El Supremo tardará "semanas" en resolver sobre la paralización cautelar de la exhumación de Franco. Según las fuentes consultadas por esRadio y Libertad Digital, los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo encargados del caso aún no han empezado a deliberar sobre este asunto.
Este viernes, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, anunciaba que los restos del dictador serán exhumados del Valle de los Caídos y vueltos a enterrar el día 10 de junio por la mañana en el panteón de Mingorrubio en el cementerio de El Pardo, de titularidad estatal. El anuncio confirmaba las intenciones del Gobierno de seguir adelante con el proceso de exhumación a pesar de sentencias como la referida a la licencia de obras o al recurso ante el Supremo presentado por la familia.
Sin embargo, el Supremo tardará "varias semanas" en tomar una decisión sobre la paralización cautelar o no de la exhumación del dictador. Las mismas fuentes apuntan que el trámite se ha ido complicando después de que se hayan presentado otros recursos como el de la Comunidad Benedictina encargada del Valle de los Caídos.
En todo caso, el Supremo tiene previsto resolver sobre las cautelares antes de que la exhumación sea un hecho consumado. Es decir, antes del 10 de junio para evitar el espectáculo de tener que ordenar una inhumación, tras una previa exhumación.
El magistrado ponente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo encargado del caso es Pablo Lucas, catedrático de Derecho Constitucional y exjefe de Gabinete de Pascual Sala y Javier Delgado, cuando estos eran presidentes del CGPJ.
Con su anuncio del viernes, el Gobierno fijaba la fecha para exhumación sin esperar a que el Tribunal Supremo decida sobre la suspensión cautelar del traslado de los restos. Sobre esto, Calvo se limitaba a apuntar que la fecha puede ser pospuesta si el tribunal anulara o suspendiera esa decisión del Ejecutivo en el marco del procedimiento contencioso administrativo abierto con la familia.
El pasado 8 de marzo, el Supremo admitía a trámite el recurso presentado por la familia Franco contra el acuerdo del Consejo de Ministros que autorizaba la ejecución de la exhumación de los restos de Francisco Franco, ya que lo consideraban "nulo de pleno derecho". La Sala Tercera del Supremo abría además una pieza separada de medidas cautelares, ya que los Franco pedían que el acuerdo del Gobierno quedase en suspenso mientras resolvían sobre el fondo.
El tribunal daba entonces traslado a la Abogacía del Estado para que en el plazo de diez días presentara alegaciones. Además, se requería al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad a fin de que, "en el improrrogable plazo de veinte días" remita el expediente administrativo correspondiente a la resolución del Consejo de Ministros impugnada.