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El Gobierno pretende exhumar a Franco en el arranque de la campaña electoral

Fuentes de Moncloa apuntan a que el procedimiento de exhumación, si no lo paraliza el Supremo, concluiría el 11 de marzo; el 12 empieza la campaña.

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Dolores Delgado | Moncloa/JM Cuadrado

La intención es lo que cuenta y, salvo paralización del Supremo, el Ejecutivo quiere que el desalojo del cadáver de Francisco Franco del Valle de los Caídos sea su primer acto de campaña electoral. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el acuerdo motivado de resolución del decreto de exhumación aprobado en el mes de agosto que concluye el procedimiento dando ahora quince días a la familia Franco para presentar un recurso ante el Tribunal Supremo.

Será ahora el Alto Tribunal quien decida si se admite el recurso de la familia Franco y, en su caso, se acepten medidas cautelares que conlleven la suspensión del procedimiento. Pero la voluntad del Ejecutivo es inequívoca y así lo reflejan los plazos de ejecución del procedimiento.

Según explican fuentes gubernamentales, los quince días de plazo a la familia Franco concluyen el viernes 8 de marzo ya que se trata de días hábiles, tres semanas. Serían tres días después de disolver las Cortes el 5 de marzo y con el Gobierno ya en funciones. A partir de ahí, el decreto ya aprobado en el verano fijaba tres días más para la ejecución de la exhumación, lo cual llevaría al jueves 11 de marzo, día de la pegada de carteles que marca el inicio de la campaña electoral que arranca formalmente el viernes 12 de marzo.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, explicó este viernes tras el Consejo de Ministros, que en base a este proceso "hemos otorgado dar un plazo de quince días a la familia que es quien tiene que disponer de los restos mortales de su familiar para que comuniquen dónde procede la inhumación, una vez sean exhumados". Y confirmó que el Gobierno hará uso del informe e la Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid que alegó "problemas de orden público" para impedir que los restos del dictador sean depositados en la Catedral de la Almudena en el centro de Madrid.

"Podrían generarse problemas de orden público pero también incumpliríamos la Ley de Memoria Histórica convirtiendo un lugar público en un lugar de dignificación de los restos", explicó Delgado.

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