Extraordinario. Noticia bomba. Los Mossos utilizaron la fuerza durante el 1-O. Eso es lo que ha asegurado el excomisario de información del cuerpo regional, Manuel Castellví, en el Tribunal Supremo a preguntas de la abogada del Estado, Rosa María Seoane. Cunde la teoría de que los políticos y las autoridades de la Generalidad, así como los dirigentes independentistas, perciben la realidad de un modo alternativo. Así es que los Mossos emplearon la fuerza según Castellví en una treintena de centros electorales y no se proclamó ninguna república el 27 de octubre de 2017, sino que se aprobó una resolución política sin efectos jurídicos.
Cuando Castellví habla de usar la fuerza no se refiere a los enfrentamientos de algunos mossos con agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, sino a que emplearon sus defensas sobre votantes del 1-O. No hay constancia gráfica de ningún tipo de los porrazos de los Mossos en la jornada de autos. Sea como fuere, el testimonio de Castellví no ayuda a los acusados ni a las tesis de las defensas sobre el carácter "cívico" y "pacífico" del separatismo. El excomisario jefe de información contó que los Comités de Defensa, primero del referéndum y luego de la república, los célebres CDR de Quim Torra, comenzaron a formarse en abril, no después del referéndum como han asegurado los letrados de la defensa. También ha advertido de que se avisó al presidente de la Generalidad, al vicepresidente y al consejero de Interior del riesgo de una "escalada violenta" por el 1-O, que él salió "profundamente decepcionado" de aquella reunión porque Puigdemont les dijo a los Mossos que se ponía en su lugar si decidían cumplir con el mandato judicial, pero que él tenía un "mandato del pueblo".
Un independentismo "radical"
Tampoco ayuda a la causa separatista que haya admitido que la resistencia pasiva dejó de ser pasiva y pasó a ser violenta en algunos casos cuando los defensores de las urnas atisbaban las furgonetas de la Policía Nacional y la Guardia Civil. O que temía que el independentismo "radical" se apoderara del referéndum de Puigdemont y Junqueras. ¿Un independentismo radical? Otra novedad en el juicio del Tribunal Supremo. Castellví cita a Arran, las juventudes vinculadas a la CUP, al Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes y a la Coordinadora Obrera Sindical. Asegura además que en los CDR hay gente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium, la CUP y la Plataforma antihipotecas (PAH).
Castellví reivindica la actuación de los Mossos, niega la pasividad, admite que el dispositivo fue inadecuado e insuficiente, pero incluye también a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. El fiscal Javier Zaragoza se muestra clemente con el excomisario. Decide no atornillar. La próxima semana está prevista la presencia en el Tribunal Supremo del "major" Josep Lluís Trapero.
Otra novedad. El juez Manuel Marchena permite que la abogada del Estado arranque y lleve a cabo gran parte del interrogatorio a Castellví sin la aportación de sus brillantes interrupciones, acotaciones y advertencias. Seoane no atosiga al testigo, que en todo momento mantiene el supuesto compromiso de los Mossos con la autoridad judicial. Asegura que unos doscientos colegios no abrieron tras recibir la visita previa de los Mossos y que cerraron unos ciento treinta en el transcurso de la jornada. El total era de más de 2.300. No le constan lesiones entre los Mossos durante el 1-O y niega que espiaran a la Policía Nacional y la Guardia Civil.
El incidente en la incineradora
Castellví sale indemne del interrogatorio de la acusación popular. El abogado de Vox Pedro Fernández cuestiona al excomisario jefe de información sobre el intento de destrucción de documentación de los Mossos atajada por la Policía Nacional el 26 de octubre de 2017, un día antes de la proclamación de la república catalana. La Policía Nacional se incautó de abundante material sobre seguimientos de los Mossos a políticos y dirigentes sociales constitucionalistas, periodistas no nacionalistas e informes sobre organizaciones como Sociedad Civil Catalana (SCC), así como documentación relativa a las estructuras de Estado y el referéndum ilegal. Todo ello bajo el mando de Castellví. Marchena atiende la protesta de Javier Melero, el abogado del exconsejero de Interior Joaquim Forn, que informa a la sala de que el asunto ha sido sobreseído en Barcelona. En cualquier caso, Castellví aprovecha para deslizar la versión de que no hubo enfrentamiento entre los policías a su mando y la Policía Nacional, sino un debate relativo a que faltaba la orden judicial, una orden de la Audiencia Nacional que se dictó la misma mañana del incidente.
Castellví volverá al Supremo el lunes, pero para responder a las defensas. Marchena ha levantado la sesión a las siete y cuarto de la tarde. Por la mañana compareció el excomisario superior de la Policía Nacional en Cataluña Sebastián Trapote, sólido, en la línea del coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos. Las defensas se muestran desquiciadas con los testimonios funcionariales. No contaban con que no son políticos que quieren que les quieran ni con que recordaran con precisión milimétrica las órdenes que les daban jueces y fiscales.
Es el mismo caso que el del general de la Guardia Civil Ángel Gozalo, ex jefe de la zona de Cataluña, si bien el general se muestra más concreto y puntilloso al referir la violencia sufrida por la Guardia Civil, las concentraciones ante las casas cuartel del Instituto Armado en toda Cataluña, las 131 manifestaciones amenazantes ante las instalaciones del cuerpo, los escraches en las pensiones y alojamientos de los agentes desplazados a Cataluña, las patadas en la cabeza contra un guardia propinadas por el hijo de un cargo local de ERC que estudiaba oposiciones para entrar en los Mossos d'Esquadra o la actitud violenta de los concentrados en centros de San Carlos de la Rápita (Tarragona), Alcarrás (Lérida) o en algunos pueblos de la comarca del Maresme.
Junqueras, multicandidato
Nueva jornada aciaga para la causa independentista en el Supremo. Oriol Junqueras desvía la atención. Su partido anuncia a media tarde que el actual diputado en el Parlament y candidato a las elecciones europeas, también se presentará como cabeza de lista de ERC a las generales del 28 de abril. Por la mañana, el aglomerado de partidos con el que se presenta a las europeas anunciaba a bombo y platillo que lo propondrían para presidente de la Comisión Europea. Un festival.
También forma parte de la maniobra de despiste la campaña de acoso contra el exdelegado del Gobierno en Cataluña, el popular Enric Millo por haber difundido unas imágenes de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, durante los sucesos del 20 de septiembre del 17 ante la consejería de Economía.
Òmnium ha denunciado una supuesta manipulación de Millo, y ha emitido una ampliación de la secuencia. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha acusado a Millo de querer "causar más dolor" y el futbolista Piqué ha llamado mentiroso al exdelegado, que se ratifica en sus palabras tras visionar la secuencia proporcionada por Òmnium. En paralelo, las redes separatistas difunden la imagen de la letrada del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. La Fiscalía ha abierto diligencias. El director del gabinete de Puigdemont como expresidente de la Generalidad, Josep Lluís Alay, ha rebotado un mensaje en Twitter con un primer plano de la letrada.
El juicio en el Supremo es "trending topic" en Cataluña. TV3 lidera las audiencias gracias a la retransmisión en directo de la señal del tribunal. Los testimonios de los mandos policiales, la letrada judicial y Millo han causado profunda irritación en el separatismo, que redobla sus ataques en medios y redes sociales. El acoso contra la secretaria judicial, con amenazas de violación incluidas, y los insultos y reproches a Millo marcan la agenda separatista.