El Guardia Civil encargado de la detención del exsecretario de Hacienda catalán, Lluís Salvadó, ha asegurado que durante el registro de su despacho del 20 de septiembre de 2017 encontraron dos documentos titulados, "Escenario de Guerra" y "Escenario de Guerrilla" sobre las acciones que podía llevar a cabo el Estado tras la desconexión de Cataluña.
Según sus testimonio, "se encontró abundante documentación" en el despachó de Salvadó y se volcaron "los correos corporativos" del exsecretario de Hacienda. "Nos llamó la atención uno que había con una carpetilla azul con los títulos 'Escenario de guerra y Escenario de guerrilla'. Encontramos en una papelera algunos folios que estaban rotos. Los reconstruimos. Se podía leer 'Escenarios posteriores al referéndum' y hablaba de cuatro fases: la noche electoral, el recuento y proclamación formal, transitoriedad jurídica y proceso constituyente de transición", añadía.
El agente ha relatado el momento en que acudieron al domicilio de Lluís Salvadó a arrestarlo. Éste estaba hablando por teléfono con su secretaria, que le había avisado de que la Guardia Civil estaba presente en el Departamento de Economía. Según el agente, Salvadó tenía el teléfono intervenido y con posterioridad pudieron comprobar la naturaleza de esa llamada. "Comprobamos que esa llamada era de una de sus secretarias, que luego se identificó como Elisabet Terrades. Salvadó le dijo: 'Entra en el despacho, coge la pila de papeles que hay encima de la mesa de reuniones y tíralos al patio'".
Sobre las concentraciones en la sede de Economía del 20 de septiembre, el agente aseguraba que gritaban "Votarem, independència, fora les forces d'ocupació, feixistes, terroristes".
Marchena cita al jurista Alonso Martínez
Un agente de la Guardia Civil que participó en la detención del exnº 2 de Oriol Junqueras, Josep María Jové, el 20 de septiembre de 2017 ha señalado directamente a Jordi Sànchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), como el causante de la decisión de que el investigado no fuera trasladado a su despacho en la Consejería de Economía donde ese día se practicaba un registro. "Mi superior me informó de que Sánchez había dicho que no iba a permitir el acceso de ningún vehículo y comitiva".
El agente ha apuntado que en el momento de su detención se le intervinieron a Jové tres teléfonos móviles, si bien durante el registro en la vivienda, donde se encontraban la esposa de Jové y el hermano de éste, los agentes se incautaron de dos más. También se llevaron dos ordenadores, tres 'pendrive', dos agendas moleskine y el documento denominado Enfocats, considerado la guía del golpe.
La declaración de este testigo se ha convertido en la más accidentada del juicio por las numerosas interrupciones de las defensas de los golpistas, ya que creían que algunas respuestas excedían su ámbito de conocimiento. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha tenido que intervenir para que el fiscal Javier Zaragoza pudiera seguir con su interrogatorio al agente: "Dar por hecho que los testigos del juicio han tenido que declarar en instrucción llevaría a otro modelo de sistema procesal, ya que se estaría pervirtiendo la exposición de motivos del modelo" establecido por el jurista Manuel Alonso Martínez, afirmaba el magistrado.
El exsubsecretario de Hacienda con Montoro
El que fuera subsecretario de Hacienda con Cristóbal Montoro, Felipe Martínez Rico, ha admitido que la Generalidad de Cataluña pudo burlar el control que se le impuso en 2017 porque la certificación de gastos no tenía por qué ser "la realidad material de los hechos". Estos sistemas "llegan hasta donde llegan y tienen los límites que tienen", señalaba.
A preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal, Martínez Rico, señalaba que existía un sistema de intervención común en organismos públicos y que perseguían "hacer una certificación de gastos, pero no son la realidad material de los hechos", que es "más compleja", según ha reconocido.
"¿Una contratación irregular podría haber eludido el control?", le preguntaba la fiscal, a lo que el funcionario, actualmente residente en Londres, respondía que siempre que sea contraria a las pautas de contratación del sector público se puede hablar de contratación irregular, sea esta certificada o no, y en este caso quedaría "fuera del margen de control".
"En muchos casos se consideró que era inexacta y se tomaron medidas, se denunció a la Fiscalía", explicaba Martínez Rico en alusión a las siete denuncias que se remitieron desde Hacienda al Ministerio Público durante esos meses.