El trabajo diario de las Fuerzas de Seguridad del Estado ha convertido a España en uno de los países más seguros de la Unión Europea. Y, por extensión, del mundo. Pese a esto, sigue siendo necesario dotar a los agentes estatales de más y mejores medios para que continúen manteniendo su elevado nivel de eficacia. También habría que solventar la infinidad de problemas que tienen que afrontar durante su trabajo.
PP, PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos destinan varios puntos de su programa electoral a realizar propuestas relativas a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Vox no ha presentado programa electoral al uso, pero sí recoge algunos puntos en el documento "100 medidas para España" que presentó el pasado mes de octubre en Madrid. Libertad Digital analiza el contenido de los programas.
Partido Popular
El partido de Pablo Casado se compromete a mantener el acuerdo firmado con los sindicatos de la Policía y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil para alcanzar una equiparación salarial "total y absoluta" con los Mossos d´Esquadra, cumpliendo con la subida salarial a tres años pactada en 2018 y revisando las cifras en función del resultado de la auditoría externa que se encargó a una consultora, y que el Ministerio del Interior ha mandado revisar en las últimas semanas.
Quiere impulsar una ley que impide que regresen en un futuro las desigualdades salariales entre los agentes de los cuerpos estatales y autonómicos y adelanta que su intención es la de derogar la instrucción 13/2018 de la Secretaría de Estado de Seguridad que modifica algunos aspectos de la Ley de Seguridad Ciudadana porque considera que "pone en peligro la seguridad de los agentes" de las Fuerzas de Seguridad.
Los populares abogan por impulsar una modernización de los medios materiales a disposición de las Fuerzas de Seguridad poniendo a su servicio "la mejor tecnología posible" y apuestan por reforzar las unidades destinadas a la ciberseguridad; la lucha contra delitos digitales; las mafias del tráfico de drogas, especialmente en las costas de Andalucía y Galicia; el terrorismo yihadista; además de reorganizar la presencia del Instituto Armado en las zonas rurales.
Dotarán también de más medios a los agentes estatales desplegados en las zonas fronterizas de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En lo que a las infraestructuras se refiere, se comprometen a desarrollar un plan de rehabilitación de comisarías de la Policía Nacional y acuartelamientos de la Guardia Civil, algunos de los cuales se encuentran actualmente en una situación francamente mejorable.
Partido Socialista
El partido que lidera Pedro Sánchez considera que invertir en seguridad es "invertir en la sociedad" porque permite crear "un entorno donde la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y sus libertades con total garantía y tranquilidad". Por ello, apuesta por fomentar el reconocimiento que dentro de la sociedad tiene el trabajo que realizan a diario los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, aunque no especifica ninguna medida para ello.
Se compromete a seguir con "la progresiva equiparación de las condiciones laborales y salariales" de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, lo que califica como "una prioridad a la que ha hecho frente el Gobierno" durante los últimos meses, en alusión al segundo pago de la subida salarial acordada con sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles que ha tenido lugar en abril, no sin el enfado de los representantes del Instituto Armado.
Los socialistas quieren reformar las leyes de personal de ambos cuerpos policiales "para establecer claramente los derechos y obligaciones de sus miembros", retirar las condecoraciones policiales a aquellos agentes que hayan esta involucrados en "actos incompatibles con los derechos humanos y los valores democráticos" y anuncian que colocarán cámaras de vigilancia con grabación en todos los calabozos para "garantizar la seguridad" tanto de agentes como de detenidos.
Tal y como llevaban en el programa electoral para las dos últimas elecciones (20-D y 26-J), pretenden reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como "ley mordaza". No profundizan sobre este aspecto, aunque indican que el objetivo es que sea un nuevo texto "donde la sociedad española sienta reflejados sus derechos y sus libertades y donde garanticemos la protección de las Fuerzas de Seguridad".
Apuestan por llevar a cabo una "progresiva descentralización" de la Policía Nacional y la Guardia Civil mediante la creación de "unidades territoriales", por reponer de forma "proporcional y graduada" las vacantes de las dotaciones del catálogo de puestos de trabajo, y por el mantenimiento de la Benemérita en el medio rural, recuperando el número de efectivos en estas zonas que se ha perdido en los últimos años.
