Como es habitual en todos los nuevos gobiernos, sean del color que sean, el tema de la herencia recibida es asunto estelar los primeros meses de andadura. El nuevo gobierno andaluz no es una excepción. Ha sido el propio presidente Juan Manuel Moreno el que ha mencionado las palabras "herencia envenenada" mientras no decía una palabra sobre el nombramiento de un "mediador" entre separatistas catalanes y gobierno español, situación que deja a Andalucía en la segunda división de las regiones, junto con las demás.
Como ejemplo puso la situación de la Sanidad andaluza. Sólo en este campo, se necesitan 2.000 millones de euros para hacer que funcione adecuadamente y "son 2.000 millones que no están, por lo que se requiere de audacia, inteligencia, estirar el euro público y saber escuchar a los profesionales". Precisó, eso sí, que la despolitización de la administración sanitaria no es algo que requiera dinero.
A ello hay que unir la situación de los dineros presupuestados y no ejecutados. Por ejemplo, la nueva consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha advertido que tiene 212 millones de euros para gastar que estaban presupuestados y no utilizados. Se trata de fondos destinados a la agroindustria en la región del Plan de Desarrollo Rural 2013-2017 que no se han invertido realmente.
O sea, en sus propias palabras, Moreno tiene un "problemón" con su falta de recursos líquidos, con la burocracia irregular que espanta a los inversores y una miríada de leyes, de las que destacó sus contradicciones. Cómo hacer que Andalucía sea una región receptiva a inversiones y al desarrollo va a exigir no nuevas leyes, sino quitar bastantes de las que hay.
Moreno, por ello, ya ha anunciado que la "herencia" socialista es el obstáculo que impedirá afrontar la bajada de impuestos prometida de manera inmediata porque sencillamente no hay dinero. Europa Press lo define más: esperaba tener más capacidad de gasto, pero la liquidez contable es muy, muy escasa.
Una de las opciones es la venta de suelo público, política ya emprendida por el gobierno socialista desde hace muchos años. Moreno ha calculado que podrá obtener por este medio entre 500 y 700 millones de euros, pero desde 2015 la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, antes Empresa Pública del Suelo Andaluz, sólo ha conseguido unas decenas, 61 por concretarlo más. Desde que comenzó la enajenación de suelo en 1986, sólo se han obtenido 520 millones de euros, por lo que los datos de Moreno parecen demasiado optimistas.
Eso sí, hay otros departamentos de la Junta que pueden vender suelo, pero hasta ahora no se ha hecho público un inventario detallado ni calculado qué podría obtenerse ni que terrenos ni inmuebles podrían resultar afectados.
El número de la "herencia envenenada": casi 6.000 millones
La herencia envenenada legada por el PSOE fue cuantificada ayer por el vicepresidente Juan Marín en 5.000 millones de euros, sólo en lo que se refiere a las subvenciones investigadas en los tribunales, pero si se le suman las deudas judiciales de la Junta la cifra se acerca a los 6.000 millones de euros, lo que representa casi el 15 por ciento del total de un presupuesto anual de la Junta que se sitúan en torno a los 34.000 millones de euros.
Sumando los dineros implicados en los casos ERE, Invercaria, Avales de la agencia IDEA a empresas, Transferencias de financiación a la agencia IDEA, Facturas falsas de UGT y los casos Marismas, Delphi, Bahía Competitiva o el uso irregular de tarjetas de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) se obtiene una cantidad que asciende a 5.000 millones de euros. Pero ayer mismo, el propio Marín cifró las indemnizaciones derivadas de reveses judiciales en otros 800 millones de euros.
Ante esta situación, las primeras medidas del nuevo gobierno andaluz son la constitución de una Oficina Antifraude y la constitución de una comisión parlamentaria de investigación sobe el caso FAFFE, que resucite la que ya fue aprobada en la legislatura anterior pero que decayó como consecuencia de la convocatoria electoral.
