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El Gobierno amenaza a la Iglesia con un gran "daño reputacional" y retira la subvención al Valle de los Caídos

Fuentes del Ejecutivo explican que "no cumplían con los requisitos de publicación de las cuentas" para obtener la subvención.

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El Gobierno amenaza a la Iglesia con un gran "daño reputacional" y retira la subvención al Valle de los Caídos
Las ministras Ribera y Celaá en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | EFE

El Gobierno eleva la presión para conseguir doblegar la voluntad inquebrantable de Santiago Cantero, el prior del Valle de los Caídos, a quien este mismo viernes le han comunicado la retirada de los 340.000 euros de subvención anual al Valle de los Caídos "por razones obvias" ha explicado la portavoz gubernamental, Isabel Celaá, quien, tras unos segundos de sorpresa y titubeo, ha esbozado que "no sé si se estaba cumpliendo con lo que justificaba la subvención".

Fuentes del Ejecutivo explican que "es una cuestión de que no publican las cuentas" incumpliendo los requisitos que permitían a la comunidad benedictina acceder a la subvención estatal. Un hecho no aislado que se enmarca en la campaña de hostigamiento a la Iglesia en aras de presionar al prior del Valle y a la que ha puesto voz Celaá este viernes al ser preguntada por la posición De la Conferencia Episcopal Española y el Vaticano.

"Si la Iglesia se sometiera a los deseos de prior, la Iglesia tendría un daño reputacional como institución de magnitud significativa. No lo va a hacer. La Iglesia conoce la facultad del poder civil para poder hacerlo", amenazó la portavoz gubernamental.

Celaá negó que se haya ocultado la carta íntegra enviada por el portavoz vaticano, Pietro Parolin, a la vicepresidenta, Carmen Calvo, y rechazó la publicación del documento completo porque "no sé si en la carta hay algo personal o no, intentaré informarme para responderles. Hemos estado manejando unos cuantos párrafos. No sé a dónde lleva la pregunta". Unos párrafos que el Gobierno filtró adjudicando a Parolin el apoyo del Vaticano a la exhumación de Franco pero ocultando otros en los que el propio representante eclesiástico explicaba que no se entrometerán en una cuestión sobre la que debe decidir el poder judicial y el poder ejecutivo español.

Sin reconocer esta manipulación evidente, Celaá argumentó que "éste es un Estado de derecho, el Ejecutivo tiene una facultad cual es la de no seguir manteniendo a un dictador en un lugar de exaltación pública. Ésa es una facultad que tiene el poder ejecutivo. Y lo va a hacer, es la voluntad de este Gobierno". Aunque volvió a dejar en duda el cuándo, si antes, durante o después de la campaña electoral.

Pregunta que le formularon los periodistas en la sala de prensa y a la que evitó contestar con un "luego hablamos". En privado, el Gobierno es optimista en que dará tiempo a hacerlo, pero en público parecen echar un jarro de agua fría sobre las elevadas expectativas: "Si el Gobierno tiene tiempo, procederá a hacer lo que ha sido su intención desde el principio". Y añadía en una supuesta forma de tirar la toalla: "El Gobierno ha cumplido con el mandato de 2017 y con el Real Decreto que puso en marcha en agosto. Hemos llegado al final del proceso administrativo, más largo de lo que imaginó el Gobierno en un principio. Ahora queda el trabajo del Supremo".

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