También quiere "ampliar" el número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla "con el fin de recuperar los efectivos perdidos en los últimos años" y fortalecer la coordinación y cooperación policial convocando al menos una vez al año las juntas de seguridad de las comunidades autónomas con cuerpos de policía propios (Cataluña, País Vasco y Navarra).
Ciudadanos
El partido de Albert Rivera inicia su parte del programa destinada a las Fuerzas de Seguridad del Estado con una mención a la equiparación salarial. Consideran que "es una reivindicación justa que se basa en la igualdad de las condiciones laborales, pero, sobre todo, en la dignidad de todas las personas que velan por nuestra seguridad", considerando que si realizan el mismo trabajo que las policías autonómicas deberían tener el mismo salario.
Apuestan por actualizar el Plan de Prevención de Conductas Suicidas en la Guardia Civil, debido al preocupante número de agentes que se están quitando la vida en los últimos años fruto de la depresión que en muchos casos les causa su trabajo, asegurando la asistencia psicológica y una política efectiva de prevención de riesgos laborales. Del mismo modo, quieren desarrollar un plan similar para los agentes de la Policía Nacional.
En otro de los puntos sobre este tema, proponen la creación de "un Nuevo Modelo Policial para afrontar los retos del siglo XXI en materia de seguridad". Hablan de la necesidad de "optimizar los recursos humanos y materiales", eliminando "duplicidades competenciales entre todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". También apuestan por avanzar en la coordinación con los diferentes cuerpos de policía local.
Quieren, asimismo, proteger a los agentes que trabajan en la vigilancia de las fronteras. Apestan por multiplicar los recursos materiales y personales de los efectivos de las Fuerzas de Seguridad desplazados para hacer frente a la inmigración irregular, reforzando efectivos y medios impeditivos no agresivos.
Vox
El partido de Santiago Abascal quiere alcanzar la equiparación salarial real entre Policía Nacional, Guardia Civil y policías autonómicas hasta que se pueda hacer efectiva la supresión de estos cuerpos policiales regionales, momento en el que todas las Fuerzas de Seguridad dependerán en última instancia del Gobierno central.
Apuesta por dotar a los agentes policiales de "todos los recursos materiales y humanos para que puedan cuidar nuestras fronteras con total eficacia, junto con el amparo legal correspondiente" y quiere conceder prioridad en el ingreso en estos cuerpos policiales a todos aquellos españoles que hayan cumplido al menos 20 años de servicio en la Fuerzas Armadas, algo para lo que tendrá que modificar los años máximos con los que se pueden acceder a las Fuerzas de Seguridad.
Podemos-Izquierda Unida
La coalición que lidera Pablo Iglesias no dedica mucho espacio en su programa electoral a medidas relacionadas por las Fuerzas de Seguridad, pero algunas de ellas sí cambian significativamente el status quo de alguna de ellas. Su primera medida es culminar la equiparación salarial haciendo efectiva la iniciativa legislativa popular de Proposición de Ley para la Efectiva Igualdad y Equiparación Salarial de las Policías del Estado español.
Apuesta por desmilitarizar la Guardia Civil, convirtiendo al Instituto Armado en "una verdadera fuerza civil de seguridad pública". Reconocerá "los derechos sindicales y civiles negados a los y las guardias civiles", para lo que derogará "las normas que prohíban a sus miembros la participación en la vida sindical" y garantizará "sus derechos laborales y la capacidad de organización para defenderlos, con lo que se mejorará el servicio que prestan a toda la ciudadanía". En consonancia, suprimirán la aplicación del Código Penal Militar a los efectivos de la Benemérita.
También desprivatizará la vigilancia exterior de las prisiones, ya que, a su juicio, "se trata de un servicio de seguridad pública que deben asumir la Policía y la Guardia Civil, como esta ya hacía antes en exclusiva. Así, se dispondrá de recursos para mejorar las condiciones laborales de la Policía y la Guardia Civil".
La formación morada también incluye, en su desglose del paquete básico de servicios que debe tener todo núcleo urbano en nuestro país, que cualquier localidad de nuestro país tendrá "atención inmediata de una patrulla de la Guardia Civil en un máximo de 15 minutos".