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La jueza Núñez Bolaños toma declaración hoy a la cuñada del exconsejero Ojeda en el caso del fraude de la formación

El informe de la Junta sobre el exconsejero Ojeda está sin entregar 32 meses después.

(Sevilla)
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Se trata de una pieza separada del caso matriz del fraude de la formación del que informó en exclusiva Libertad Digital en abril de 2014. En aquel caso, tuvieron especial participación la policía de la UDEF, que llevó la investigación oficial, y las que hoy son consejera y viceconsejera de Empleo de la Junta de Andalucía pro Ciudadanos Rocío Blanco e Isabela Balbín, funcionarias de la tesorería de la Seguridad Social en Málaga que, junto a este periódico, habían detectado las primeras irregularidades.

Esta pieza trata del destino de una importante cantidad de millones de euros públicos, más de 52, destinados supuestamente a la formación de trabajadores y que, por diversos mecanismos, fueron a parar al conglomerado de empresas que el exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Ángel Ojeda, había trenzado durante años.

Hoy, la juez del caso, María Núñez Bolaños, toma declaración a cuatro personas investigadas (imputadas) entre los que destacan el viceconsejero de Empleo de la Junta, Justo Mañas, y la cuñada del principal imputado, el ex consejero Ojeda, que fue la ex directora general de Formación Profesional para el Empleo María Teresa Florido.

Aunque inicialmente no estaban imputadas, la brigada central de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal confeccionó un informe sobre los correos electrónicos que se encontraron en un disco duro que estaba situado en la sede de Prescal, nombre global del entramado empresarial de Ángel Ojeda. La policía advirtió que podrían deducirse de ellos indicios de delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y fraude y exacciones ilegales.

La Fiscalía admitió los argumentos de la UDEF, que consideraba a Ojeda como la "cúspide" de una organización criminal para la obtención de cursos de formación. Aunque su cuñada, María Teresa Florido, ha defendido en muchas ocasiones su inocencia e incluso ha llevado a los tribunales a quienes habían destacado su presunto papel en la trama en calidad de máxima autoridad de la Junta de Andalucía a la hora de decidir el destino de los cursos, no ha podido evitar su imputación.

La policía comprobó que en correos electrónicos el exviceconsejero Mañas y el exconsejero Ojeda compartían información. Y también examinó los mensajes de Ojeda a su cuñada. De ellos dedujo que el empresario trataba de influir en Florido, que era la Directora General de la Junta que controlaba los cursos, para "el establecimiento de unos criterios uniformes de baremación que beneficiasen a su grupo empresarial".

Curiosamente, Florido le advirtió a su cuñado Ojeda para que no le enviara nada a su correo oficial si bien nada se encontró en tal correo procedente de su cuñado, lo que hace sospechar a la Policía que fueron eliminados en un momento por determinar.

Dicen los investigadores que de otros mensajes se desprende que Florido le indica a Ojeda que "no le envíe nada a su correo oficial", aunque también su cuñado "parece tratar de protegerla, pues no se ha recogido ningún correo remitido directamente por la misma, lo cual carece de sentido según la lectura de las cadenas" de correos, a no ser que "hayan sido eliminados" con anterioridad a la intervención de los discos duros en la sede de Prescal.

Teresa Florido ya fue imputada en la pieza política de los cursos, paralela al caso de los ERE que está a la espera de sentencia en la Audiencia de Sevilla, pero el caso fue archivado por la juez Núñez Bolaños en 2016. Hoy además se tomará declaración Pedro Legeren, ex jefe de servicio de Programas para el Empleo y a José Manuel Fuentes Doblado, ex director general de Formación Profesional Ocupacional desde 2003 y luego coordinador general de la Viceconsejería.

