La trayectoria de la juez María Núñez Bolaños, desde que llegó al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla que ocupaba la juez Mercedes Alaya, ha sido discutida, alejada de las acusaciones, incluso de la Fiscalía, y sospechosamente próxima a las posiciones de los dirigentes socialistas implicados en los diferentes macrocasos de corrupción que se sustancian en los juzgados sevillanos.
Pero lo que hizo ayer, sacar de la sala a una testigo tras su declaración sobre el caso FAFFE – la fundación conocida por su enchufismo generalizado, por las tarjetas black y otros escándalos–, que perjudicaba notablemente a los dirigentes socialistas imputados, y hablar con ella en privado sin presencia de los abogados, raya en lo escandaloso.
Los hechos los ha referido ABC en su edición de hoy. Según este diario, la juez Bolaños preguntó a la testigo si se había leído su declaración ante la Guardia Civil en el marco del caso Fundación Andaluza del Fondo de Formación para el Empleo cuando la testigo la había ratificado completamente.
Los abogados de la acusación protestaron porque la testigo, cuyas iniciales son M.R.A.G, había dejado claro que los agentes fueron cordiales con ella, que se leyó el acta de la declaración y la firmó. Pero la juez Núñez pareció querer hacerla dudar de esta ratificación cuando la grabación audiovisual de la sesión estaba suspendida porque había terminado. Sabido es que judicialmente lo que no está grabado en la sala no existe.
Tras las advertencias de los abogados ante la anomalía, la juez Bolaños sacó de la sala a la testigo para poder hablar en privado con ella sin presencia de los letrados, causando el natural escándalo.
Cuando regresó a la sala tras su charla privada con la testigo siguió con las declaraciones de otros testigos. La letrada del PP, Lourdes Fuster, le preguntó a la juez por el hecho de los micrófonos estuviesen apagados mientras se valoraban pruebas testificales. Entonces, la juez dijo que ella habla con los testigos "antes y después" de las declaraciones judiciales reclamando su derecho a entrevistarse con los testigos al margen de las partes. Y lo hizo ante el estupor de los abogados de las partes.
¿Por qué hizo la juez Bolaños lo que hizo? La explicación parece estar en la declaración de la testigo en el sumario del caso FAFFE del pasado 28 de julio de 2015. La testigo, extrabajadora de la Fundación, declaró que FranciscoAguilera Acevedo, exalcalde socialista de la localidad sevillana de Montellano, fue contratado entre 2004 y 2005 cuando se "rumoreaba" que carecía de estudios superiores.
La testigo dijo a la Guardia Civil que uno de sus jefes le ordenó que "diera trabajo" al expolítico local, que sigue en la Junta, lo que interpretó como "una imposición que venía de arriba". Pero además dejó claro que Aguilera "no realizaba el mismo trabajo que el resto de técnicos, ya que por su nivel profesional se encontraba limitado". Ni siquiera sabía usar el ratón del ordenador. O sea, que apenas trabajaba y cobraba 2.200 euros mensuales.
Luego fue preguntaba por el caso del exalcalde de Lebrija, Antonio Torres García, alcalde de Lebrija durante 24 años. Al igual que el anterior fue contratado por la FAFFE pero estuvo cobrando sin ir a trabajar durante varios años, con conocimiento de la dirección.
La testigo M.R.A.G., especifica ABC, contó a los investigadores que conoció a Torres en el año 2010 cuando se lo presentaron para hacer un proyecto común de investigación para el Instituto Universitario Europeo presidido por el actual ministro de Asuntos Exteriores Josep Borrell. Le llamó la atención que tuviera un puesto directivo que no conocía nadie. Al consultar a su jefe, éste le dijo que "mejor no preguntara". A la testigo no le constaba que Antonio Torres, que también está imputado, tuviera "ningún lugar de trabajo" en el edificio Galia, en el Puerto de Sevilla.
Por si fuera poco, la testigo había señalado ya a Raúl Perales, exdirector del Instituto Andaluz de Juventud y de Comercio de la Junta e hijo de una de las poderosas familias fundadoras del clan socialista de Alcalá de los Gazules, como otro de los contratados por la FAFFE.
Dicho de otro modo, el testimonio ratificado de la testigo resulta muy perjudicial para los intereses de los investigados en el caso.
En el mismo marco testifical, el exdirector de la FAFFE, Fernando Villén, confesó ayer haber contratado al ex alcalde de Lebrija, Antonio Torres, como «director de Asuntos Exteriores» de la ya extinguida fundación de la Junta para dar formación a los parados andaluces. Varios testigos ratificaron ayer en el juzgado que no iba a trabajar y no recuerdan que interviniera en la gestión de ningún proyecto europeo.
Villén, por entonces secretario de Empleo en la ejecutiva del PSOE andaluz, admitió que partió de él fichar a Torres, que estaba al frente de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, porque durante una visita éste le manifestó que estaba buscando trabajo. Tras informar al ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, le hizo un contrato indefinido que implicaba el cobro de 4.000 euros al mes, sueldo que no le parecía excesivo al exdirector.
Villén negó que hubiera gestionado el contrato del ex alcalde de Montellano, Francisco Aguilera.