El caso del pucherazo en las primarias de Castilla y León y las denuncias que sobre posibles irregularidades en otros territorios se siguen haciendo desde entonces está lejos de ser, aún, un asunto al que Ciudadanos pueda dar carpetazo. Coincidiendo con el último día de campaña electoral, un grupo de afiliados, antiguos y actuales, de la formación naranja, denominado Plataforma de Afectados Primarias, presentaba este viernes una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupcion, que se suma a la denuncia anónima por la que ya se ha tomado declaración, en calidad de testigo, al candidato naranja a la Junta castellanoleonesa, Francisco Igea.
El exdiputado por Valladolid sufrió el pucherazo de marras pero finalmente, tras recurrir, se impuso en las primarias a Silvia Clemente, fichada por el aparato de Ciudadanos cuando todavía era presidenta de las Cortes autonómicas por el PP.
Entre quienes respaldan la denuncia están los perdedores de las primarias en las comunidades de Madrid y Murcia, Juan Carlos Bermejo y Leonardo Pérez, derrotados respectivamente por Ignacio Aguado e Isabel Franco.
El texto de la denuncia se remite a un informe pericial elaborado, a instancia de parte, por la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos, en el que se califica como no fiable y seguro, y por tanto susceptible de manipulación, el sistema de voto telemático implantado por Ciudadanos. La pericia desmiente uno de los principales argumentos esgrimidos siempre por la dirección de Ciudadanos, que sostiene que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre avala las votaciones.
En realidad, según los tasadores, lo único que hace ese organismo público es certificar la emisión de un determinado voto, en un determinado momento, pero siendo Ciudadanos, a través de sus servidores informáticos, el que emite el voto. En esos servidores está "el control de usuarios y claves" y eso permite, sostiene el informe, que "los administradores del servidor puedan crear usuarios, contraseñas, dar de alta a usuarios antiguos, votar en su nombre" e incluso modificar las direcciones IP.
Unas dudas sobre el voto telemático ante las que el Comité de Garantías, afirma la denuncia, ha dado respuestas "evasivas o incongruentes".
¿Un cabeza de turco?
Hasta ahora, el único dimitido por el escándalo es el exdiputado por Salamanca Pablo Yáñez, la persona que urdió en comunicación con el aparato nacional el fichaje de Clemente y que, tras destaparse el pucherazo, dimitió como responsable autonómico de comunicación y miembro de la Ejecutiva nacional. Preguntado Igea recientemente por él, y por el hecho de que hubiera estado en Argentina impartiendo unos cursos sobre comunicación política, dijo, tirando de sarcasmo, que el país sudamericano le parecía "cerca" tratándose de Yáñez.
Este jueves, la Cadena SER desvelaba que Yáñez trabaja actualmente en la empresa del marido de Silvia Clemente, Patatas Meléndez, compañía bajo sospecha e investigación judicial por las cuantiosas subvenciones que le concedió su mujer cuando era consejera de Agricultura de Castilla y León.
La versión oficiosa, que los críticos consideran en privado un simple "cortafuegos", es que fue Yañez el que introdujo, por su cuenta y riesgo, en dos tandas, la madrugada de la votación de las primarias, decenas de votos que permitieron a Clemente en un primer momento imponerse sobre Igea. La responsabilidad última del sistema de votación, que no audita ninguna empresa externa, corresponde al secretario de Organización, Fran Hervías, elegido el pasado 28 de abril diputado por Granada.