El juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha comenzado el bloqueo de las cuentas corrientes de los altos cargos de la Generalidad a los que se imputa el cargo de malversación por la organización del referéndum ilegal del 1-O. Se trata de diecisiete de los treinta procesados a los que la juez reclama 5,8 millones de euros que se corresponden con importes destinados a la consulta según las diligencias llevadas a cabo en ese juzgado.
Los procesados depositaron en el juzgado 3.667.220,81 euros procedentes de la caja de solidaridad activada por las organizaciones separatistas. Sobre el resto del dinero, más de dos millones cien mil euros, los letrados alegan en un recurso que ya están depositados en el Tribunal Supremo por parte de los procesados que están siendo juzgados allí.
El juzgado advierte que esa cantidad depositada en el Supremo lo está a nombre de personas distintas a los procesados en el 13 "en un procedimiento distinto del que se instruye aquí, ante un órgano judicial distinto de este juzgado instructor y respecto a unos hechos que ninguna resolución judicial firme haya declarado coincidentes con los investigados en este sumario", según el informe de la letrada judicial.
La titular del 13 de instrucción de Barcelona apuntaba en el auto de procesamiento que "no prestar fianza supondrá el inicio del proceso de averiguación y embargo de bienes suficientes para obtener la garantía necesaria de disponer de la citada cantidad".
La segunda línea del golpe
Entre los altos cargos que se han encontrado con las cuentas bloqueadas están la interventora de la Generalidad, Rosa Vidal, el exsecretario del Diplocat, Albert Royo, el exdirector de la delegación de la Generalidad en Bruselas, Amadeu Altafaj, el director de comunicación de la administración autonómica, Jaume Clotet, el exsecretario del departamento de Presidencia Joaquim Nin, y Antoni Molons, exsecretario de Difusión y en la actualidad secretario de comunicación del gobierno catalán.
La medida no afecta a la cúpula de TV3 y Catalunya Ràdio, procesados por desobediencia. Cabe recordar, no obstante, que la Fiscalía solicita para todos los encausados la adenda del delito de integración en organización criminal.