembocó en una cascada de recursos de casación ante el Tribunal Supremo que no tuvieron un desenlace feliz para los intereses de ambos.

Finalmente, la Junta ha tenido que asumir una factura millonaria porque la sentencia del TSJA concluyó que ninguna "dejadez o negligencia en la demolición del tendido eléctrico" puede achacarse a la compañía, que "puso en conocimiento de la Administración el cambio de trazado para la obtención de la nueva declaración ambiental", que "no le fue expedida por el criterio que se ha revelado erróneo" del Gobierno andaluz.

Aunque las cifras bailan sobre lo recaudado efectivamente por el Impuesto de Sucesiones, ahora a punto de ser eliminado en un 99 por cientos, las dos indemnizaciones a pagar por la Junta como consecuencia de errores del gobierno socialista alcanza casi a las cantidades barajadas.

De hecho, ambas indemnizaciones suponen 230 millones de euros mientras que la cantidad que podría dejar de recaudarse por el impuesto aludido a finales de 2018 podría no superar los 250 millones de euros.

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