Pronto, el día 11 de abril, declararán ante la propia Alonso Solís Franco, jefe de servicio en la dirección general de Formación; Noelia Ruiz Martel, técnico de formación en el SAE; Raúl Perales Acedo, exdirector del Instituto Andaluz de la Juventud y miembro esclarecido del clan de Alcalá de los Gazules; Jorge Carbajal Orduña, que fue miembro del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales; y Antonio Ortega Ordóñez, director de comunicación de Prescal.

El comportamiento de la Junta a examen

En el caso fue muy llamativo que la nueva juez que sustituía a Mercedes Alaya relevara a los peritos del caso ERE, de la Intervención General del Estado, nombrados por la primera instructora, y los sustituyera por los interventores de la Junta de Andalucía.

ABC recordaba hace unos días que, por ejemplo y como consecuencia de su decisión, la propia juez encargó el 4 de julio de 2016 un informe pericial a un técnico de la Intervención de la Junta para estudiar las cuentas que el exconsejero andaluz Ángel Ojeda tenía en el extranjero. Dos años y ocho meses después el informe aún no ha sido remitido a la juez sin que se sepa por qué.

Tan extraño fue que la propia juez el pasado 11 de marzo ha dictado una providencia que conmina al perito Pedro Antonio Zorrero, del departamento de control financiero de la Intervención General de la Junta, a entregar de forma inmediata su informe pericial.

En dicho informe debía contenerse el movimiento de los capitales del grupo liderado por Ángel Ojeda, un grupo con 60 centros con aulas autorizadas por la Junta y sucursales en otros países como Brasil, Polonia, Chile e incluso Gran Bretaña.

Ojeda, defendió ante la juez Bolaños en 2016, que los cursos fueron una ruina para sus empresas y que la Junta le debía dinero.

El comportamiento de la juez a examen

La juez instructora del caso ERE, María Núñez Bolaños, apartó al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Daniel Alberto Rivera, de una pieza separada de los ERE, el caso Santana Motor. Pero según la Audiencia, la juez emplea razonamientos erróneos, "contradictorios", "carentes de fundamento y de toda lógica procesal". Con estas apreciaciones, la Audiencia sevillana da consistencia a las dudas acerca de la instrucción de la juez.

Sacar del caso a Rivera motivó la queja formal de la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla. Ahora la Audiencia, sección 7ª, han revocado el auto de Bolaños que lo apartaba. La juez justificó su decisión porque no estaba demostrado que hubiera cometido un delito, sino que sólo intentó que los trabajadores cobraran un dinero que se les debía (215.000 euros).

Pero la Audiencia dice que «la mejor o peor intención que el señor Rivera tuviera al actuar de la manera que lo hizo en modo alguno desvirtúa que administrase deslealmente los fondos públicos». En su auto, la Sección Séptima señala que su participación en los hechos va más allá de sacar del apuro económico a algunos trabajadores. De hecho, se mantenía "la ilegalidad" de lo ejecutado por sus antecesores en el cargo.

Lo más llamativo es cómo la Audiencia subraya la contradicción de la juez que, por una parte, afirma que Rivera conocía las irregularidades perpetradas por los anteriores directores generales y luego defiende que el imputado no conocía la ilicitud de los pagos que ordenaba, algo sin fundamento según la instancia superior.

Precisamente, Rivera no ha sido juzgado en el caso ERE, argumento recurrente de la juez para excluir de otros casos separados de la pieza principal para impedir un doble enjuiciamiento por los mismos delitos. Pero este argumento es erróneo según la Audiencia porque «jamás este tribunal ha dicho o dado a entender en ninguna de sus resoluciones que en el que se ha dado en llamar procedimiento específico se enjuicie con carácter general y para todo tipo de posibles responsables penales todos los pagos" efectuados según el método del famoso "fondo de reptiles".

La Fiscalía ha recurrido sistemática las decisiones de la juez Bolaños de excluir a numerosos imputados y archivar numerosos casos contenidos en piezas separadas del caso ERE, matriz de la juez Alaya. En esas piezas se investigan las ayudas concedidas a 270 empresas por importe de casi 750 millones de euros.

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