El exsecretario general de Diplocat, Albert Royo, ha calificado como "visitantes" a los llamados observadores internacionales del referéndum ilegal durante su declaración como testigo en el juicio del 1-O en el Tribunal Supremo.
Royo ha reconocido determinados pagos, como el de 49.531 euros en hoteles de lujo y vuelos a un grupo de "visitantes" entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2017. "No dimos ningún honorario a observadores internacionales, no teníamos contratados observadores electorales", contestaba a la fiscal Consuelo Madrigal. Después, reconocía que este "grupo de expertos quería estar en Cataluña en esas fechas para ver lo que sucedía".
Posteriormente añadía a preguntas de la Abogacía del Estado que Diplocat dio "total autonomía" a los citados visitantes para trabajar y "hablar con quién quisieran". "Lo que les pedíamos es que fuese un proyecto científico intachable", recalcaba. Después señalaba que él mismo les sugirió que se reunieran tanto con el entonces delegado del Gobierno, Enric Millo, como con representantes de la Generalidad.
Según Royo, "una misión de observación electoral no tiene nada que ver" con lo que hubo en Cataluña en esas fechas. El Diplocat, con la invitación de esas personas, no podía "hacer eso" porque "la observación tiene que hacerla alguien de fuera del territorio, ya que, de lo contrario, no tiene ninguna credibilidad". Y además, la misión de observación suelen llevarla a cabo "grandes organizaciones internacionales" concluía.
El exresponsable del Diplocat ha admitido que "la mayoría de financiación" que obtenía este organismo, "el 85 o el 90%" procedía de la Generalidad de Cataluña. De hecho, en el año 2017, dicho organismo recibió 2,1 millones de euros del Gobierno presidido por Carles Puigdemont.
Royo también desvinculado a Diplocat de la Consejería de Exteriores que dirigía el exconsejero procesado Raül Romeva y de las llamadas "embajadas catalanas" en el exterior. Además, rechazaba que el organismo hubiera "participado" en la organización del referéndum ilegal del 1-O. "Hacíamos nuestro trabajo, explicar la realidad catalana a nivel internacional", aseguraba.
A lo largo de toda su declaración, que ha realizado a pesar de estar imputado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la organización del 1-O- el testigo ha tratado de desvincularse de la acusación que pesa contra él en dicha causa, en la que obran informes de la Guardia Civil que acreditan que con una tarjeta de Diplocat a su nombre se pagaron los gastos de los observadores internacionales en su viaje a Cataluña.
Según su versión, en estos informes la policía judicial incurre en un "error" al vincular el Diplocat, un consorcio cuyo presupuesto procedía casi en su totalidad de la Generalidad, con decisiones del Gobierno de Puigdemont.