La Abogacía del Estado se ha desmarcado de la Fiscalía del Tribunal Supremo en su alegato final y ha descartado la rebelión en el 1-O. Según la abogada del Estado, Rosa Seoane, "la violencia no fue un elemento estructural en el plan de los acusados para alcanzar sus fines".
Durante su exposición, la representante de la Abogacía diferenciaba el uso de la fuerza y la violencia: "La violencia no necesariamente tiene que ser física, puede ser intimidación, pero tiene que ser una intimidación de violencia, verosímil, sería y fundada. No se puede equiparar violencia con el uso de la fuerza".
Posteriormente, descartaba la rebelión durante el golpe con el siguiente argumento: "La violencia del delito de rebelión tiene dos requisitos: que la violencia o la amenaza de usarla tenga un carácter nuclear en el acto y aparezca como idónea para tener el resultado. No podemos considerar probado que la violencia como medio comisivo de mayor intensidad que el uso de la fuerza haya sido uno de los elementos estructurales del plan de los acusados como medio para alcanzar sus fines".
La abogada del Estado ha tratado de justificar en el informe final su acusación por el delito de sedición asegurando que "el bien jurídico protegido es el orden público entendido como la paz social, la seguridad ciudadana y ámbito donde se despliegan las libertades de los ciudadanos". "La finalidad del delito de sedición es impedir la aplicación de la ley y de una resolución administrativa o judicial", añadía Rosa Seoane.
Según la Abogacía del Estado "el alzamiento debe entenderse como una oposición, actitud contraria a la actuación que tienen que hacer los poderes públicos" y "se dan todos los elementos del delito de sedición en la forma de proceder del 1-O".
Rosa Seoane concluía su exposición asegurando que tras el juicio "han quedado acreditados todos los elementos objetivos y subjetivos" de los delitos delito de sedición, de desobediencia y del malversación.
Recordamos que el anterior representante de la Abogacía del Estado, Edmundo Bal, hoy diputado de Ciudadanos, fue apartado de su cargo después de que el Gobierno de Pedro Sánchez le obligara a firmar el escrito de acusación en el que se habían eliminado la alusiones a la violencia durante el 1-O, para presentar una acusación por sedición y no por rebelión. Edmundo Bal se negó a firmar la acusación por sedición y fue relevado.
Vox defiende la rebelión
La sesión se cerraba con la intervención de Vox, que ejerce la acusación popular en el juicio del 1-O. Los abogados Pedro Fernández y Javier Ortega Smith defendían en su informe final la acusación de rebelión y de organización criminal contra los golpistas.
Según Pedro Fernández, "los acusados pretendieron culminar el más novedoso proceso golpista que se ha llevado a cabo contra el Estado de Derecho en una sociedad moderna. Los acusados golpistas no respetaron a los ciudadanos de Cataluña. Señalaron a los españoles que viven en Cataluña segregando a catalanes de primera y de segunda".
Por su parte, Ortega Smith recordaba a los fallecidos Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona; el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, y al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, "porque cumplieron con su deber".
Después, se dirigía al tribunal: "No podrá haber justicia si no se dicta una sentencia acorde con los mayores delitos que pueden cometerse en un ordenamiento constitucional. Esas penas tendrán que cumplir la finalidad del castigo, pero también la finalidad disuasoria para que nunca nadie más se atreva a atentar contra el ordenamiento constitucional".