Nueva sesión de castigo para las defensas de los encausados por el golpe de Estado separatista. Testifical maratoniana del teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, jefe de la policía judicial de Barcelona, autor de los atestados del proceso en los procedimientos que se siguen en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.
Baena está en vanguardia de las investigaciones policiales sobre el golpe separatista desde noviembre de 2015, cuando la Fiscalía de la Audiencia Nacional emitió una instrucción en la que ya constaban los términos de rebelión, sedición y malversación. El Parlamento catalán, en una de esas sesiones "históricas" tan del gusto de los nacionalistas, acababa de declarar solemnemente la apertura del proceso de transición.
Había pasado un año de la consulta del 9-N y tanto el gobierno de la Generalidad como los grupos separatistas en la cámara regional aireaban sus planes para conseguir que Cataluña se convirtiera en un "estado independiente con forma de república". Se peroraba sobre la importancia de disponer de estructuras de Estado, una estructuras de las que el entonces presidente Artur Mas hablaba con gran desenvoltura. Así como del control del territorio, las infraestructuras críticas, la recaudación de impuestos y la apropiación de los bienes y activos del Estado en Cataluña, que era lo que investigaba la Guardia Civil siguiendo las instrucciones de un fiscal que era Javier Zaragoza, uno de los cuatro que intervienen en el juicio. Hoy no estaba. Era el turno de Consuelo Madrigal.
El teniente coronel ha enervado a las defensas al aludir en varias ocasiones al "periodo insurreccional" que vivió Cataluña. Según el mando del Instituto Armado, tal fase, en la que "Cataluña era un polvorín", comenzó el 19/20 de septiembre y concluyó el 28 de octubre, cuando entró en vigor la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Javier Melero, letrado del exconsejero de Interior Joaquim Forn, ha elevado una enérgica protesta que no ha sido atendida por Marchena, si bien el juez le ha regalado los oídos al abogado al asegurar que el término "insurreccional" formaba parte de una "descripción llena de valoración personal" del testigo.
"Enfocats" y la agenda de Jové
El testimonio del mando resultó tan coherente como consistente y aportó una panorámica general sobre los preparativos del referéndum, los pasos, muchos de ellos públicos y notorios, encaminados a subvertir el orden constitucional, la violencia, los escraches ante las casas cuartel, las concentraciones hostiles durante los registros policiales y el encaje de los acontecimientos "insurreccionales" con las previsiones de diferentes documentos que obran en la causa como el plan "Enfocats" y la agenda del número dos de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové. Describió también las investigaciones relativas a la malversación y el empleo del concepto "acuerdos marcos" con empresas para camuflar los pagos públicos para el referéndum.
Interrogatorio espeso
El interrogatorio de la fiscal Consuelo Madrigal es espeso, a veces entrecortado y punto balbuciente, pero el procedimiento se lleva a cabo con éxito. Permite que Baena despeje todas las dudas sembradas hasta este momento sobre la pulcritud de las actuaciones de la Guardia Civil en calidad de policía judicial.
La gran baza de las defensas para desacreditar al teniente coronel es una confusa historia sobre la identidad de un tuitero de alias Tácito que se dedicaba a zaherir al independentismo en la red social. Según el letrado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, Baena es el tal Tácito, un "troll" antinacionalista que habría contaminado toda la instrucción por los prejuicios ideológicos de los trinos. El oficial responde que el dicho Tácito no es él y que sólo se limitaba a seguir esa cuenta, ya desaparecida. Las defensas temían que Marchena abortara la maniobra, pero el juez ha permitido la treta, de muy escaso recorrido.
Virtudes del 155
Ni siquiera Jordi Pina, el aguerrido abogado independentista, logra descuadrar el testimonio de Baena. "Aquello era un polvorín y la fase insurreccional va desde el 20 de septiembre y hasta el 155". El artículo constitucional fue mano de santo, según el teniente coronel. A partir de su aplicación, los registros y actuaciones judiciales fueron como la seda, colaboración total sin manifestaciones a las puertas, nada que ver con lo que sucedió el 20 de septiembre en la consejería de Economía: aquellos gritos de "¡No saldrán!" que pegaban el eurodiputado convergente Ramon Tremosa, Antoni Castella, exdemocristiano diputado regional integrado como facción en ERC, Alfred Bosch, ahora consejero de Exteriores, y Anna Simó, que en aquel momento era secretaria primera de la mesa del Parlament, también por ERC. El exdiputado autonómico de Ciudadanos Jordi Cañas ha recordado la escena en Twitter.
Vaya, vaya...
— Jordi Cañas (@jordi_canyas) March 25, 2019
pic.twitter.com/WTDfsDPSDM