Menú

Un testigo "implica" al Barça y la Caixa en la internacionalización del golpe de Estado separatista

El exjefe del Diplocat niega que dependiera de la Generalidad y que los observadores internacionales contratados para el 1-O fueran observadores.

(Barcelona)
0
Sala del Supremo donde se juzga el golpe independentista | EFE

Teoría de la sociedad civil en Cataluña. El Diplocat, Consejo de la Diplomacia Pública en Cataluña, que preside la Generalidad, paga la Generalidad y mangonea la Generalidad no es la Generalidad, ni de la Generalidad, sino una edificante entidad formada por todas las instituciones, entidades, organismos, clubes y asociaciones de Cataluña. Testigos creativos en la sesión del juicio por el golpe de Estado en el Tribunal Supremo.

De mayor a menor comparece Albert Royo Mariné, quien fuera secretario general del Diplocat hasta la aplicación del 155. Royo, que ha recuperado su puesto de funcionario en la Comisión Europea, va de legal y se empeña en torear a la fiscal Consuelo Madrigal con repeticiones sobre la naturaleza público privada de la cosa. El Diplocat, afirma Royo, vendría a ser como la ONU de la sociedad catalana, algo así como el Pacte Nacional pel Referèndum, pero con estudios estratégicos, empleados, sedes y actividad internacional al margen, sostiene una y otra vez, de la Generalidad.

Cita el testigo la federación de cajas de ahorro, las universidades, los sindicatos, las patronales y al F.C. Barcelona como socios del ente y explica con aires de suficiencia las diferencias entre la diplomacia entendida como las relaciones entre Estados y la diplomacia "pública", que es otra cosa, alega, contactos con las sociedades civiles de otros países, programas de intercambio, actos académicos y difusión de los fenómenos diferenciales de Cataluña, desde el paisaje hasta en la economía, nada que ver con el referéndum del 1-O.

El prestigio de un club

Que la Generalidad corriera con todos los gastos no era óbice para que, comenta el testigo, la Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento y hasta la Caixa metieran pasta en el singular ente, cuyas decisiones, asegura, se tomaban por unanimidad y consenso. El pleno era soberano, pero no hacía falta que se pronunciara nunca. Alusiones recurrentes de Royo al Barça y la Caixa, cuya inclusión en el Diplocat no sólo aportaba medios materiales sino prestigio, siempre a juicio del declarante.

"Nosotros no éramos la Generalidad porque el Govern era sólo un miembro más del patronato", insiste el testigo, investigado en el juzgado número 13 de Barcelona pero que se aviene a contestar para dejar clara su inocencia y dos cosas más: que el Diplocat no era la Generalidad, otra vez, y que no se pagó a nadie en calidad de observador internacional del referéndum.

La fiscal y la abogada del Estado, Rosa María Seoane, se refieren a pagos de cincuenta mil euros con una tarjeta de la entidad a "amigos" internacionales, gente de prestigio siempre, parlamentarios, exparlamentarios, periodistas y opinadores extranjeros que visitaban Cataluña para emitir informes o palpar la convulsa actualidad política. Royo niega que fueran observadores, aunque en septiembre eran presentados como tales por el Diplocat, el departamento de Exteriores de la Generalidad y los medios afines. Todos esos pagos están en la carpeta de la malversación, gastos por el 1-O, pero Royo, dale que te pego, está a punto de decir que ni siquiera sabía que había un referéndum e 1-O.

Aviso por falso testimonio

El primer testigo, otro desmemoriado, ha sido Jaume Mestre, jefe de Difusión Institucional del anterior gobierno catalán y del actual. Mestre es uno de los pocos cargos de confianza de la Generalidad que fue destituido el primer día del 155. Dada su memoria selectiva, el juez Manuel Marchena se ve en la obligación de leerle el artículo 460 de Código Penal relativo a las deposiciones falsas, reticentes o amnésicas de testigos, peritos o intérpretes. Considera el presidente de la sala que el testigo responde con evasivas a preguntas muy concretas.

Mestre es un soldado de la Generalidad, un cargo de confianza con un conocimiento preciso del escalafón que se atiene a la peculiar costumbre de los contratistas de la Generalidad de trabajar por la cara, sin presentar facturas o anulándolas, sin reclamar los pagos. Mestre era uno de los encargados de decirles a diseñadores, imprentas, empresas de publicidad y demás que determinadas cosas no se cobraban por orden de la superioridad. El cargo de confianza se atiene a la ley del silencio. No sabe de facturas ni de procedimientos administrativos, no sabe si las campañas del 1-O eran de pago o también gratis. La teoría de las defensas es que si no hay papeles no hay delito,

Por la tarde debían comparecer Paul Sinning, director del Centro de Estudios Estratégicos de La Haya, y Helena Catt, supervisora observadora del International Election Expert Research Team, pero han solicitado comparecer en próximas fechas. Ambos formaban parte de un grupo de diez personas que habrían recibido más de cien mil euros del Diplocat en calidad observadores del referéndum, según el sumario que instruye el juzgado número 13 de Barcelona.

Trapero en el ruedo

Cartel de lujo para la sesión de este jueves. Antoni Molons, exsecretario de Difusión de la Generalidad, el famoso "un tal Toni" que encargaba los trabajos propagandísticos. Todo apunta a que se negará a declarar por su calidad de investigado por el 13 de Barcelona. Y acto seguido, Josep Lluís Trapero, major y exjefe de los Mossos. Sus subalternos Manel Castellví y Emili Quevedo dejaron a los acusados vistos para sentencia al afirmar reiteradamente que avisaron a Puigdemont, Oriol Junqueras y Joaquim Forn (exconsejero de Interior) del riesgo de violencia si no abortaban el referéndum ilegal.

Trapero ha recibido fuertes presiones separatistas para negarse a declarar, toda vez que le investiga la Audiencia Nacional por rebelión y se le piden once años de cárcel, pero el major parece inclinado a declarar para defenderse de las acusaciones de obstruccionismo y pasividad que se deducen de las declaraciones de los mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como del ex secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.

En el recurso contra su imputación en la Audiencia Nacional, la defensa de Trapero incluyó sendas comunicaciones al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y al fiscal superior de Cataluña con fecha 27 de octubre de 2017 (fecha de la proclamación de la república catalana en el Parlament) en la que se ponía a las órdenes de la autoridad judicial. Había pasado una eternidad, dos veranos, de aquellas imágenes de Trapero y Puigdemont con camisas hawaianas en la casa de Pilar Rahola en Cadaqués. La famosa paella en la que también estaba el expresidente del Barça, Joan Laporta, y otros pocos vips de la jet estelada.

Más noticias sobre el desafío separatista en Cataluña en Flipboard

En España

    Lo más popular

    0
    comentarios

    Servicios