El acto de apertura del Año Judicial presidido por el Rey ha estado marcado por la inminente sentencia del 1-O, que se espera para primeros de octubre. Tanto la fiscal general del Estado, María José Segarra, como el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, han recordado en sus discursos el juicio celebrado este año y han pedido respeto para el tribunal y para el fallo que está a punto de conocerse.
Lesmes ha elogiado ante el Rey a los magistrados que juzgaron el desafío separatista al poner de manifiesto su "compromiso" con "la defensa de los valores del Estado de Derecho proclamados por la Constitución". Al comienzo de su discurso, ha mostrado su "gratitud y reconocimiento" a todas aquellas personas que "hicieron posible el desarrollo normal de la vista oral" con especial mención a las acusaciones y defensas por su "profesionalidad y rigor".
Pero ante todo ha puesto en valor el trabajo de los siete magistrados del tribunal, quienes han representado "una vez más el compromiso de nuestros jueces con la defensa de los valores del Estado de derecho proclamados por la Constitución", como así se lo ha trasladado al presidente del tribunal, Manuel Marchena. "El respeto al derecho comporta ineludiblemente el respeto a la decisión judicial" porque "nuestro Estado no será democrático si no se garantiza el respeto al derecho", ha dicho en clara alusión al fallo, para el que el separatismo ya prepara una respuesta.
Lesmes ha definido el juicio del procés como "el paradigma de esos miles de procesos que se celebran todos los días en nuestro país, dirigidos por jueces anónimos". Juicios, ha añadido, que "se construyen sobre los pilares de la responsabilidad, dedicación, profesionalidad y búsqueda constante de la protección de los derechos de los ciudadanos, sin distinguir entre grandes y pequeños pleitos".
Por su parte, María José Segarra ha avisado de que "todos" tienen "la imperiosa obligación de acatar la sentencia", "sea cual sea el sentido de la misma"
En su intervención en el acto de apertura del Año Judicial, ha defendido que la actuación del sistema judicial "frente a la extraordinaria gravedad de los hechos" que se juzgaron ha consistido en la "aplicación serena, firme y rigurosa de la Ley", con un juicio celebrado "bajo los más amplios estándares de transparencia, accesibilidad y garantías de las partes", lo que sólo puede ser interpretado como "la más viva afirmación" del Estado de derecho.
"Precisamente en este momento creemos que es oportuno señalar que todos tenemos la imperiosa obligación de acatar la sentencia que se dicte, sea cual sea el sentido de la misma", ha dicho Segarra, ya que la "única forma posible" de garantizar la convivencia en un Estado democrático es mediante el respeto a la ley, ha insistido ante el Rey y las máximas autoridades judiciales.
Queja de Lesmes por la parálisis política
Aunque las alusiones a Cataluña han acaparado discursos y titulares, el presidente del Supremo también se ha referido a la situación política. En su discurso, Lesmes ha lamentado el bloqueo en la renovación del CGPJ y ha temido que, de seguir así, pueda "contribuir" a su "descrédito".
Más de nueve meses –ha recalcado Lesmes– de un Consejo en funciones que tiene la "crucial tarea" de velar por la independencia de los jueces, y "no debe correr el riesgo de verse debilitado por causas que le son completamente ajenas". Por eso, ha señalado a "todos los poderes públicos" su "obligación" de "preservar las instituciones".
También ha reclamado una reforma "integral" de una Justicia con una estructura territorial del siglo XIX, que "solo" puede ser "abordada desde un amplio acuerdo político" o "difícilmente" se podrán superar "las deficiencias" que generan "retrasos muchas veces difíciles de entender por los ciudadanos".
Entre los presentes en el acto han estado, además del monarca, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; la cúpula judicial encabezada por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo, Carlos Lesmes; la práctica totalidad de miembros del alto tribunal y altos representantes de la Fiscalía, vocales del CGPJ y también integrantes del Legislativo como la presidenta del Congreso de los Diputados Meritxell Batet y varios miembros de esta Cámara.