La Fiscalía Anticorrupción de Sevilla, con sus seis fiscales que han decidido elevar sus reproches a la juez María Ángeles Núñez Bolaños ante su superior jerárquico y lograr que intervenga en el caso el Consejo General del Poder Judicial, sigue cuestionando la instrucción que la magistrada ha desarrollado en diferentes sumarios del troceado caso ERE.
El último, y nada baladí, es el que se refiere a las ayudas recibidas por el grupo de prensa Joly, originalmente liberal, pero cuya dependencia del PSOE ha ido creciendo con los años como ha destacado varias veces Libertad Digital.
Este jueves se conoció otro recurso de la Fiscalía ante la Audiencia Provincial en el que se cuestiona las decisiones de la juez Bolaños en el caso del ERE concedido a la empresa del grupo Joly para proceder a 36 despedidos, y de ello da cuenta el diario ABC con el que el grupo Joly mantiene una relación de competencia aguda.
La Fiscalía Anticorrupción requiere que la Audiencia Provincial de Sevilla, según el diario de Vocento, revoque un auto de la juez instructora del caso ERE, María Núñez Bolaños, sobre la ayuda supuestamente fraudulenta de 8 millones de euros que la Junta de Andalucía concedió para financiar los ERE promovidos por sociedades del Grupo Joly.
En concreto, la juez Bolaños sostuvo que la ayuda de la Junta lo fue individualmente a cada uno de los trabajadores afectados por el ERE, no al grupo Joly como entidad empresarial. Sin embargo, el Ministerio Público cree que la subvención presuntamente fraudulenta, enriqueció "de manera injusta" y "de modo fraudulento" a empresas pertenecientes al grupo editor de cabeceras como Diario de Cádiz y Diario de Sevilla, entre otras que mantiene en Andalucía.
Ciertamente, la ayuda de la Junta fue concedida formalmente a la Asociación de Trabajadores de Prensa de Cádiz, pero según la Fiscalía tal procedimiento no fue otra cosa que una treta para ocultar que el verdadero beneficiario de las ayudas fue el grupo Joly y todas sus cabeceras andaluzas.
Los fiscales, en su escrito del 24 de junio que cita ABC dicen que "la ayuda a las sociedades del Grupo Joly se concedió y pagó con el más absoluto desprecio por el procedimiento legalmente establecido y supuso una libérrima disposición de fondos públicos para enriquecer de manera injusta a dichas sociedades".
Siguen considerando que estos hechos "pudieran ser constitutivos de sendos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos". La Fiscalía aumenta el número de imputados con la petición de que lo sean cinco ex altos cargos de la Consejería de Empleo y el presidente del grupo, José Joly. La juez Bolaños no imputó a ninguno de ellos.
Hay que recordar que la juez Núñez intentó el archivo del caso Joly en marzo de 2019, pero en junio el propio Diario de Sevilla daba cuenta de que la instructora accedía a la petición realizada por la Fiscalía -que se había opuesto al archivo provisional de la causa mientras la Guardia Civil elaboraba el correspondiente atestado-, ya que el juzgado había recibido de la Junta el expediente completo de la ayuda y del informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) relativo a la misma.
Pero la juez, en su reapertura del caso, no identificaba ni imputaba a los responsables políticos de la ayuda, no tuvo en cuenta la opacidad del sistema usado para el pago de la misma, ignora la evidencia de que la asociación de trabajadores constituyó "un artificio para ocultar al auténtico beneficiario de la ayuda: las sociedades pertenecientes al Grupo Joly" y olvidó al mediador de la póliza, José González Mata.
De hecho, la juez sólo imputó al presidente de la Asociación de Trabajadores pero no especificó los presuntos delitos de los que se le acusa, algo que también ha sido recurrido por la Fiscalía.
La AJFV defiende a Bolaños
Tras la elevación del caso Bolaños al Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Raimundo Prado, portavoz nacional de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), ha dicho que la denuncia de seis fiscales y de su superior jerárquico es algo "relativamente normal".
Prado ha subrayado que lo que "suena llamativo" en el caso Bolaños es que la denuncia la haya puesto la propia Fiscalía Anticorrupción, pero ha mostrado su extrañeza de que "después de tanto tiempo vengan con esto, porque los fiscales son los que pueden impulsar el procedimiento y exigir a la juez que lo impulse. Y para eso existen los recursos y por eso me extraña la denuncia".
Igualmente, la extraña que los fiscales no hayan acudido a la instancia de la Audiencia Provincial, a la que acudieron en innumerables ocasiones y a veces la juez hizo caso omiso de las resoluciones. Finalmente aludió a la falta de medios de la juez y a la complejidad de los macrocasos para justificar la conducta de la juez Bolaños.
De todos modos, dijo que era pronto para valorar la cuestión porque cuando el promotor de la Acción Disciplinaria tenga toda la documentación podrá decidir si ha habido retrasos justificados o no.
Por su parte el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, cuyo partido, el PP, está personado como acusación particular en el macrocaso de los ERE y ha sostenido agrias disputas con la juez Bolaños llegando a observar indicios de delito en su comportamiento, ha deseado que, a pesar de todo, los juicios pendientes de las macrocausas de presunta corrupción de la etapa socialista, se celebren cuanto antes.
Moreno, tras confirmar su respeto a las decisiones judiciales, añadió que siempre ha pedido que "cuanto antes se produzcan esos juicios, se sepa la verdad y se pueda devolver todo el dinero" presuntamente defraudado "al erario público", en consonancia con la queja elevada por la Fiscalía por la instrucción anómala de la juez Bolaños.