Este miércoles nos referimos a unos cuantos nombramientos y ceses de la Junta que preside Juan Manuel Moreno y este jueves nos vamos a centrar en otros, casos, en buena medida, verdaderamente sangrantes. El primero que hay que mencionar es la infame peripecia vivida por el catedrático de Física Teórica de la Universidad de Sevilla, don Luis Rull, que, como muchos otros, tras la decepción de una izquierda corrupta y sectaria apostó por el cambio que desde 2004 propició en Andalucía Javier Arenas.
Desde entonces, un grupo de profesores y catedráticos que había ido aglutinando el siempre activo diputado popular Rafael Salas, natural de Estepa como Rafael Escuredo, se volcó en una operación conocida como Andaluces por el Cambio que, al final y como tantas cosas del PP andaluz, sólo sirvió como plataforma propagandística sin más contenido que servir al líder.
Tras la decepción de las elecciones andaluzas de 2012 y la espantá de Arenas, muchos de los profesores y catedráticos fueron retirándose a sus cuarteles cerebrales y académicos, partidarios del cambio, pero con pocas esperanzas de que el cambio fuese posible. Uno de ellos fue Luis Rull, que sinceramente ha buscado un cambio a mejor de una tierra a la que ama. Se ha encontrado con muchos amigos, incluso con exsocialistas como Alfonso Lazo, con quien mantiene sabrosos diálogos por Facebook y otras plataformas.
Pues en ello estaba cuando le sorprendió la posibilidad de un gobierno del cambio en Andalucía. Y más le sorprendió que alguien del nuevo gobierno, en concreto, el nuevo Consejero de Economía, Innovación y Universidad, Rogelio Velasco, nombrado por Ciudadanos y vinculado al Observatorio Económico de Andalucía y al ex secretario general de Economía de la Junta, Curro Ferraro, le llamara para invitarle a ocupar el puesto de Secretario General de Universidades e Investigación. De todos era conocido su proyecto de reforma de la universidad andaluza de la que desde hace años denunció públicamente sus graves defectos.
Del caso se hizo eco hace unos días Diario de Sevilla. Libertad Digital ha hablado con Rull y lo ha confirmado punto por punto. El caso es que, para escarnio y escándalo de muchos, el pasado día 25 de enero Velasco llamó a Rull para ofrecerle el puesto y quedaron en verse el día 28 en el despacho del Consejero. Pero ese día, minutos antes del encuentro, Rull recibió una llamada del gabinete de Velasco posponiendo la cita para el día 29 a la misma hora, pero poco después recibió otra llamada cancelando definitivamente la entrevista.
¿Qué pasó? Que el señor Luis Garicano, que está en Madrid pero que, al parecer, es quien manda de verdad en esa Consejería, había decidido nombrar a otro, a Sebastián Chávez, al que le pasó algo parecido que lo ocurrido a Rull porque al final fue nombrada para el cargo la ingeniera Pilar Ariza, al parecer vinculada de un modo u otro al grupo Abengoa. Tan amargo fue el trance para Rull que recibió un mensaje de Garicano disculpándose.
Tras la dimisión del consejero de Hacienda, Alberto García Valera, por razones de salud de las que ahora empieza a caber la sospecha, este miércoles se producía otra sonada dimisión tras un recentísimo nombramiento. Se trata de la abogada Elisa Fernández-Vivancos, designada por Ciudadanos y que apenas ha durado 24 horas en su puesto. ¿Problema? Que había sido la delegada de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local en Granada sin tener en cuenta que había sido Letrada jefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía de Susana Díaz en Granada.
¿Y por qué ha tenido que dimitir? Porque, al parecer, nadie reparó que mientras que fue letrada jefe de la Junta en Granada tuvo lugar la instrucción del caso Nevada. Recuérdese que el caso fue llevado tan pésimamente por la Junta que el representante que debía acudir a una de las vistas del juicio ni siquiera fue y el caso terminó costando a los andaluces la cantidad de casi 170 millones de euros como indemnización a un empresario, nada menos.
Este miércoles se supo por la agencia EFE que, aunque no fue ella directamente responsable del caso ni fue la que no acudió al juicio, esta letrada está vinculada a un despacho de abogados que representó a la sociedad del caso Nevada del empresario Tomás Olivo. Nada más conocerse, Fernández-Vivancos dimitió para evitar que las distorsiones sobre su vida profesional afectara a Ciudadanos, que fue la que le nombró.
Y todavía nos queda referirnos a otro nombramiento, en este caso en el área de Cultura que rige Patricia del Pozo, del PP más ligado a Javier Arenas. Como en el caso del abogado de Francisco Javier Guerrero, el nombramiento de Fernando Francés para el cargo de secretario general de Cultura ha sido denunciado por el PSOE e IU.
El caso Francés es un caso de imputación, ahora llamada investigación, en unas diligencias abiertas tras la querella de la Fiscalía en Málaga por un rocambolesco asunto de mosaicos grafiti realizados por el artista parisino conocido como Invader cuya identidad se desconoce. Los mosaicos fueron estampados en edificios malagueños considerados Bienes de Interés Cultural.
Es sabido que en el acuerdo de regeneración suscrito por PP y Ciudadanos se contempla la dimisión inmediata de todo imputado/investigado, sin espera a que se llegue a la fase de juicio oral, en casos de corrupción. El problema es si lo que presuntamente ha perpetrado Francés es o no un caso de corrupción.
Se ha conocido que en 2017 aparecieron 29 mosaicos del artista parisino en calles y edificios del Centro Histórico de Málaga protegidos por la ley de Patrimonio Histórico, Palacio Episcopal, y el Palacio de Salinas entre ellos. En enero de 2018 la Fiscalía interpuso una querella contra Francés y contra Invader por un presunto delito contra el patrimonio histórico.
Es más es que, según la Fiscalía, Francés e Invader se habían concertado para la colocación de los mosaicos pero encontraron la oposición de diversos propietarios de los edificios. A pesar de ello, los mosaicos fueron colocados. En junio de 2018, Francés fue llamado a declarar por el juez dado que los hechos pueden constituir delito penal. Si es o no corrupción el caso, está por debatir.
Para terminar digamos que El Mundo ha contado que el 12 por ciento de los 123 nombramientos que se formalizaron en el consejo del pasado martes, esto es, 15, se corresponde con personas que desempañaban cargos en el gobierno de Susana Díaz.