El Consejo General de los Colegios Oficiales de Psicólogos ha denunciado en Es la Tarde que la Junta de Andalucía, a diferencia de otras comunidades autónomas, tiene externalizado el servicio de peritaje judicial, algo que afecta a los casos de violencia de género y a los informes que sirven para determinar quién debe quedarse con la custodia de un menor en caso de divorcio, por ejemplo.
De esta forma, la administración regional saca periódicamente a concurso público el peritaje psicológico de los juzgados en una especie de subasta a la baja, lo que hace que el servicio se lo quede aquella empresa privada que haga la oferta más barata. Según el vicepresidente primero del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, privatizar el peritaje judicial "es especialmente grave, porque es una función pública esencial y uno debe ser extremadanamente garante en la realización de esos informes".
Además, Fernando Chacón insiste en que, en todo caso, el criterio para otorgar ese contrato nunca debería ser meramente económico, como sucede en Andalucía, puesto que si la empresa adjudicataria es la que menos dinero invierte en el servicio de peritaje, acabará contratando a recién licenciados sin experiencia. "Siempre ganarán los que presenten menos precio, pero probablemente menos calidad", insiste.
La denuncia de los Colegios Oficiales de Psicólogos –que llevan años quejándose de esta situación ante la Junta y el Ministerio de Justicia sin conseguir nada– cobra especial relevancia después de que Vox haya solicitado al nuevo gobierno andaluz el nombre de todas las personas que trabajan en las unidades de violencia de género, precisamente ante las dudas que suscita la formación y experiencia que puedan tener dichos profesionales.
A través de su cuenta de Twitter, el presidente de Vox en el parlamento andaluz, Francisco Serrano, ha denunciado que esa privatización del peritaje judicial lleve, por ejemplo, a que las empresas adjudicatarias sean incluso grandes sociedades de tasación inmobiliaria, que nada tienen que ver con la Psicología, pero que ofrecen el servicio a precios muy competitivos y a las que luego únicamente se les exige contratar a licenciados sin importar que no tengan el PIR –una especie de MIR para psicólogos– ni la experiencia que tengan.
Entre los documentos que el magistrado en excedencia aporta en sus redes sociales se encuentra la adjudicación en 2010 de un contrato de 636.627 euros por parte de la Junta de Andalucía a las sociedades TINSA Y TAXO para "peritaciones judiciales en el ámbito de los órganos judiciales de Málaga y provincia".