Testificales del juicio sobre el golpe de Estado separatista. El presidente de la sala, Manuel Marchena, ejerce un arbitraje didáctico, explicativo, a la manera de Mateu Lahoz. Tiende a dejar jugar a las defensas y marca de cerca a las acusaciones. Pastorea a los testigos. El primero, el diputado de ERC Joan Tardà, que intenta declarar en catalán y lanzar un mitin con la tesis de que el juicio es un acto de venganza. Marchena corta la jugada. También amonesta con carácter preventivo al letrado de Vox Pedro Fernández.
Será la tónica de la jornada, las reconvenciones de Marchena a fiscales y letrados, denodados intentos por evitar los mítines, las repeticiones, las preguntas capciosas, las respuestas interesadas y las derivaciones intencionadas. Tardà cuenta que estuvo el 20-S ante la consejería de Economía y que aquello fue una rave improvisada. Mismamente él tuvo que dirigirse a unos pocos cientos de ciudadanos a voz en grito, sin megáfono, y les recordó que todo tenía que ser cívico y pacífico. Es que temía que hubiera "infiltrados". De la convocatoria se enteró en un taxi, por la radio, al salir del hospital porque se había roto el brazo. Precisamente el dolor le impidió pasar todo el día en la cívica movilización.
Mas reconoce el 1-O
Turno para Artur Mas. El expresidente de la Generalidad es una golosina para las acusaciones. Cuenta y no para sobre las reuniones del comité estratégico, el grupo de Puigdemont con consejeros, diputados, actores sociales y asesores áulicos que decidía los pasos a seguir al margen de los cauces parlamentarios, el "Estado mayor" del proceso. Se luce el fiscal Javier Zaragoza, que arranca de Mas la "confesión" de que fue Puigdemont quien convocó el referéndum ilegal del 1-O. Queda para galería que Mas no cree que fuera la CUP quien le tirara a la papelera de la historia. Alega que podía haber convocado elecciones. "Si me marché fue porque quise", dice. Con un par.
Sale en defensa de Mas el letrado Francesc Homs, exportavoz en la Generalidad del testigo, que reprocha que las preguntas de la Fiscalía no se atienen a los hechos juzgados. Marchena le da la razón. No hay más cuestiones.
La siguiente testigo es la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. Aparenta echar de menos los focos. Contesta resuelta a las preguntas de las acusaciones. Reivindica la aplicación consensuada del artículo 155 de la Constitución y acentúa las veces que el Gobierno avisó a la Generalidad de que la autodeterminación no cabía en la Constitución. Tres veces se reunió con el exvicepresidente de la Generalidad Oriol Junqueras y las tres veces le dijo que no podía hablar de un referéndum. En todo lo demás, carta blanca a negociar, pero Junqueras no tenía otro interés que el del referéndum.
Supuesta violencia policial
Los abogados de la defensa arremeten contra la testigo. Le reprochan la supuesta violencia policial durante la celebración del referéndum y sus consideraciones sobre el clima social en los meses de septiembre y octubre de 2017 en Cataluña. En un momento dado, Sáenz de Santamaría alega que para que tuvieran efectos legales los cambios en la consejería de Interior a raíz del 155 fueron anunciados con sendas comunicaciones en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña. Olga Arderiu, la abogada de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, salta. El argumento de todas las defensas es que la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017 no fue publicada en el boletín del Parlament ni en el boletín autonómico. Preguntada si conocía el detalle, asegura que no.
Retranca de Rajoy
El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, abre la sesión de tarde. Visiblemente mejorado y rocoso como siempre, subraya que se reunió seis veces con Mas y dos con Puigdemont, que no ha habido gobernante más abierto al diálogo que él, pero que la disolución de España no entraba en el guión. Las defensas chocan con la retranca del expresidente Rajoy, que se vende como un presidente al que no le quedó más remedio que aplicar el artículo 155.
Le sucede en el asiento de los testigos el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que defiende la intervención económica de la Generalidad a partir de la segunda semana de septiembre del 2017, tras la aprobación de la "Ley de transitoriedad" en el Parlament, pero no descarta que se produjeran casos de prevaricación y malversación.
El número de la CUP
Marta Pascal, la exdirigente convergente depurada por Carles Puigdemont, es la siguiente testigo. Glosa los intentos del prófugo por alcanzar un referéndum pactado. Son los exdiputados de la CUP Antonio Baños y Eulàlia Reguant quienes amenizan el final de la sesión. Baños dice que se niega a contestar las preguntas de la acción popular, que es quien le ha citado como testigo. Marchena, paciente, le explica que no se puede negar a contestar y que se ofrece, para "preservar su dignidad democrática" a ser él quien le traslade las preguntas de Vox. Comienza el interrogatorio con esa fórmula, pero en la segunda pregunta Baños explota la contradicción. Pregunta a Marchena si asume el contenido de las preguntas de la acusación particular. El magistrado decreta un tiempo muerto de cuatro minutos. El VAR del Supremo entra en escena. Había advertido a Baños de las consecuencias penales de negarse a contestar a las preguntas. Al cabo, se ratifica y da por terminada la testifical. Con la siguiente testigo, la también exdiputada de la CUP Eulàlia Reguant, se repite la escena. Concluye la sesión la comparecencia de la expresidenta de la cámara catalana Núria de Gispert, una de las líderes sociales del independentismo. Llamada por la defensa de Forcadell, su declaración es un trámite.
Mañana intervendrá el lehendakari Íñigo Urkullu. El letrado de Sánchez, Rull y Turull, Jordi Pina, ha insistido mucho a Rajoy si había hablado personalmente con Urkullu en los días críticos. Rajoy, en su estilo, responde que habló con todo el mundo porque él siempre habla con todo el mundo y que por tanto hablaría con Urkullu. El citado comparece mañana. Pina exhibe un as en la manga. Urkullu no habría conseguido hablar con el entonces presidente del Gobierno.
Las defensas han exhibido imágenes de la actuación policial durante el 1-O durante las deposiciones de Sáenz de Santamaría y Rajoy. Ambos han calificado las secuencias de "duras" pero ajustadas a la orden judicial. Además, han responsabilizado de los hechos a quienes llamaron a los ciudadanos a participar en un referéndum ilegal.