El presidente del tribunal del 1-O, Manuel Marchena, ha interrumpido con contundencia el interrogatorio del letrado Benet Salellas al catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, Enoch Albertí, e ideólogo del llamado "Libro Blanco" sobre la independencia de Cataluña.
El magistrado Marchena, muy indignado con los derroteros que tomaba la declaración del catedrático, recriminaba al letrado del presidente de Ómnium Cultural Jordi Cuixart, que convirtiera la testifical en una "pericial jurídica": "¡No puedo permitir, y usted lo sabe, que el juicio se convierta en una disertación de un constitucionalista a los magistrados del Tribunal Supremo sobre la dimensión externa e interna del derecho de autodeterminación. Esto es un insulto para los miembros del tribunal!".
"La Sala no puede escuchar lecciones de Derecho Constitucional de un testigo, y no tenga duda que la producción bibliográfica del testigo será examinada, pero de otra manera", añadía el magistrado. Marchena recordaba que el "Libro Blanco" figura en la causa y que el tribunal se lo va a leer o ya lo había leído "hasta la última página" por "todos y cada uno de los integrantes" del tribunal.
Tras la advertencia, el letrado Benet Salellas continuaba con el interrogatorio y lo concluía tras dar la razón al magistrado y negar que su intención fuera "insultar al tribunal".
Durante su comparecencia, Enoch Alberti afirmaba que el "Libro Blanco" es "un conjunto de informes desde mayo de 2013 hasta el verano de 2014 con las vías posibles para poder celebrar una consulta sobre el futuro político de Cataluña, los posibles escenarios y diversas hipótesis más sus ventajas, inconvenientes y dificultades que podrían presentarse". "En absoluto marcaba una hoja de ruta para la independencia; pretendía estudiar desde un punto de vista general las vías posibles para celebrar la consulta y los diversos escenarios tanto si se hacía de acuerdo con el Estado como si no se podía realizar", afirmaba.
El catedrático Alberti añadía que el "Libro Blanco" partía del "marco constitucional vigente", y que la movilización civil para forzar la negociación con el Estado, a la que se alude en él, se hacía "como una consideración de carácter general porque un proyecto de la envergadura de un referéndum sobre el futuro político debía contar con un fuerte apoyo social y se insistía en esa idea. En segundo lugar se decía que la movilización social como ejercicio del derecho de manifestación y de participación política debía ser siempre de carácter pacifico y civilizado".