La fiscal Consuelo Madrigal ha dejado en evidencia al exconsejero de Territorio, Josep Rull, durante la quinta sesión del juicio sobre el referéndum ilegal del 1-O en el Tribunal Supremo: "Leyó la doctrina del Tribunal Constitucional de Canadá y no la doctrina Tribunal Constitucional español". Rull intentaba salir airoso de la encerrona de la representante del Ministerio Público afirmando que el TC español "tiene un déficit de autoridad moral".
Rull contesta a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, pero no a la acusación popular que ejerce Vox. Sus primeras palabras han sido para protestar al tribunal por prohibir la traducción simultánea: "Ojalá algún día se viese la lengua catalana como una riqueza", afirmaba.
Durante el interrogatorio, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha interrumpido en numerosas ocasiones al acusado por "cuestionar" las preguntas de la Fiscalía. "Si quiere conteste a las preguntas o no, pero no cuestione su pertinencia", aseguraba Marchena. Rull se está mostrando muy firme con las preguntas de la fiscal, sin embargo, el tono es menos tenso que en las declaraciones de Jordi Turull o Jaoquim Forn.
El exconsejero ha afirmado que "no era consciente de una desobediencia por votar la Ley sobre la organización del 1-O". No obstante, sí ha reconocido que la Generalidad catalana de la que formaba parte como consejero no atendió 6 mandatos del Tribunal Constitucional para evitar el referéndum ilegal. También ha asegurado que la Generalidad utilizó "todas las vías" para llegar a un referéndum acordado el 1 de octubre.
A continuación, como el resto de acusados que ya han declarado, ha negado que se gastara "un sólo euro público" para organizar y celebrar el referéndum ilegal. Además, ha negado que los gastos del 1-O, se repartieran entre 5 Consejerías, porque dice "ese gasto no existió".
Rull aseguraba que "usar la fuerza o la presión" es "inaceptable siempre", en alusión a los escraches a los Policías y Guardias Civiles desplazados en Cataluña y alojados en distintos hoteles. Aunque añadía que "los observadores quedaron escandalizados por el nivel de violencia del Estado".
Posteriormente, afirmaba que no esperaba "el nivel de violencia" desplegada por la Policía y la Guardia Civil, mientras los Mossos actuaron "con sensatez". Rull ha negado que él prohibiera el atraque de un ferry en el puerto gerundense de Palamós para alojar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Apunta que la decisión partió de los responsables del puerto.
Sobre la Declaración Unilateral de Independencia DUI aprobada en el Parlamento catalán el 27 de octubre de 2017, el exconsejero afirma que "era una resolución política sin reproche penal". Después, contestaba las preguntas de la Abogacía del Estado y de su abogado Jordi Pina.
Bassa no hizo "nada" para celebrar o evitar el 1-O
La exconsejera de Trabajo, Dolors Bassa, ha retomado la sesión por la tarde contestando a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y a su abogado. Bassa ha asegurado que desconocía la existencia de la considerada guía del golpe, el documento Enfocats.
Bassa admitía que el TC envió 6 mandamientos para evitar la celebración del 1-O y sostenía que su departamento no gastó "ni un euro público" tras ser anulada la Ley de convocatoria, ni hizo nada para celebrarlo, ni evitarlo.
A preguntas del fiscal Fidel Cadena, Bassa reconocía que asumió las competencias de los directores de los centros cívicos, donde posteriormente se celebró la votación del 1-O. Además, afirmaba que el referéndum ilegal no "era un acto concluyente para proclamar la independencia" y que su Consejería no organizó una web para voluntarios de dicha consulta.
Como el resto de acusados, ha aprovechado su declaración para atacar a "algunos" miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por ejercer "la violencia" para evitar la votación, y que se le ocurren "mil maneras" de impedirlo.
Según Bassa, "cumplió todas las órdenes policiales y judiciales" para evitar el 1-O, en el ámbito de sus competencias. Además, afirmaba que el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, envió una carta al expresidente catalán, Carles Puigdemont, "amenazando" tras el referéndum ilegal, a pesar de que la Generalidad quería "dialogar".
Tras concluir Bassa, llegaba el turno de la exconsejera de Gobernación, Meritxell Borrás, que acusaba al Tribunal Constitucional de estar "politizado", e insistía en su compromiso de celebrar el referéndum del 1-O, a pesar de los mandatos del TC. Posteriormente, Borrás se emocionaba recordando el fallecimiento de su padre.
Posteriormente, el fiscal Javier Zaragoza interrogaba al exconsejero de Justicia, Carles Mundó, al que acorralaba poniendo de manifiesto su desobediencia a los mandatos judiciales.