Sabido es que de todos los casos de corrupción investigados en los tribunales y que tienen como centro de atención la Junta de Andalucía, sólo el de los ERE está siendo juzgado y sólo en parte, la relativa al procedimiento o fondo de reptiles utilizado. Quedan todos los demás juicios del caso ERE y todos los demás casos arriba relacionados. Por tanto, la legislatura contemplará una y otra vez cómo el banquillo de los acusados se llena de ex altos cargos de la Junta.
Por ello, la creación de una Oficina contra el Fraude y la Corrupción es esencial para averiguar qué hay bajo las alfombrase impedir que haya suciedad bajo ellas en el futuro. El propio presidente Moreno ha asegurado que, aunque es difícil sorprenderse ya a estas alturas, no se descartan nuevas sorpresas.
Esta Oficina fue un compromiso de Ciudadanos y el PSOE en la pasada legislatura, pero nunca se puso en marcha. Ayer, como consecuencia acuerdo de gobierno PP-Ciudadanos, decidió crearse esta Oficina mediante ley que contemple alguna capacidad sancionadora y de supervisión de la legalidad de la entrega de fondos públicos. Esta Oficina será un puntal de la Consejería de Regeneración Democrática, Turismo y Justicia que dirige Juan Marín y su base legal será el decreto que elaboró la Junta de Susana Díaz, pero nunca llegó a consumarse.
El primer incumplimiento clamoroso del nuevo gobierno se refiere a los alquileres que se les pagan a los altos cargos que tienen que desplazarse de otras provincias a Sevilla para desempeñar sus funciones. A pesar de sus denuncias anteriores, el nuevo gobierno ha decidido seguir con estos pagos, decisión que le costó al vicepresidente bis del PP, Elías Bendodo, un apurado reconocimiento.
De todos modos, se recordará, con ABC, que el 6 de septiembre de 2016, el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, criticó a Susana Díaz por facilitar vivienda gratis a sus altos cargos. «Es prescindible la calidad en la educación o la sanidad, pero no es prescindible pagar la vivienda a los altos cargos o la maquinaria política que ha engrasado en torno a la Junta de Andalucía», dijo entonces. Pues el plus mensual para cubrir alquileres de altos cargos desplazados, seguirá vigente.
Los nuevos nombramientos aportan más poder a Marín
El más espectacular de ellos, si bien nada inesperado, ha sido el de la Elena Sumariva Gallego, que era la empleada-abogada que tenía en la relojería joyería de su padre en Sanlúcar el propio Juan Marín hasta que la condujo a la política sanluqueña, donde hasta ayer mismo era concejal. Ahora pues, otra miembro más del clan de la Manzanilla pasa a formar parte del gobierno andaluz en el puesto de secretaria para las Relaciones con el Parlamento con despacho al lado de Marín. Véanse todos en la página de la Junta.
Importante es el nombramiento de la consejería de Presidencia, regentada por el popular Elías Bendodo, que ha hecho a Natalia Márquez García, directora general de Función Pública. Es funcionaria del Estado, y ha sido jefa de Recursos Humanos en la Delegación del Gobierno en Andalucía. De ella se espera la recuperación del Derecho Administrativo frente a la arbitrariedad heredada y la devolución a los funcionarios de sus potestades legales suplantadas y usurpadas en no pocas ocasiones por los "paralelos". No despierta entusiasmo por ahora en las organizaciones más activas de funcionarios.
Ha habido dos concesiones a Juan Ignacio Zoido y a María Dolores Cospedal. José Antonio Nieto ha sido finalmente nombrado portavoz del grupo parlamentario popular en la Cámara andaluza y la arquitecta Alicia Martínez, de la mesa camilla de Zoido, pasa a la secretaría general de Vivienda.
En cuanto a los casadistas puros, sigue la decepción si bien la ex diputada que fue martillo pilón del PSOE en el caso ERE y el de las tarjetas FAFFE, Teresa Ruiz Sillero ha sido designada senadora por Andalucía, junto a Javier Arenas. Antonio Repullo, de la órbita de Nieto, queda en la delegación de la Junta en Córdoba y Ricardo Sánchez, casadista, deja la alcaldía de Mairena del Aljarafe para ser delegado de la Junta en Córdoba. hasta ahora alcalde de Mairena, en Sevilla, será el delegado del Gobierno en esta provincia.