Contra lo que pueda parecer, en el Tribunal Supremo no se juzga la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante el referéndum ilegal del 1-O, sino el golpe de Estado separatista, las sesiones parlamentarias catalanas de los días 6 y 7 de septiembre, el acoso a la comitiva judicial en la consejería de Economía de 20 de septiembre, el citado referéndum secesionista y la proclamación de independencia del 27 de octubre.
Sin embargo, el acusado del lunes ha sido el ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, que comparecía en calidad de testigo y fue sometido por las defensas de los encausados como si encarnaran el papel de la Fiscalía. Javier Melero, el letrado del exconsejero de Interior Joaquim Forn, es la estrella del equipo defensor y su más célebre interrogador. Sus actuaciones son muy celebradas por la mayoría de los medios, que le elogian en materia de técnica y pico.
Se mostró el abogado de Forn extremadamente duro con Nieto, intentando que el exsecretario incurriera en contradicciones. Ha recurrido a entrevistas en medios del testigo en las que afirmó que para impedir el referéndum se hubieran necesitado entre sesenta y noventa mil agentes a fin de defender el papel de los Mossos y destacó que Nieto confundía los términos de una instrucción de Fiscalía con una orden judicial posterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que descartaba precintar los colegios públicos utilizados como centros electorales.
El abogado Jordi Pina, que defiende a Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez, también ha zarandeado al testigo a cuenta de la participación de miembros de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium en las movilizaciones para impedir registros judiciales al margen del de la consejería de Economía. El exsecretario de Estado no ha sido capaz de referir detalles sobre estos casos.
Quien no ha logrado arrinconar a Nieto ha sido el abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, el más flojo de los titulares de la defensa, que con sus preguntas ha dado pie a que Nieto desacreditara los datos separatistas sobre el número de votantes del 1-O y las supuestas garantías democráticas de esa consulta. Por primera vez en la vista alguien ha puesto en duda los datos de participación y atribución de resultados del 1-O
A preguntas de Fiscalía, Abogacía del Estado y acusación popular, Nieto ha defendido las actuaciones policiales de manera contundente, ha explicado el dispositivo de Policía Nacional y Guardia Civil y ha denunciado la pasividad de los Mossos tanto en el asedio a la comitiva judicial como en el 1-O.
Oferta de Nieto a los convocantes del 1-O
La parte mollar de la deposición de Nieto fue la relativa al transcurso de la Junta de Seguridad que convocada por Puigdemont se celebró el 28 de septiembre con la participación del citado, Joaquim Forn, el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, el mismo Nieto, el delegado del Gobierno de entonces, Enric Millo, el secretario general técnico de Interior Juan Antonio Puigserver, y el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. Fueron dos horas y media en las que los representantes del Gobierno intentaron convencer al presidente de la Generalidad de que desconvocara el referéndum. Chocaron contra un muro, a pesar de que según ha deslizado Nieto se les ofreció celebrar el referéndum, pero no en los locales públicos, sino en las plazas de las ciudades y los pueblos. El Estado, a los pies de los caballos, ofrecía a Puigdemont la celebración de un referéndum informal, que convocara grandes manifestaciones, que hiciera lo que quisiera menos lo que se había previsto en contra de las resoluciones y órdenes del Tribunal Constitucional y el TSJC.
Es coherente con las manifestaciones en el juicio del expresidente Rajoy, la exvicepresidenta Sáenz de Santamaría y el exministro de Interior Zoido. El Gobierno se resistía a actuar, buscó el apaño hasta el último segundo, se prestó incluso a una farsa, siempre que no se ocuparan centros públicos, y ofreció toda clase de salidas para no aplicar el 155.
