El Parlament de Cataluña todavía sigue bajo los efectos de los estragos de las sesiones del 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando los grupos separatistas destrozaron la cámara y rebasaron todas las líneas rojas para aprobar las "leyes" del referéndum y de transitoriedad jurídica que en la práctica suponían la derogación de la Constitución y el Estatut. Ni ERC, ni lo que queda de Convergencia, ahora bajo las siglas de Junts per Catalunya (JxCat) ni tampoco la CUP tienen el más mínimo interés en recordar aquellos dos días de infamia. El 6 y 7 de septiembre de los que se cumplen dos años no forman parte del programa de "fiestas" y efemérides del separatismo, centrado en los días 11 de septiembre, la fiesta regional, y el 1 de octubre, cuando se consumó el referéndum ilegal.
Sin embargo, aquellas convulsas sesiones parlamentarias fueron el pistoletazo de salida de un golpe de Estado en toda regla. La presidencia de la cámara, ejercida por la ahora presa Carme Forcadell (ERC) y la mesa, con mayoría de Junts pel Sí (la coalición que formaban entonces convergentes y republicanos, que habían concurrido juntos en las autonómicas de 2015), vulneraron todas las normas y reglas parlamentarias para facilitar la aprobación exprés de las "leyes" con las que pretendían dotar de arquitectura legal del referéndum y la proclamación de la independencia.
La apisonadora de Forcadell
Los grupos de Ciudadanos, PSC y PP, así como una parte de los comunes, trataron de frenar la apisonadora separatista con maniobras reglamentarias y recursos formales que Carme Forcadell tumbaba sin contemplaciones. El "Consell de Garanties Estatutaries", el secretario del "Parlament" y los letrados de la cámara clamaban y advertían por activa y por pasiva a la presidenta Forcadell de la ilegalidad de sus actos y daban la razón a los grupos opositores. Todo en vano. Los separatistas mostraron a las claras que estaban dispuestos a llegar hasta el final, aunque eso supusiera situarse fuera de la ley y pisotear los derechos parlamentarios de la oposición y de más de la mitad de los catalanes.
Las sesiones de aquellos dos días acabaron de madrugada y de madrugada se obligó a publicar en el boletín parlamentario tanto la ley del referéndum como la de transitoriedad jurídica, inmediatamente suspendidas por el Tribunal Constitucional. Los grupos de Ciudadanos, PP y PSC abandonaron el hemiciclo en señal de protesta mientras que los separatistas entonaban Els Segadors. Alcaldes y concejales independentistas coparon el edificio y abuchearon a los diputados "unionistas".
La retórica del desacato
Los dirigentes del "Procés" ignoraron leyes, reglamentos y requerimientos y siguen instalados en la retórica de la desobediencia, de las bravatas y del desacato. Dos años después, el "Parlament" es un páramo. Los grupos separatistas han renunciado a la actividad legislativa y solo utilizan la cámara para grandes declaraciones y sesiones de control en las que el presidente regional Torra denuncia la supuesta represión del Estado y promete que la república está a la vuelta de la esquina. No se ha aprobado ninguna ley en la cámara fantasma. Se funciona con los presupuestos prorrogados de 2017 y unos los lazos amarillos "adornan" los escaños de los diputados presos o fugados.
Otra de las diferencias es que Roger Torrent tiene un verbo tan desafiante como el de su antecesora, pero acostumbra a hacer caso de los servicios jurídicos de la cámara. De ahí que impidiera que el Parlament afrontara la investidura del prófugo Puigdemont. Sin embargo, se mantiene algunos de los tics golpistas, el desprecio por la oposición y los discursos separatistas contra el "enemigo".