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El golpe de Estado separatista: rebelión, violencia y el antecedente nazi

La Fiscalía endurece sus conclusiones y la Abogacía del Estado se pasa al lado de los golpistas y asegura que no hubo la violencia necesaria.

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La Fiscalía endurece sus conclusiones y la Abogacía del Estado se pasa al lado de los golpistas y asegura que no hubo la violencia necesaria.
El fiscal Javier Zaragoza este martes durante el juicio. | EFE

Un golpe de Estado de manual. Duro informe de la Fiscalía. Arranca Javier Zaragoza: "Esto es un ataque contra el orden constitucional (rebelión), no contra el orden público (sedición)". El fiscal se luce. Lección de Derecho Constitucional con pinceladas de crítica política, como cuando califica a Oriol Junqueras de "gran experto en sofismas" propenso a "ejercicios de cinismo sin precedentes".

El fiscal tiene ritmo, improvisa e interpreta: "Nadie quiso desobedecer al Tribunal Constitucional, nadie quiso derogar la Constitución, nadie cree que el referéndum fuera un referéndum, la declaración de independencia fue simbólica...". Pero lo cierto es que se desobedeció con jactancia, se derogó la Constitución y se declaró la independencia en el Parlament. Más la malversación.

Zaragoza desmantela las líneas de la defensa, la teoría de que no pasó nada porque de nada quedó registro ni en el boletín del Parlamento ni en el diari de la Generalidad. "¡Como si a lo largo de la historia alguna declaración de independencia hubiera surtido efecto por su publicación en un boletín oficial!", exclama el fiscal.

Subraya además el papel de los Mossos, el plan timo para que pareciera que cumplían las órdenes judiciales y que Trapero ponía en conocimiento del exconsejero Joaquim Forn las instrucciones judiciales e ironiza sobre la "violencia pacífica" desarrollada en la insurrección separatista de septiembre y octubre de 2017.

Los compañeros de Zaragoza entran en detalles tras su alegato marco. Jaime Moreno da por bueno que a consecuencia de las intervenciones policiales del 1-O hubo mil heridos leves, pero le añade los 93 agentes que fueron atendidos por lesiones e ilustra a la sala sobre el incontrovertible principio jurídico de que el responsable de la violencia es quien la provoca.

Datos comprados al separatismo y el 23-F

A la fiscal Consuelo Madrigal le toca el delito de malversación. Por lo bajo, tres millones de euros. Denuncia que la Generalidad no se ha personado en la causa como parte perjudicada, lo que prueba, aduce, que la administración autonómica sigue en manos del entorno de los acusados. Concluye el informe fiscal Fidel Cadena, que fija el delito de rebelión, cuyo tipo básico no incluye el uso o exhibición de armas. La novedad delictiva es que los acusados ostentaban un poder casi absoluto en Cataluña. De ahí que hubiera que enviar seis mil agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, apunta. Cifra en dos millones los ciudadanos que siguieron las consignas del Govern, la Assemblea y Òmniun, otro dato comprado a los golpistas. Levanta objeciones del público cuando compara el golpe separatista con el 23-F. Interviene Marchena. Continúa Cadena, que evoca la zancadilla de Tejero a Gutiérrez Mellado y señala el contrasentido que supondría considerar que toda la violencia de aquel golpe de Estado fue el intento de llave de un par de guardias contra el vicepresidente de Defensa.

De Edmundo Bal a Seoane

Turno para la abogacía del Estado. Rosa María Seoane se ciñe a las órdenes, que son las de defender que no hubo rebelión. El Gobierno fulminó al jefe de la abogacía del Estado Edmundo Bal, ahora diputado de Ciudadanos, porque se negó a descartar la rebelión en favor de la sedición. Sostiene un tanto embrolladamente la letrada que no se puede dar por probado el uso de la violencia en el proceso ni que sea la violencia un elemento estructural del plan llevado a cabo por los acusados. Algo parecido a lo dictado por los jueces alemanes para negar la extradición de Puigdemont por rebelión. Pero se contradice a sí misma cuando describe la comisión de un delito de sedición con actos de resistencia activa contra comitivas judiciales y graves altercados en los puntos de votación. A su juicio, "solo" hubo "un intento de alterar el orden público de manera tumultuaria". Un "alzamiento insurreccional", cualquier cosa, aún peor, antes que rebelión.

Cumple la abogacía del Estado con la función requerida por el Gobierno, que es la de minar las tesis del Ministerio Público y la acusación popular, sembrar dudas, insuflar oxígeno a la teoría de que aquí no ha habido un golpe de Estado sino un malentendido.

El papel de Vox

Cierran la jornada los abogados de la antedicha acusación popular, los dirigentes de Vox Pedro Fernández y Javier Ortega Smith. Gran parte de los ingresos de su partido se han destinado a costear los pleitos contra el golpismo. En materia de rebelión y sedición se acogen a las conclusiones de la Fiscalía. Pedro Fernández glosa las intervenciones de las "heroicas" Policía Nacional y Guardia Civil y la "autoridad" del Rey.

Ramírez Sunyer, Maza y Romero de Tejada

Ortega Smith reivindica el papel de la acusación popular y sobre todo, las figuras del que fuera magistrado del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, del fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña José María Romero de Tejada y del fiscal general del Estado José Manuel Maza, todos ellos fallecidos. Antes de eso explica que piden el triple de penas que la abogacía del Estado y el doble que la Fiscalía porque a su entender concurre en la rebelión, malversación y la desobediencia el cargo de organización criminal. Es casi como de Barrio Sésamo. Más de dos personas, jerarquía y reparto de funciones, relación prolongada en el tiempo y fines delictivos. No hace falta que el letrado explique que considera necesaria una sentencia ejemplar con efectos disuasorios.

Otra exhibición de Marchena

Al término, las defensas han montado el clásico pollo. Marina Roig, que encabeza la defensa del presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, ha reclamado disponer de dos horas el próximo martes para hacer frente a la acusación de rebelión contra su patrocinado. Alega que son las mismas que ha destinado la Fiscalía para sustentar el cargo. Se suma Jordi Pina, defensor de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, lo que da pie a que el juez Manuel Marchena dé un repaso de derecho procesal a las defensas en el que invoca al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En sus salas estarían luchando por una intervención de veinte minutos. El juez no da crédito a que las defensas pidan más tiempo que el acordado previamente. Incluso reprocha a Pina que aplaudiera con las orejas el reparto cuando se pactó la fase terminal del juicio. A razón de una hora por defendido, al dicho Pina le corresponden tres horas de hablar seguido. Marchena pone los ojos como platos ante las objeciones del abogado. Según las defensas, las explicaciones del juez son más munición contra España en los tribunales europeos.

Hans Kelsen

Para los estudiantes de derecho quedan las referencias académicas del fiscal Zaragoza a Hans Kelsen y su definición del golpe de Estado, en síntesis la sustitución de un orden constitucional por un orden ilegal a través de la fuerza. El fiscal desliza que Kelsen tuvo que huir de Austria por el auge de los nazis y después constata que los acusados utilizaron las instituciones que controlaban para dar un golpe de Estado, igual que los nazis. Blanco y en botella, verde y con asas. Según han subrayado el Ministerio Público y la acusación popular – no así la abogacía del Estado– jueces y fiscales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el discurso del Rey evitaron que triunfara el atentado contra la soberanía nacional.

En siete días, los informes de las defensas.

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