El testimonio de Nieto ha ocupado toda la matinal, de las diez hasta las dos y veinte con media hora de receso. El siguiente testigo era el exdelegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, pero se ha cambiado el orden. Ha sido el actual presidente del "Parlament", Roger Torrent, llamado por la acusación popular, Vox, quien ha inaugurado la sesión de tarde. Su "aportación" a la causa ha sido advertir al tribunal: "Tengan presente que volveremos a votar". El presidente de la sala, Manuel Marchena, ataja el intento de Van den Eynde de interrogar a Torrent sobre su experiencia como participante en la movida del 20-S. El testimonio de Torrent es relevante en calidad de diputado y presidente del "Parlament", no en su condición de participante en el 20-S o el 1-O, alega Marchena. Las defensas se encocoran. Pretenden que Torrent deponga sobre la teoría de la violencia policial, pero el juez aborta la intentona.
Acto seguido, José María Espejo Saavedra, de Ciudadanos, miembro de la mesa de la cámara catalana, y el socialista David Pérez, también componente del órgano parlamentario. El juicio se centra en el golpe parlamentario, la aprobación de la ley del referéndum y la de transitoriedad en las sesiones del 6 y 7 de septiembre.
Es el turno de Antoni Bayona, abogado del Parlament, letrado mayor en 2017. Bayona fue la piedra en el zapato de los grupos parlamentarios independentistas en las agitadas sesiones del 6 y 7 de septiembre y 10 y 27 de octubre. A Bayona, en calidad de letrado jefe, por debajo del secretario general del Parlament Xavier Muro, le ha tocado advertir a la presidencia y a la mesa de la cámara las consecuencias legales de sus decisiones. Tuvo trabajo a destajo y cumplió a plena satisfacción.
El testimonio de Bayona satisfizo a la acusación. La defensa naufragó por completo. Bayona lleva una semana siendo entrevistado por los medios catalanes y en todas sus declaraciones insiste en que la declaración de independencia fue meramente simbólica y que no tuvo efectos prácticos. Bayona es ante todo un profesional, no se extiende en las respuestas, no entra a trapos evidentes y no se presta a las tácticas de las defensas. El abogado Francesc Homs, exconsejero de Presidencia y portavoz de Mas, le recuerda un artículo en el que abogaba por el derecho a decidir. El testigo replica que no lo había escrito en calidad de letrado del Parlament sino a título personal.
El siguiente en deponer es Xavier Muro, secretario general del Parlament, que pide que no se difunda su imagen. Es la primera vez que un testigo reclama esta medida. Todos los medios catalanes han publicado fotografías de Muro. Aparecía en casi todas las imágenes de la mesa de la cámara autonómica los días 6 y 7 de septiembre advirtiendo a Forcadell de que no podía proceder.
El cargo que no publicó la república
El fiscal Fidel Cadena logra que admita que no tramitó la proclamación de la república catalana en el Boletín Oficial del Parlamento (BOP) ni la envió al Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC) porque entraba en contradicción con las numerosas resoluciones del Tribunal Constitucional relativas a impedir la secesión. No fue Carme Forcadell, presidenta del Parlament, Oriol Junqueras, vicepresidente del gobierno regional, o Carles Puigdemont, a la sazón también presidente de la Generalidad, quienes le instaron a no publicar la proclamación de la república, sino él a título de secretario general de la cámara catalana, funcionario concernido con el cumplimiento de las leyes y las resoluciones judiciales. Se infiere que tras la votación secreta de la república ningún dirigente independentista se dirigió a él para avisarle de que no diera curso legal a la proclamación de independencia.
Homs intenta demostrar que el Tribunal Constitucional no fue suficientemente coercitivo con la mesa del Parlament. Sostiene que la suspensión de la Junta Electoral del 1-O vino dada por la amenaza de multas económicas, cosa que no se produjo en el caso de los miembros de la mesa del Parlament.
El exdelegado del Gobierno Millo, al que Marchena llama Milló, comparecerá este martes. Será el primero, salvo imprevistos. El defensor Jordi Pina pide a Marchena que aclare el orden del día y subraya que dada la longitud de las declaraciones no está claro que vaya a declarar el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. Marchena le tranquiliza. Tendrá todo el tiempo del mundo para interrogar al testigo.