El Tribunal de Cuentas investigará a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas y otros exconsejeros y altos cargos de la Generalidad de Cataluña por desviar 8 millones para celebrar el referéndum ilegal del 1-O.
Según las fuentes consultadas por esRadio y Libertad Digital, el Tribunal de Cuentas designará en las próximas semanas a un instructor para investigar el desvío de fondos públicos con el objetivo de delimitar la responsabilidad contable de los dirigentes independentistas. El pasado mes de diciembre, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, iniciaba la fase preliminar de la investigación. De hecho, ya se han solicitado información sobre los procesos penales del 1-O que se llevan a cabo en el Tribunal Supremo y en el Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona.
El fiscal Torres presentaba un primer documento en el que detallaba facturas de gasto de los locales de votación del 1-O por un importe de 900.900 euros, gastos publicitarios cercanos al millón de euros, 979.661 en papeletas y 38.431 en cartelería. En lo referente a la denominada acción exterior, el documento destacaba la "acción de la Presidencia catalana" en el exterior que gastó 2,3 millones de euros y los viajes de los supuestos observadores que superarían los 100.000 euros en diferentes conceptos.
Precisamente, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas remitía en marzo a la Fiscalía General del Estado un informe solicitando que se investigaran las posibles responsabilidades penales y contables de los dirigentes de la Generalidad de Cataluña por el gasto de 416 millones de euros públicos "en la ejecución de las políticas de acción exterior" para el proceso independentista entre 2011 y 2017.
Las mismas fuentes consultadas sostienen que durante la investigación se analizarán "multitud de documentos con el objetivo de perfilar la cifra desviada que se sitúa provisionalmente en 8 millones, aunque podría ser superior o inferior". En esta fase, también se delimitará la responsabilidad de cada uno de los investigados. La cantidad final se conocerá cuando se redacte el acta de liquidación provisional y la Fiscalía del Tribunal de Cuentas presente su demanda a finales de año. Posteriormente, la causa pasaría a una Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas.
Si se cumplen los tiempos, el juicio podría iniciarse a principios del próximo año. Al ser un proceso civil y no penal no sería necesaria la presencia en el juicio del fugado Carles Puigdemont. Si fuera condenado, se embargarían su bienes hasta cubrir el montante que el Tribunal de Cuentas le considerara responsable de desviar para el 1-O. Finalmente, la sentencia sobre la responsabilidad económica que fallara el Tribunal de Cuentas podría ser investigada penalmente por los Juzgados competentes, si se apreciaran delitos de administración desleal.
Precisamente, esta semana en el juicio sobre el golpe que se celebra en el Supremo comenzarán a declarar los peritos propuestos por la Fiscalía para acreditar que los golpistas malversaron cerca de 3 millones de euros para organizar el referéndum ilegal. Una cifra inferior a la que maneja la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, ya que la investigación de la Fiscalía del Supremo sólo abarca el periodo temporal de la instrucción realizada por el magistrado Pablo Llarena.
Si el Ministerio Público demuestra en el juicio que los separatistas cometieron una malversación superior a los 250.000 euros, podrían ser condenados por un delito de malversación agravada a una pena de hasta 12 años de cárcel.
La condena a Más de 5 millones por el 9-N
El Tribunal de Cuentas condena al expresidente de la Generalidad, Artur Mas, el pasado mes de noviembre a pagar 4,9 millones de euros por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. La Fiscalía reclamaba dicha cantidad por sus responsabilidad contable al destinar fondos públicos para organizar una consulta que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.
El tribunal también ha condenado a la exconsejera de Gobernación y vicepresidenta, Joana Ortega, al exconsejero de Presidencia y portavoz, Francesc Homs y a la exconsejera de Educación, Irene Rigau, además de otros seis altos cargos de la Generalidad.