Después de los primeros vientos, se aproximan tempestades para el nuevo gobierno de la Junta, que hizo del cambio su bandera electoral. De momento, y además de algunos escandalosos nombramientos, el cambio no se percibe. De hecho, el nuevo Gobierno de PP y Ciudadanos ha asumido los compromisos del PSOE con los empleados que metió a dedo en la Administración Pública y ha comunicado a los sindicatos su voluntad de estabilizar a laborales y funcionarios interinos en 2019 y 2021.
No se ha hecho esperar la reacción del Sindicato Andaluz de Funcionarios, mayoritario entre los funcionarios andaluces, que se opone a este proceso ya que equivale a "regalar" las plazas a los que ya están dentro como temporales.
Este Sindicato ha remitido al nuevo gobierno un plan de asuntos urgentes y ha denunciado hace unas semanas que desde la convocatoria de las elecciones autonómicas, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (Boja) no ha dejado de publicar adjudicaciones de puestos de trabajo de libre designación –mayoritariamente de niveles inferiores al 29 y 30– a un ritmo medio de uno diario. En total, más de medio centenar nombramientos a dedo, una fórmula que según los sindicatos de la Función Pública y el Partido Popular y Ciudadanos esconde decisiones arbitrarias y premian el amiguismo.
Junto a esto, aparecen durante este periodo más de 60 nuevas convocatorias de puestos de libre designación, que tendrán que adjudicarse en las próximas semanas, muchos antes de que desembarcara en San Telmo un nuevo Ejecutivo. Sólo el día 9 de octubre –el siguiente de la convocatoria de elecciones autonómicas– se abría la puerta a cubrir a dedo nueve cargos intermedios y de jefes de sección.
ABC es quien ha dado cuenta de que el nuevo Gobierno andaluz de coalición del PP y Ciudadanos ha retomado el plan iniciado por el Ejecutivo de Susana Díaz para convertir en fijos a los interinos que trabajan en la Junta y sus entes instrumentales. Como es sabido, los interinos son contratados temporalmente de forma discrecional y fue la forma preferida de los primeros gobiernos socialistas desde 1982 ante las reiteradas sentencias en contra de sus colocaciones arbitrarias.
El gobierno de los Juanmas ha puesto sobre la mesa una oferta de empleo pública extraordinaria de otras 7.937 plazas que actualmente están siendo ocupadas por personal contratado de forma temporal, que se suman a las 25.520 plazas que ya ofertó el anterior Gobierno a finales de 2017.
El sistema es diabólico puesto que como "criterio común" se va a primar la experiencia a la hora de obtener la plaza. Pero claro, sólo los que han estado antes en la Administración en calidad de interinos tienen esa experiencia por lo que los contratados sin oposición ni pruebas relevantes tienen ventaja respecto a los demás aspirantes, a pesar de que la Constitución exige la igualdad de condiciones en oposiciones libres.
Según el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) "lo que se pretende no es un proceso de consolidación que parta de la igualdad, mérito y capacidad, sino que quieren que la experiencia (dada la puntuación que se le quiere dar al concurso) determine quién va a obtener plaza". De este modo haber entrado a dedo confiere una experiencia que luego se constituye en mochila de puntos a favor en esta oferta de empleo.
Por tanto, concluye el SAF, lo que propone la Junta de los Juanmas es "regalar la plaza a los que ya están dentro como temporales", algunos de los cuales "no sabemos cómo accedieron al empleo público" como en el caso del personal indefinido no fijo, lamenta este responsable.
De este modo en 2019 y 2020, se estabilizará el empleo de 3.437 puestos de la Administración General que prestan sus servicios en las distintas consejerías de forma temporal: 716 plazas de funcionario y 2.002 de personal laboral. Otras 722 plazas más son ocupadas por personal laboral indefinido no fijo, declarado así por una sentencia judicial, de las cuales 291 se van a transformar en plazas de funcionario y las 431 restantes son de personal laboral. A ello hay que añadir 4.500 plazas de maestros.
Aunque en la propuesta del nuevo gobierno se asegura que se «garantizarán el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad», se incumple a continuación estableciendo que habrá un porcentaje muy alto de la puntuación que llega al 40 por ciento que primará la "experiencia" mientras que el otro 60% restante dependería de las pruebas de conocimiento.
Esto es, para un andaluz que no esté trabajando en la Junta y quiera acceder a estos puestos, por brillante que sea su examen y su prueba, si no tiene la experiencia del contratado con anterioridad por la Junta de manera no reglada, sólo podrá obtener 6 de los 10 puntos máximos. Por el contrario, un contratado por la Junta, aunque no tenga los conocimientos y la preparación de tal aspirante podrá ser el finalmente contratado debido a su experiencia, una experiencia adquirida de forma privilegiada.
Con el fin, aparentemente loable de reducir la temporalidad, el Gobierno andaluz aprobó en 2017 la primera oferta de empleo para hacer fijos a 25.520 temporales. Ahora serán 7.937 más tras la llegada de Juanma Moreno al Palacio de San Telmo. La pregunta es sin con ello se consolida aún más la tela de araña tejida por el gobierno socialista desde hace 40 años en la administración andaluza.
Repiten los procedimientos socialistas
Desde 1982, la contratación de laborales, interinos y otros tipos de personal se ha hecho de la misma manera eludiendo la convocatoria reglada de oposiciones libres. Primero, se contrata a dedo, en calidad de interino, o temporal, o cualquier otro sistema. Luego se dejan fijos o se estabilizan mediante diferentes procedimientos, casi siempre el de la "mochila" de puntos, a quienes probablemente no habrían obtenido nunca un puesto en unas oposiciones libres.
Esta convocatoria del nuevo Consejo de Gobierno recuerda a la que en 1986 se hizo para estabilizar a los contratados conocidos como "transitorios" y "preautonómicos", colocados primero sin garantías suficientes. Fue recurrida ante los tribunales por su inconstitucionalidad y hubo que esperar varios años a la tramitación y sentencia de este recurso, que fue finalmente resuelto por el Tribunal Constitucional de manera "excepcional".
Cinco años después de las convocatorias se produjo la Sentencia, inolvidable sentencia, del Tribunal Constitucional que dio validez a las convocatorias de pruebas específicas para los preautonómicos y transitorios convocadas en el año 86, a pesar de haber sido restringidas y sin garantía alguna para la igualdad de los ciudadanos. Ahora no son restringidas, en principio, pero no hay garantía de igualdad entre los concurrentes puesto que algunos tienen de partida hasta 4 puntos sobre 10 más que otros.
Aquella sentencia fue la 27/1991, de 14 de febrero, y fue inequívocamente política. En ella se admitía "el carácter excepcional de dicho sistema de acceso, que por una sola vez, ha de coexistir con el común de la convocatoria libre (procedimiento que, en lo sucesivo, habrá de utilizar la administración autonómica a fin de permitir el libre acceso de quienes no mantienen con ella relación alguna) ha de llevarnos a declarar que las disposiciones legales cuestionadas, al ser proporcionadas con los fines legítimos enunciados, no han ocasionado vulneración alguna del art. 23.2 de la CE".
Pero como es sabido el artículo 23.2 de la Constitución Española dice: "2. Asimismo, (los ciudadanos) tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las Leyes."
Gracias a dicha sentencia, la Junta socialista convirtió en funcionarios de carrera y empleados fijos a quienes había contratado a dedo en las fases anteriores del proceso autonómico. Como se ve, la sentencia que obligaba después a la convocatoria libre, tampoco se va a cumplir completamente ahora.