Los dirigentes de Junts per Catalunya (JxCat) y ERC disimulan sus desavenencias lo justo. Así, la consejera de Presidencia y portavoz del ejecutivo de Torra, la juntera Meritxell Budó, no ha tenido reparo en mandar un recado al vicepresidente y responsable de Economía, el republicano Pere Aragonès, en la rueda de prensa posterior al consejo ejecutivo de los martes. El Govern no contempla la posibilidad de que no haya presupuestos, ha dicho Budó en un claro mensaje a Aragonès que ha venido acompañado además por el enésimo recordatorio en público de que JxCat no prevé el adelanto electoral que demanda ERC y que la competencia para convocar elecciones es de Torra, no de los dirigentes de ERC. "Torra es el único que puede convocar elecciones o decidir someterse a una cuestión de confianza y no ha manifestado su voluntad en ese sentido", dijo.
"Tenemos que afrontar un otoño políticamente muy intenso, pero al tiempo tenemos que ser conscientes de que hay que seguir trabajando y seguir dotando de recursos y dando respuesta a las necesidades de los ciudadanos, y para eso son necesarios unos presupuestos", abundó Budó en un mensaje de corte interno a la facción de ERC en el gobierno regional. Además, ha asegurado que el anticipo electoral no ha sido objeto de debate en el seno del Ejecutivo porque los dirigentes de ERC no han puesto sobre la mesa esa opción con la que adornan sus análisis públicos de la situación política para hacer frente a las sentencias del Tribunal Supremo por el golpe de Estado separatista y ante la hipótesis que también contemplan en público de que no logren sacar adelante los presupuestos.
Denuncia contra "España Global"
La portavoz de Torra también ha anunciado que la Generalidad tiene la intención de querellarse contra el Gobierno por el informe "La realidad sobre el proceso independentista" elaborado por la secretaria de Estado de "España Global" del Ministerio de Exteriores, ya que según Budó "incluye opiniones subjetivas sobre el 1 de octubre que perjudican la imagen de Cataluña y vulneran la presunción de inocencia de los procesados por esos hechos". Será la segunda querella del Govern contra el Gobierno tras el anuncio la semana pasada de que la Generalidad recurrirá a los tribunales por los supuestos retrasos en la financiación autonómica.