Las actas de la negociación política entre el Gobierno Zapatero y la organización terrorista ETA han dejado patente que el Ejecutivo se planteó la posibilidad de pedir al Gobierno francés que echase el freno en la persecución de los terroristas. El objetivo era que una operación en el país vecino, con la incautación de material que ello iba a suponer, no pusiese en alerta a Guardia Civil y Policía Nacional del proceso de negociación abierto.
No hay confirmación de si finalmente la petición se llegó a realizar por los cauces diplomáticos oficiales, pero todo parece indicar que sí se llegó a plantear, al menos, a través de los oficiosos. Y es que el temor del Gobierno Zapatero era muy realista. A través de las operaciones contra ETA en el país vecino no solo pudieron enterarse las Fuerzas de Seguridad españolas (con seguridad antes de lo deseado por el Ejecutivo), sino a toda la sociedad española.
Una detención clave para que toda España conociese que el Gobierno estaba negociando con la banda criminal, pese a que llevaba dos años negándolo abiertamente, tuvo lugar en la localidad de Perigueux, en el suroeste de Francia, en marzo de 2007. En un control rutinario llevado a cabo por la Gendarmería fueron detenidos los terroristas de ETA Carlos Yurrebaso Atucha y Pedro María Suárez Huarte.
El primero de ellos montó en cólera durante su detención y advirtió a los agentes galos de que no podían apresarle porque era uno de los negociadores de ETA con el Gobierno español. Como muestra de que tenía bula para moverse por Francia enseñó a los gendarmes cuatro números de teléfono que tenía apuntados en su móvil. Dos pertenecientes al Ministerio del Interior español y otros dos al francés. Los agentes no le hicieron caso y lo detuvieron igualmente.
Los teléfonos de contacto español que tenía Yurrebaso eran utilizados por el que era en aquel momento director general de la Policía Nacional, Víctor García Hidalgo, que meses después fue imputado en la causa del chivatazo en el bar Faisán de Irún. Los otros pertenecían al comisario de la Policía francesa Christian Lambert, hombre de confianza en aquellos momentos del por entonces presidente galo, Nicolás Sarkozy.
La detención de Yurrebaso confirmó dos cosas a la sociedad españolas. Por un lado, que el Gobierno estaba negociando con ETA y que, pese a las negativas del Gobierno, lo confirmaban los propios etarras. Por el otro, que aunque no hubiese sido de forma oficial, había habido algún tipo de solicitud de apoyo al Gobierno francés, como demostraba los dos números de teléfono galos que el etarra había intentado utilizar de salvoconducto.
Otra operación en Francia que también ha terminado dejando en evidencia al Gobierno Zapatero fue la del ex número uno de ETA Francisco Javier López Peña, conocido como Thierry. Fue uno de los etarras que se sentaron en la mesa de negociación con el Gobierno en Suiza. Y es que fue a él a quienes los agentes galos le incautaron las actas de la negociación política que, años después fueron enviadas por Francia a la Audiencia Nacional para que se incorporasen al sumario del chivatazo.
Pese a que todo hace indicar que existió, al menos, una petición informal del Ejecutivo español al francés para que se frenasen las detenciones de etarras, la realidad es que no está claro si desde el Eliseo llegaron a trasmitir esa consigna a sus agentes. O si, pese a ser trasmitida por los cauces que fuera, los efectivos de las Fuerzas de Seguridad francesas hicieron mucho caso de las mismas.
Y es que entre los años 2004 y 2008, las operaciones antiterroristas continuaron en el país vecino que lo que parece una absoluta normalidad. En esos años se detuvieron a varias decenas de etarras al otro lado de la frontera, incluyendo golpes importantes como la desarticulación de su estructura logística o la dedicada a conseguir explosivos y otro tipo de material necesario para la elaboración de atentados.
Fue igualmente la policía del país vecino la que alertaba públicamente de que la actividad de la organización terrorista ETA en Francia continuaba siendo importante pese a que los supuestos informes de verificación del alto el fuego que realizaba el Ministerio del Interior español, que tenía al frente en aquel momento a Alfredo Pérez Rubalcaba.