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La Abogacía del Estado demanda a los herederos de Franco para declarar el Pazo de Meirás bien de dominio público

Los servicios jurídicos del Estado sostienen que la compra del Pazo de Meirás por parte del dictador Franco en 1941 fue "simulada y fraudulenta".

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La Abogacía del Estado demanda a los herederos de Franco para declarar el Pazo de Meirás bien de dominio público
El Pazo de Meirás | Efe

La Abogacía del Estado del Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha demandado a los herederos de Francisco Franco para declarar el Pazo de Meirás bien de dominio público. Los servicios jurídicos del Estado presentaba ayer ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de la Coruña una demanda por entender que la compra del Pazo por parte del dictador en 1941 fue "simulada y fraudulenta".

El escrito reclama la propiedad del inmueble para el Estado por su forma de adquisición, su administración mediante fondos y personal públicos, y el uso que se le dio al inmueble durante la dictadura. En 2008, el Pazo de Meirás fue declarado Bien de Interés Cultural por la Junta de Galicia. Actualmente se encuentra a la venta.

El estudio jurídico realizado por la Abogacía del Estado ha concluido que es "viable jurídicamente" la reclamación de dicha propiedad y ha permitido sacar a la luz un documento que demostraría que Franco "falseó el título con el que inscribió el pazo a su nombre en el Registro de la Propiedad".

Los argumentos de la Abogacía

Los hechos en los que se basa la demanda de la Abogacía del Estado se remontan al 3 de marzo de 1938, fecha en la que se constituyó la denominada "Junta pro Pazo del Caudillo" integrada, entre otras autoridades, por el gobernador civil y varios alcaldes de la Coruña. Su fin era adquirir un inmueble representativo en la provincia para ponerlo a disposición de Franco, autoproclamado ya Jefe del Estado, para su utilización como residencia veraniega.

El 3 de agosto de 1938 se otorgó la escritura de compraventa entre la entonces propietaria del Pazo de Meirás, Manuela Esteban Collantes, viuda del hijo de Emilia Pardo Bazán, y la Junta pro Pazo del Caudillo, por un precio de 406.346 pesetas. Esta escritura, desconocida hasta el momento, fue localizada por la Abogacía del Estado.

La financiación de la compra se planteó inicialmente a través de una suscripción popular, pero, al no dar esta el resultado esperado, se inició un proceso de recaudación forzosa que incluyó la detracción de nóminas de trabajadores y funcionarios, así como la aportación de fondos de las administraciones locales.

Desde la fecha de la compra, el Pazo de Meirás fue objeto de numerosas actuaciones y obras, que incluyeron la dotación de infraestructuras y servicios, la expropiación de terrenos, la construcción de carreteras, el amurallamiento y acondicionamiento del recinto, así como otra serie de reformas que fueron ejecutadas y financiadas en su conjunto por la Administración General del Estado.

Aunque desde la venta a la Junta pro Pazo del Caudillo, el inmueble ya se usaba como residencia veraniega oficial de Francisco Franco, el 24 de mayo de 1941 se otorga una segunda escritura pública en la que presuntamente se simula la venta del Pazo de Meirás por parte de Manuela Esteban Collantes –que ya se lo había vendido tres años antes a la Junta–, esta vez, a favor de Francisco Franco, por un supuesto precio de 85.000 pesetas.

Con esta escritura como título, Franco inscribió a su nombre el Pazo de Meirás en el Registro de la Propiedad. Esta inscripción, derivada de una compraventa ficticia, es la que permitió que, al fallecimiento de Franco, su viuda hiciese una donación del Pazo de Meirás a su hija, Carmen Franco, de quien pasó, a su vez, a sus hijos y herederos.

En los casi 40 años en los que fue utilizado como residencia oficial de verano de Francisco Franco, el Pazo de Meirás fue administrado como una dependencia del Palacio del Pardo, con el mismo uso público que este, siendo sede de la celebración de Consejos de Ministros y de numerosos actos y audiencias, administrándose exclusivamente con fondos y funcionarios públicos. Incluso después del fallecimiento de Franco, el inmueble continuó durante varios años bajo la vigilancia de la Guardia Civil.

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